La chapuza del Gobierno con el Tajo-Segura dejará sin agua del trasvase durante cinco meses a un millón de personas en Alicante

Lo que hace apenas diez días se evaluaba como una incidencia temporal ha mutado en una crisis hídrica de primer orden para el Sureste. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha confirmado que la avería detectada a mediados de septiembre en el acueducto Tajo-Segura requerirá entre cuatro y cinco meses de obras ininterrumpidas para evitar el colapso total de la infraestructura.

Esta parálisis inédita bloqueará el envío de agua hacia la provincia de Alicante, afectando de lleno a la supervivencia de 30.000 hectáreas de cultivo y obligando a los núcleos urbanos a recurrir a una producción extraordinaria de las desaladoras para garantizar el abastecimiento de cerca de un millón de personas.

El organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica ha tardado dos semanas en comunicar la verdadera envergadura del desastre. A través de un escueto comunicado de apenas 365 palabras, el Gobierno ha desvelado que no solo se ha producido el hundimiento de un tramo en Liétor (Albacete) -antes de la central hidroeléctrica de Fontanar I-, sino que existe otro destrozo grave en Riansares (Guadalajara).

Tras vaciar el canal para su inspección, los técnicos han constatado la destrucción de paños enteros de hormigón y la aparición de grandes oquedades en el terreno yesífero sobre el que se asienta, un deterioro acelerado por las lluvias torrenciales de los dos últimos años hidrológicos.

La orden técnica ha sido tajante: el suministro no se reanudará hasta que las reparaciones estén finalizadas para evitar que el acueducto colapse por completo. Los trabajos, que ya han comenzado y cuentan con un presupuesto de 1,2 millones de euros, implican la demolición, reconstrucción e impermeabilización integral de los tramos afectados.

Sin embargo, el Gobierno no ha ofrecido ninguna alternativa técnica para sortear el corte de los 27 hectómetros cúbicos mensuales que actualmente autoriza la ley.

Un giro drástico en las previsiones

La confirmación oficial de que el cierre se prolongará hasta bien entrado 2027 ha dinamitado ese optimismo. Roque Bru, presidente de Riegos de Levante Margen Izquierda y vicepresidente del Scrats, advertía este lunes de que una suspensión de cinco meses «sería una barbaridad», lamentando además las informaciones contradictorias que están recibiendo por parte de la entidad de cuenca.

Un golpe directo

El impacto es asimétrico. Para los regantes de la Vega Baja y el Campo de Elche, que dependen vitalmente de estos recursos para la inminente campaña, la falta de agua es un golpe directo sin alternativas viables a gran escala.

Por el contrario, en el ámbito urbano, el corte afecta al 30 % del consumo urbano de una treintena de municipios alicantinos -incluyendo capitales demográficas como Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela o Santa Pola-.

En este caso, el grifo no se secará, pero obligará a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla a exprimir la producción de agua desalada, con el consiguiente sobrecoste energético.

Carrera contrarreloj y obras de emergencia

Ante la alarma generada, la interrupción del Tajo-Segura afronta ahora una verdadera carrera contra el calendario. Mientras el Gobierno central ultima la tramitación de una declaración de emergencia para inyectar máxima celeridad a las obras, la presión política se intensifica.

Francisco Lucas, delegado del Gobierno en la Región de Murcia, aseguró este miércoles que exige «todos los días» al Ministerio que movilice todos los medios disponibles para acortar los plazos.

De hecho, la propia Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha matizado que esa estimación inicial de cinco meses no es definitiva y continúa bajo análisis técnico.

En juego hay un volumen hídrico vital justo en el arranque del nuevo año hidrológico. El presidente del Sindicato Central de Regantes (SCRATS), Lucas Jiménez, cifra en 65 los hectómetros cúbicos que quedarían en riesgo para el regadío y en 25 los destinados al abastecimiento, si bien la Mancomunidad de los Canales del Taibilla insiste en que el consumo humano está totalmente garantizado.

Por su parte, el vicepresidente de los regantes, Roque Bru, advierte de que un cierre superior a mes y medio ya dificultaría enormemente el traslado posterior de esos 90 hectómetros acumulados en la cabecera.

A la urgencia a corto plazo se suma la inquietud estructural sobre el futuro de una canalización que roza el medio siglo de vida. El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, ha alertado de que este doble hundimiento es solo «la punta del iceberg de la falta de mantenimiento» que sufre el acueducto.

Una queja que también ha hecho suya la Generalitat Valenciana. El conseller de Agua, Miguel Barrachina, ha atribuido el siniestro a la dejadez estatal y ha exigido al Ministerio de Sara Aagesen que establezca una prórroga legal que garantice que los regantes del sureste no pierdan sus derechos sobre los caudales pendientes de envío una vez que la infraestructura vuelva a estar operativa.