La eurodiputada socialista Sandra Gómez se enfrenta a una petición de 4 años de cárcel por la piscina de 1,2 millones de euros

Todo está en manos del Tribunal Supremo. Sandra Gómez puede sumarse a la lista de imputados en la causa de la piscina de 1,2 millones de euros construida por el Ayuntamiento de Alboraya en suelo de Valencia. Sobre ella el magistrado instructor Alberto Jarabo Calatayud sostiene la existencia de «indicios sólidos y cualificados» al haber permitido, sin oponerse, a dicha obra ilegal. La acusación popular ejercida por la Asociación para el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción pedirá una condena que implica «cárcel, multa e inhabilitación».

Así lo ha confirmado el abogado Víctor Soriano, que representa al citado colectivo en la causa, a El Debate tras la noticia sobre la exposición razonada del magistrado al alto tribunal. El letrado ha puntualizado que el delito por el que fue denunciada, y ahora posiblemente imputada, es el de prevaricación urbanística por omisión.

Justamente Jarabo Calatayud explica en la exposición razonada, a la que ha tenido acceso este periódico, por qué Sandra Gómez debe ser investigada, sosteniendo la acusación por «omisión o pasividad en la contemplación de la infracción».

El juez basa su solicitud en varias leyes, como por ejemplo el artículo 78 de la Ley de Bases de Régimen Local por el que se establece la «responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones en el ejericio de sus cargos» para los concejales.

Y es que Sandra Gómez era concejala de Urbanismo por el Ayuntamiento de Valencia cuando Alboraya construyó dentro del término municipal de la capital sin permiso ni licencia alguno. El juez no ha dado con ninguna prueba que permita sostener que Gómez se opuso a la obra.

La piscina, que acabó costando 1,2 millones de euros, fue construida por Alboraya sin que el Ayuntamiento de Valencia 'se enterara', ni durante la construcción ni en su puesta en marcha en el verano de 2023.

Es por esa «omisión» por la que se asienta la petición de imputación de Sandra Gómez, en la posible comisión del citado delito de prevaricación urbanística por omisión.

Al respecto, el abogado Víctor Soriano ha señalado a El Debate que, en caso de que el Tribunal Supremo acepte la causa completa, la acusación popular que él representa va a pedir una condena final, si acabara en apertura de juicio oral, de «cuatro años de prisión, multa de 24 meses y 15 años de inhabilitación especial».

El futuro político, y personal, de Sandra Gómez está en manos del Tribunal Supremo. Su nombre ha sido señalado en varios momentos de la instrucción. En su momento fue el también exconcejal socialista Borja Sanjuán el que apuntó hacia ella como «delegada de Urbanismo» y hasta el propio Joan Ribó descargó en su figura las competencias urbanísticas por las que se debería haber controlado esta obra que hasta el propio juez señala como «ilegal».

Apartada de la política valenciana tras su derrota municipal en 2023 y protegida con aforamiento por ser eurodiputada, ahora será el Tribunal Supremo el que decida si los «indicios sólidos y cualificados» que expone el juez son suficientes para acabar de investigar la obra de una piscina que acabó costando 1,2 millones de euros y lleva ya seis investigados.