Imagen de Daniel González, inquilino en Burjassot, a las puertas del desahucio
Ejecutan el desahucio de Daniel, profesor universitario de 38 años e icono de la acampada por la vivienda en Valencia
Las protestas de los sindicatos y colectivos de izquierda frenaron la orden a finales de septiembre y consiguieron una prórroga hasta el 22 de octubre
El desahucio de Daniel González, el profesor universitario e investigador de 38 años, icono de la acampada por la vivienda en Valencia, se ha ejecutado finalmente este jueves en Burjassot. La acción se ha llevado a cabo a pesar de la movilización de los colectivos en defensa del derecho a la vivienda y sindicatos consiguieran paralizar temporalmente el lanzamiento a finales de septiembre.
El desalojo se ha producido de madrugada, varias horas antes de la hora prevista inicialmente, y pone fin a los 17 años que el físico llevaba residiendo de alquiler en el inmueble. Su caso, que se había convertido en uno de los emblemas de las acampadas por la vivienda en Valencia, ha terminado con la salida del investigador de la casa pese a los intentos de su entorno y del Sindicat d'Habitatge de València por encontrar una alternativa.
Según ha informado la Cadena SER, la orden se ha ejecutado alrededor de las seis de la mañana, cuando Daniel ha advertido la presencia de numerosas furgonetas policiales en las inmediaciones de su vivienda. La comitiva judicial tenía previsto acudir a las 9.30 horas, pero el despliegue se ha adelantado varias horas, en una actuación que ha sorprendido al investigador y ha evitado que se repitiera una concentración como la que logró frenar el desahucio el pasado 30 de septiembre.
El afectado ha explicado que el dispositivo le ha provocado una fuerte reacción de «ansiedad» y que ha necesitado atención sanitaria después del desalojo. En declaraciones difundidas por el sindicato que le ha acompañado durante las últimas semanas, Daniel ha descrito lo ocurrido como una «puñetera pesadilla» y ha asegurado que se ha sentido acorralado por la presencia policial.
Publicación compartida por el sindicato sobre el caso de Daniel en redes sociales
«Me he sentido como un terrorista de Al Qaeda», ha afirmado para expresar su desconcierto ante la magnitud del operativo, pese a que, según su relato, ha colaborado con los agentes.
Una década de batalla judicial
La ejecución supone el desenlace, al menos en lo que respecta a la permanencia en la vivienda, de una larga batalla judicial que se ha prolongado durante casi una década. Daniel residía en el piso desde 2009 y sostiene que ha abonado el alquiler durante su estancia, aunque la propiedad haya pasado por distintas manos.
El conflicto se ha complicado por las discrepancias sobre las condiciones del contrato, que incluía, según el investigador, una opción de compra, y por las dificultades surgidas durante el proceso para determinar a quién debía efectuar los pagos en determinados periodos.
La defensa de Daniel y los colectivos que le respaldan han señalado que el caso cuenta con dos resoluciones judiciales favorables anteriores, relacionadas con el derecho a comprar la vivienda y con la vigencia del contrato de arrendamiento. Sin embargo, la última resolución ha terminado dando la razón a la propiedad y ordenando el lanzamiento.
Sanción de 36.000 euros
Además, el procedimiento ha derivado en una reclamación económica de aproximadamente 36.000 euros por las cantidades que se consideran pendientes. Daniel cuestiona cómo se ha desarrollado el proceso y mantiene que ha intentado cumplir sus obligaciones como inquilino.
El pasado 30 de septiembre, decenas de personas convocadas por el Sindicat d'Habitatge de València se concentraron a las puertas del inmueble para impedir que se materializara el desahucio. La presión social permitió obtener una suspensión temporal y abrió un margen para estudiar nuevas vías judiciales y tratar de negociar con la propiedad, vinculada a un fondo de inversión.
Sin embargo, las conversaciones no han fructificado y los recursos impulsados para evitar el desalojo no han impedido que la orden se ejecutara finalmente este jueves. El sindicato ha mantenido su respaldo al investigador y ha denunciado la situación a través de sus canales de comunicación.
La historia de Daniel había adquirido una especial relevancia en las movilizaciones por la vivienda de Valencia. Su perfil, el de un científico con una carrera profesional consolidada que se enfrenta a la pérdida de la casa en la que lleva viviendo 17 años, se ha convertido en un símbolo para los colectivos de izquierda y las organizaciones que denuncian la inseguridad residencial, el encarecimiento de los alquileres y el poder de los grandes propietarios.
El caso presenta, precisamente, una diferencia con otros episodios que han concentrado buena parte de la atención mediática reciente. Daniel no es Maricarmen, la anciana madrileña cuyo desahucio se convirtió en uno de los grandes referentes de las movilizaciones por la vivienda, ni Pedro, el vecino de Benidorm de 95 años cuya situación también ha sido utilizada para denunciar la vulnerabilidad de las personas mayores ante la pérdida de su hogar.
Para los colectivos que lo han acompañado, esa particularidad refuerza el valor simbólico de su historia. La pérdida de la vivienda de un profesional cualificado evidencia, a su juicio, que disponer de empleo y formación no garantiza poder conservar el hogar cuando surge un conflicto prolongado con la propiedad.
