Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía se unen en defensa del Tajo-Segura y exigen un Plan Nacional del Agua

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, ha mantenido este martes un encuentro institucional con el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Joaquín Buendía; el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco; y el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez. La reunión ha tenido como objetivo coordinar una estrategia común sobre el presente y futuro del trasvase y la sostenibilidad del regadío en el sureste español.

Durante la sesión, los representantes de los tres gobiernos autonómicos han reafirmado la condición estratégica del acueducto Tajo-Segura, una infraestructura que a lo largo de sus 47 años de operatividad ha constituido un pilar vertebrador del desarrollo socioeconómico de estas comunidades, posibilitando la consolidación de uno de los centros agroalimentarios de mayor rendimiento de Europa.

En este marco, Barrachina ha calificado el trasvase como una infraestructura generadora de empleo, alimentos y vertebración territorial, al tiempo que ha urgido al Gobierno de España a agilizar la reparación de los desperfectos detectados en el canal a la altura del municipio albaceteño de Liétor.

Asimismo, el conseller valenciano ha solicitado formalmente que el periodo de interrupción del caudal motivado por los trabajos de reparación sea compensado extendiendo los trasvases más allá del límite fijado del 1 de octubre, medida orientada a asegurar la disponibilidad hídrica que requieren los agricultores, de manera prioritaria en la comarca de la Vega Baja.

Crítica a las cesiones a Portugal

Barrachina ha cuestionado la gestión del actual ciclo hidrológico al señalar la paradoja que supone el envío de más de 11.400 hectómetros cúbicos del Tajo hacia Portugal mientras se plantea un recorte adicional de 100 hectómetros cúbicos en las asignaciones dirigidas a Alicante, Murcia y Almería.

El conseller ha manifestado que resulta contradictorio derivar al país vecino un volumen sustancialmente superior a los compromisos establecidos y, en paralelo, mermar el suministro a la superficie agrícola de mayor productividad del continente.

El titular de Agricultura ha advertido de que esta reducción en los aportes compromete la supervivencia de aproximadamente 10 millones de árboles en la zona, razón por la cual ha exigido que toda decisión gubernamental orientada a modificar las reglas de explotación del trasvase esté estrictamente fundamentada en criterios técnicos y rigor científico.

Eficiencia en la gestión hídrica

En el ámbito de la gestión del agua, se ha puesto de relieve el proceso de modernización acometido por la agricultura del sureste en las últimas décadas. Barrachina ha destacado la adopción masiva de tecnología aplicada al riego, incluyendo la automatización, el riego localizado, la digitalización y el monitoreo de precisión para maximizar la eficiencia de cada hectómetro cúbico disponible.

El conseller ha argumentado que el avance en innovación ha permitido optimizar los rendimientos de las explotaciones reduciendo el consumo hídrico por unidad de producción.

Sin embargo, ha recalcado que la inversión en eficiencia requiere un marco normativo con reglas estables y seguridad jurídica que posibilite la planificación a largo plazo del sector agroalimentario.

Plan Nacional del Agua

Los responsables autonómicos de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía han coincidido en la necesidad de articular una política hídrica estatal fundamentada en el consenso institucional y la solidaridad territorial. Barrachina ha defendido la aprobación de un Plan Nacional del Agua que contemple las obras de infraestructura indispensables para garantizar el recurso en todo el país, promoviendo la interconexión de cuencas y la certidumbre técnica para empresas y regantes.

Para concluir, el conseller ha remarcado que la garantía en el suministro de agua resulta determinante para preservar el tejido productivo y el empleo en los municipios del sureste, instando a consolidar una política hidráulica de Estado capaz de hacer frente al impacto del cambio climático mediante mayor inversión en infraestructuras, eficiencia e innovación tecnológica.