De izquierda a derecha: Vicent Mascarell, José María Ángel Batalla, Carolina Gracia, Miguel Chavarría y José Rodríguez Jurado.
De revelación de secretos a delito electoral: las 10 causas que cercan al PSOE ante la Justicia valenciana
En los Juzgados de la Comunidad Valenciana se encuentran abiertos, actualmente, diez procedimientos contra cargos del PSOE en diferentes ámbitos de actuación. Bajo la lupa judicial se encuentra el número 2 de Diana Morant, dos subdelegados del Gobierno, dos alcaldes, el excomisionado por la dana y dos concejalas, entre otros, acumulando causas por delitos tales como revelación de secretos, falsificación, calumnias y prevaricación, entre otros.
El subdelegado de Pilar Bernabé
El subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado
José Rodríguez Jurado es, aún, subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Recientemente un Juzgado de Sagunto ha abierto una investigación para esclarecer cómo fue posible que ascendiera meteóricamente en la escala de funcionarios hasta la exigida para ser mano derecha de Pilar Bernabé.
Rodríguez Jurado trabaja con puesto oficial en el Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer. Lo hacía en la escala C1, pero de forma inusitada alcanzó, en marzo de 2023, la categoría A1. Ese escalafón es el exigido para ostentar cargos como el de subdelegado del Gobierno, cartera que, casualmente, recibió diez meses después de su ascenso.
La causa está abierta en la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sagunto, aunque por ahora el subdelegado no ha sido citado como investigado ni tampoco se ha procedido al archivo de la investigación.
Con un título que no existía
Imagen del excomisionado especial para la dana, José María Ángel Batalla, durante una comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado
El caso de José María Ángel Batalla pilló por sorpresa a propios y extraños. Nadie en el propio partido daba crédito a que el presidente regional de la formación hubiera asentado su carrera política y laboral a partir de un título universitario imposible. En 1982 obtuvo una plaza en la Diputación de Valencia validando una diplomatura, la de Archivística y Biblioteconomía, que no existió en la Universidad de Valencia hasta 1990.
El titular de la Plaza 4 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, Jorge Martínez Ribera, mantiene abierta la causa por un posible delito de falsedad documental.
En los últimos días el magistrado ha requerido a la Diputación que conserve la información laboral sobre José María Ángel y que recupere el saluda como alcalde en la página web del Ayuntamiento de l'Eliana en el que él se reconocía como «diplomado».
Una piscina de 1,2 millones de euros
Imagen de archivo del alcalde socialista de Alboraya Miguel Chavarría
El caso de la piscina de Alboraya puede acabar 'salpicando' a una socialista más. Por ahora constan como imputados, entre otras personas, dos socialistas: el alcalde Miguel Chavarría y su concejal de Urbanismo Ana Bru.
El juez instructor investiga la construcción, por parte del Ayuntamiento de Alboraya, de una piscina pública en un terreno propiedad de la ciudad de Valencia y que, además, constaba como suelo protegido.
Las diligencias efectuadas hasta el momento intentan esclarecer por qué Alboraya construyó sin permiso esta infraestructura y por qué Valencia no actuó contra el Consistorio de Chavarría. Es por ello que de la misma manera que están imputados el alcalde y la concejala de Alboraya, el juez investiga al exalcalde Joan Ribó y tiene en su radar elevar la causa para que conste en la causa la eurodiputada Sandra Gómez.
Azud y Acuamed
Los exdirigentes socialistas Rafael Rubio y José Luis Vera, junto al exdirector de Relaciones Institucionales de Acuamed Joan Navarro, figuran entre los 38 procesados en el caso Azud, una macrocausa que investiga una presunta trama de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas y operaciones urbanísticas en la Comunidad Valenciana.
La jueza atribuye a Rubio, exconcejal de Valencia y exsubdelegado del Gobierno, presuntos cobros y regalos del empresario Jaime Febrer, además de ingresos en efectivo cuyo origen se trata de esclarecer. Vera, exdirector jurídico de Divalterra, habría actuado como intermediario entre empresarios y responsables públicos para favorecer intereses urbanísticos, mientras que Navarro está vinculado a las gestiones relacionadas con Acuamed y el proyecto urbanístico Espartal, en Jijona.
El 3 de septiembre de 2026, la magistrada acordó continuar el procedimiento por los trámites abreviados contra los tres y otros 35 investigados, en una resolución que abre la fase previa a la eventual celebración del juicio.
El número 2 de Diana Morant
Imagen de archivo de Vicent Mascarell
El número 2 de Diana Morant en el PSOE valenciano irá a juicio por señalar al PP como responsable de un ataque a la sede socialista de Valencia. Pese a que un grupo de extrema izquierda reconoció la autoría de los hechos, Vicent Mascarell no ha reconocido su error en ningún momento.
Los hechos tuvieron lugar en el verano de 2025, cuando las oficinas del PSOE en la calle del Hospital de Valencia aparecieron con una serie de pintadas y diversos daños. Mascarell, secretario de Organización del PSOE valenciano, no tuvo mejor idea que, en redes sociales, señalar al PP como autor intelectual del acto vandálico. Al reconocerse la autoría real, los 'populares' se querellaron contra el número 2 de Diana Morant, quien en su momento, además, evitó acudir al acto de conciliación con el que se habría evitado la solicitud de condena que pesa sobre él: un año y cárcel y una multa de 10.000 euros.
Investigado por la captación de votos
Adolf Sanmartín sigue siendo alcalde de Cervera del Maestre pese a que desde hace casi un año está investigado por un posible delito electoral.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vinaròs mantiene abierta una causa para esclarecer un pregunta estructura jerarquía en la que el munícipe socialista era el «líder» para la captación de votos.
Bajo la lupa judicial se encuentran investigadas otras tres personas, siendo una de ellas la denunciante del caso. Justamente Adolf Sanmartín es alcalde por mayoría absoluta en las últimas elecciones municipales de 2023.
Revelación como Álvaro García Ortiz
Álvaro García Ortiz fue condenado, pese al relato del Gobierno, por difundir datos privados de una persona. Ningún motivo permite la publicación de ciertos aspectos tanto personales como que se enmarcan dentro de un proceso judicial.
Siguiendo ese parecido, el 5 de noviembre está citada a declarar la portavoz y concejal socialista en el Ayuntamiento de Orihuela, Carolina Gracia, por haber publicado en una nota de prensa de la formación datos y detalles de la situación laboral de un funcionario.
Gracia está siendo investigada por la comisión de un supuesto delito de revelación de secretos y un delito contra el honor, dado que durante la instrucción ha quedado demostrado que ella accedió, con autorización por concejal, a la información de un proceso interno del Ayuntamiento.
Posteriormente, y sin que nadie la hubiera hecho pública de forma previa, el PSOE de Orihuela publicó una nota de prensa en la que sacaba a la luz detalles que sólo se encuentran en la información municipal privada.
El funcionario afectado se querelló y ahora la que también fuera alcaldesa de la ciudad alicantina deberá prestar declaración judicial.