Un profesor universitario de 38 años, icono de las acampadas por la vivienda en la cuenta atrás de su desahucio

Un profesor e investigador universitario de 38 años se ha convertido en uno de los nuevos rostros de la lucha que enarbolan las acampadas contra los desahucios y por la vivienda en España. Daniel González, físico de la Universidad de Valencia, debía abandonar el miércoles 30 de septiembre la vivienda de Burjassot en la que vive de alquiler desde 2009, pero la movilización de más de un centenar de personas convocadas por el Sindicat d'Habitatge de València ha conseguido aplazar el lanzamiento diez días.

Su caso se ha asumido como un símbolo por los colectivos de izquierda y las organizaciones de defensa del derecho a la vivienda, pero tiene una particularidad con otros que han acaparado buena parte de la atención mediática las últimas semanas. Daniel no es Maricarmen, la anciana madrileña cuyo desahucio convirtió su situación en uno de los grandes símbolos de las movilizaciones por la vivienda. Tampoco es Pedro, el vecino de Benidorm de 95 años que se ha sumado a esa lista de rostros de avanzada edad utilizados por los colectivos para denunciar los desalojos.

Daniel González es un hombre de joven de 38 años, tiene una carrera académica, es físico, profesor e investigador universitario y ha desarrollado buena parte de su vida profesional en la Universidad de Valencia. Su perfil está muy lejos del de las personas mayores o especialmente vulnerables que habitualmente protagonizan este tipo de campañas.

Precisamente esa diferencia es la que ha convertido su caso en un nuevo argumento para los movimientos de vivienda. Daniel no encaja en la imagen más habitual del desahuciado al que se presta atención pública: no es un anciano que lleva toda su vida en su casa ni una persona con una discapacidad que carece de alternativas. Es un trabajador cualificado que lleva 17 años viviendo en el mismo inmueble y que sostiene haber pagado su alquiler y haber intentado cumplir con sus obligaciones.

«Por desgracia, hay muchísima gente que no puede luchar de esta manera», reconoció el propio Daniel tras conocer el aplazamiento. «Hay que seguir protestando porque esto es injusto», añadió. El investigador ha insistido en que su caso no pretende competir con quienes se encuentran en situaciones todavía más graves, sino poner de manifiesto que tampoco considera aceptable que alguien con un contrato de alquiler legal y una opción de compra pueda terminar expulsado de su vivienda.

Movilización y acampadas

El caso ha adquirido protagonismo mientras la vivienda se ha convertido en uno de los grandes focos de movilización política y social en España. Las protestas que comenzaron en Madrid alrededor de Maricarmen se han extendido a otras ciudades y Valencia vive ahora una de sus mayores oleadas de movilización, con cientos de jóvenes acampados en la plaza del Ayuntamiento.

En ese contexto, el Sindicat d'Habitatge de València ha hecho de Daniel uno de sus casos de referencia. Para el colectivo, lo ocurrido delante de su vivienda demuestra que la presión en la calle puede frenar, aunque sea temporalmente, una orden de lanzamiento. La organización ha anunciado que seguirá explorando todas las vías judiciales y que volverá a concentrarse cuando expire el plazo de diez días.

Daniel reconoce que la situación le ha sobrepasado. Se define como una persona tímida y asegura que nunca ha buscado el protagonismo que ahora le rodea. «No hay más remedio que luchar por mí y por otra mucha gente que está peor que yo», explicaba antes de que la comisión judicial aplazara el desalojo. Ahora, sin embargo, su rostro aparece junto al de Maricarmen y Pedro en las movilizaciones de los colectivos de vivienda.

Deuda de más de 36.000 euros

Su conflicto judicial se remonta a los años de la crisis económica. Daniel llegó a la vivienda cuando todavía era estudiante y su contrato contemplaba una opción de compra. Según el relato de su defensa y del Sindicat d'Habitatge, existen dos resoluciones favorables relacionadas con su derecho a adquirir el inmueble y con la vigencia de su contrato de alquiler.

Sin embargo, la vivienda ha pasado por distintas manos y una demanda de Coral Homes S. L. y de la actual propietaria ha terminado desembocando en una resolución que ordena su desalojo y le reclama alrededor de 36.620 euros.

Daniel sostiene que una parte fundamental del conflicto está precisamente en la evolución del contrato. El alquiler comenzó en torno a los 594 euros mensuales y posteriormente se redujo a 350 euros. La propiedad reclama ahora la diferencia acumulada durante años, mientras el investigador sostiene que fueron las propias circunstancias del proceso las que hicieron imposible en determinados momentos realizar los pagos de la manera habitual.

«A mí lo que me sorprende y me indigna es que me vea en esta situación teniendo todo en regla y habiendo sido yo el que he tenido que ir detrás de estas empresas para pagarles el alquiler», explicó antes del intento de desahucio.

La última palabra, de momento, la ha tenido la movilización. Daniel consiguió el pasado 30 de septiembre un plazo de diez días porque numerosas personas acudieron a su puerta: «Si hoy no viene gente aquí, me echan». Y aunque insiste en que no sabe si finalmente podrá quedarse, ha encontrado en esos diez días algo que llevaba tiempo sin tener: margen para seguir peleando. «Estos diez días son un rayo de esperanza porque suponen algo más de tiempo», afirmó.