Audiencia Provincial, Fiscalía y Juzgados de Valencia
La Fiscalía archiva la denuncia del Ministerio de Trabajo a la Generalitat por anular las sanciones a varias empresas tras la dana
El órgano judicial decreta un cierre definitivo en esta causa preprocesal al descartar conductas ilícitas
La Fiscalía Provincial de Valencia ha decidido archivar las diligencias de investigación abiertas sobre la anulación por parte de la Generalitat Valenciana de las sanciones impuestas a diversas empresas tras la dana del 29 de octubre de 2024.
Tras estudiar de forma exhaustiva la información y la documentación recabada en el marco de las actuaciones preprocesales, el ministerio público ha resuelto el cierre definitivo del procedimiento.
Entre las distintas actuaciones libradas, la Fiscalía requirió a la Secretaría de Estado de Trabajo la entrega de los expedientes sancionadores que la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia impuso a varias compañías por accidentes laborales o por riesgos graves sufridos durante la barrancada.
El procedimiento judicial tuvo su origen en una denuncia presentada por la propia Inspección de Trabajo tras la anulación de las multas. Según detalló el diario Las Provincias, los expedientes remitidos a la causa afectaban a firmas y entidades como UTE Conservación Valenciana, la radiotelevisión pública À Punt, Baxter SL y Plastic 7A SL.
Riesgo grave para las plantillas
Las actas elaboradas por la Inspección constataban la falta de adopción de las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad del personal durante la emergencia meteorológica.
Según el criterio de Trabajo, esta omisión expuso a los empleados a situaciones de peligro elevado que, en uno de los casos investigados, derivaron en la muerte de un operario.
Denuncia por prevaricación
El Ministerio de Trabajo instó el pasado mes de marzo a la Fiscalía a investigar la actuación de la Autoridad Laboral autonómica ante la hipótesis de un posible delito de prevaricación administrativa.
Desde el departamento de Yolanda Díaz se sostuvo que la anulación de los expedientes se produjo de forma «injustificada, arbitraria y eventualmente delictiva», evitando la penalización a las empresas.
Sin recorrido penal
A pesar de las acusaciones formuladas por el Ejecutivo central, la Fiscalía ha concluido la revisión de los procedimientos remitidos sin apreciar indicios de responsabilidad penal en la decisión de la Administración autonómica, decretando el archivo definitivo del caso.