El drama de una anciana con sus inquilinos: le okupan la casa tres años y la destrozan antes del desahucio

Francisca tiene 77 años y ha dedicado medio siglo de su vida al sector de la limpieza. Su pensión es pequeña y mantener dos viviendas se había convertido en una carga económica difícil de asumir. Por eso tomó una decisión que, en principio, debía ayudarla a vivir con algo más de tranquilidad: alquilar durante un año su apartamento en la playa de Cullera (Valencia) para obtener unos ingresos extra.

La vivienda estaba recién reformada y el alquiler se fijó en 500 euros mensuales, muy por debajo de precio de mercado. No buscaba enriquecerse, sino conseguir un complemento con el que afrontar los gastos diarios con más tranquilidad. Sin embargo, lo que iba a ser un alivio económico terminó convirtiéndose en una pesadilla que se prolongó durante dos años y diez meses.

«Mi madre es una señora de 77 años que lleva trabajando cincuenta años en el sector de la limpieza», explica Silvia, su hija, durante una conversación con El Debate. La jubilación no le ha permitido desahogarse económicamente y alquilar la segunda residencia parecía una solución razonable para completar sus ingresos después de toda una vida de esfuerzo.

La inquilina dejó de pagar a los cuatro meses, según relata Silvia. Francisca trató de reclamarle el dinero y le pidió que abandonara el apartamento, aunque no le pagara, pero no obtuvo el resultado que esperaba.

La propietaria terminó denunciando la situación y, cuando llegó la fecha de finalización del contrato, la arrendataria tampoco abandonó el inmueble. Lo que se había firmado como un alquiler temporal acabó convirtiéndose en un largo procedimiento para recuperar la vivienda.

Dos años y diez meses de espera

Durante ese tiempo, Francisca no solo dejó de percibir los ingresos que necesitaba para complementar su pensión. También tuvo que convivir con la incertidumbre de no saber cuándo podría volver a disponer de su propia casa.

Su hija recuerda que la mujer llegó a presentarse en numerosas ocasiones en la puerta del apartamento, desesperada, para pedir a la inquilina que se marchara. «Mi madre llega a ir en numerosas ocasiones a la puerta llorándole, pidiendo por favor que salga del piso, que aunque no le pague, pero que salga», cuenta Silvia. Según su testimonio, la respuesta de la arrendataria era que «tenía derecho a permanecer allí».

El procedimiento judicial siguió su curso. De acuerdo con el relato de la familia, el juicio se celebró unos cinco meses después de iniciarse las actuaciones y el resultado fue favorable a Francisca. Sin embargo, la resolución no se tradujo en una recuperación inmediata del inmueble. La situación se prolongó y la arrendataria alegó vulnerabilidad, lo que, según explica Silvia, contribuyó a retrasar el proceso.

La familia sitúa finalmente el regreso a la vivienda este martes, 13 de octubre, después de dos años y diez meses sin poder disponer de ella. La fecha marcaba el final de una larga espera, pero nadie imaginaba que la entrada al apartamento iba a ser tan desagradable.

Una puerta cerrada y un hedor insoportable

Aquel día acudieron al inmueble Francisca, su hija, el abogado, la procuradora, dos personas de la comisión judicial y un cerrajero. La primera sorpresa llegó al intentar abrir la puerta con la llave de la propietaria: ya no servía. Según Silvia, habían cambiado o bloqueado el mecanismo y fue necesario recurrir a un profesional para acceder al interior.

El cerrajero tardó más de cuarenta minutos en abrir. Cuando por fin lo consiguió, el olor que salió del apartamento fue tan intenso que, según el testimonio de la hija, el profesional llegó a vomitar. La vivienda que Francisca había dejado recién reformada presentaba un estado que distaba mucho de aquel en el que la había entregado.

La apertura y el cambio de uno de los cerrojos costaron a Francisca más de 350 euros, un gasto añadido para una mujer que, precisamente, había alquilado el inmueble porque necesitaba dinero para afrontar sus gastos.

La familia documentó el estado de la vivienda mediante fotografías y vídeos a los que ha tenido acceso este periódico. Ahora, el abogado de la familia prevé emprender acciones por la vía penal por los daños que atribuyen a quienes ocuparon el apartamento.

Heces de gato y restos de droga

El interior era todavía peor que la primera impresión desde la puerta. Según la descripción de Silvia, había heces de gato, suciedad acumulada, objetos y trastos repartidos por las habitaciones, y los muebles nuevos de Francisca habían desaparecido. En su lugar encontraron otros enseres cuyo origen la familia desconoce.

El apartamento, reformado poco antes de alquilarse, ya no estaba en condiciones de ser utilizado con normalidad. Una de las personas que acudió con la comisión judicial, explica la hija, ni siquiera pudo entrar al considerar que el inmueble se encontraba en «condiciones insalubres».

«Está lleno todo de alambres, de esos con los que se ve que cierran las bolsitas de droga», asegura Silvia, que reproduce lo que le señaló la persona que acudió a valorar los trabajos de limpieza.

Para Francisca, la desaparición de los muebles es un problema más dentro de una lista de daños que ahora debe afrontar. Su hija insiste en que lo más urgente es retirar la suciedad y conseguir que el inmueble vuelva a ser habitable. «Lo que me importa es poder quitar toda la porquería, porque no te haces una idea de cuando entras allí el olor que hace», lamenta.

Una factura que no puede permitirse

La recuperación de las llaves no supone el final del problema. Antes de poder utilizar de nuevo la vivienda, es necesario vaciarla por completo y someterla a una limpieza y desinfección profundas. La familia ha tenido que buscar una empresa especializada para realizar el trabajo, con personal equipado con equipos de protección individual y la previsión de retirar los enseres y materiales que no puedan recuperarse.

«He tenido que contratar una empresa de desinfección, que van a entrar con EPIS y van a tener que tirar todo, pero todo, todo. Dejar solo paredes y desinfectar», explica Silvia. La intervención es imprescindible, según su relato, por las condiciones en las que encontraron el apartamento.

La paradoja es especialmente amarga: Francisca alquiló la vivienda porque su pensión no le permitía asumir con comodidad los gastos de sus dos casas y ahora tiene que afrontar nuevos desembolsos para recuperar una de ellas. A los meses sin cobrar el alquiler se suman el coste de abrir la puerta, los trabajos de retirada de residuos, la desinfección y la necesidad de valorar los daños y los muebles que faltan.

Su hija reconoce que su madre no dispone de dinero suficiente para hacer frente con facilidad a todas esas facturas. La vivienda que debía proporcionarle un pequeño complemento económico se ha convertido, por el momento, en una fuente de gastos y preocupaciones.

El otro lado del problema de la vivienda

El caso de Francisca pone rostro a una de las preocupaciones de los pequeños propietarios que deciden alquilar una vivienda: qué sucede cuando el arrendatario deja de pagar y la recuperación del inmueble se prolonga o no llega.

Silvia considera que el debate político deja en segundo plano a personas como su madre. «Parece que los problemas de la vivienda solamente hay en el acceso, pero no en los propietarios», resume al explicar por qué ha decidido contar lo ocurrido y dar visibilidad a su caso.

La propia Francisca sostiene que en España parece que solo se ve una cara del problema de la vivienda, mientras se intenta tapar la otra: la de quienes, después de trabajar durante décadas y mantener una propiedad con esfuerzo, se encuentran con dificultades para recuperarla cuando surge un conflicto con sus inquilinos.

No reclama, según el relato de su hija, ningún privilegio. Había puesto en alquiler una vivienda recién reformada por 500 euros al mes y confiado en que el contrato se cumpliría. Cuatro meses después dejó de recibir el dinero y tuvo que iniciar un camino judicial que se prolongó casi tres años.

Ahora que ha vuelto a entrar, la prioridad es retirar los restos, desinfectar las habitaciones y comprobar el alcance de los daños. La recuperación material del apartamento llevará tiempo y dinero. La tranquilidad que Francisca buscaba cuando decidió alquilarlo queda todavía lejos.

Después de medio siglo dedicada a la limpieza, la mujer se enfrenta a una última ironía: tendrá que pagar para que otros limpien y desinfecten la vivienda que ella cuidó y reformó, y que esperaba que le ayudara a vivir un poco mejor durante la jubilación.