La víctima de los abusos sexuales del ex de Oltra eleva una queja tras medio año sin saber cuándo será juzgada la candidata de Compromís

El 3 de marzo de 2026 se dictó el auto por el que se abría juicio oral contra Mónica Oltra y más de una decena de sus cargos próximos cuando era vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. La Justicia debe determinar si la ahora candidata de Compromís a la Alcaldía de Valencia actuó deliberadamente para que la Conselleria de Servicios Social encubriera los abusos sexuales cometidos contra una menor tutelada por el que había sido su exmarido. Seis meses después la víctima ha elevado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial ante la falta de novedades: «Se ha dejado que la causa languidezca en un cajón».

Más de medio año sin que se haya registrado ningún avance en cuanto a lo más sustancial que queda en el caso: determinar cuándo será juzgada Mónica Oltra. De por sí el calendario judicial suele ser generalmente laxo en lo que respecta a la agenda de los juicios, pero además entran aquí dos cuestiones a tener en cuenta: Hay doce acusados, por lo que se advierte que serán necesarias varias sesiones ante el Juez y las partes y el calendario electoral que afecta a la principal imputada Mónica Oltra.

Es más, el propio equipo jurídico de la víctima se acoge a esta segunda cuestión como posible motivación para que desde el 3 de marzo no se haya agendado el juicio oral.

Tal y como se hace constar en la documentación a la que ha tenido acceso El Debate, «desde esa fecha y hasta el momento presente la causa está paralizada; en siete meses no se ha dictado resolución alguna que suponga avance efectivo de la tramitación».

Además, el abogado de la víctima, José Luis Roberto (presidente de España 2000), lamenta en su escrito ante el CGPJ que en los últimos meses «únicamente se ha dado trámite a recursos claramente dilatorios que no suspenden el curso procedimental. En fecha 4/9/2026 esta parte ha solicitado se le de el necesario impulso procesal. No ha recibido contestación alguna».

La clave de la protesta se concreta al señalar que «la queja no viene referida a las vicisitudes procesales relativas al sobreseimiento, sino al retraso injustificado en la tramitación del proceso, aunque bien podría pensarse que ante la inevitable situación de enjuiciamiento de una causa con evidentes repercusiones políticas, se ha optado por dejar que languidezca en un cajón».

Desde la acusación popular, ejercida por Cristina Seguí, han hecho constar a El Debate con respecto a la queja de la víctima que «esperamos que los jueces estén por encima de la estrategia de Mónica Oltra: presentarse para enarbolar un discurso en el que diga que si la procesan o condenan están violando sus derechos políticos o haciendo lawfare».