Viviendas en la playa de Babilonia de Guardamar del Segura (Alicante)
Los afectados por la Ley de Costas claman contra el Gobierno: «Hay 88.000 familias amenazadas con perder su vivienda»
Tres magistrados del Tribunal Constitucional censuran duramente la sentencia que condena a la piqueta a los enclaves históricos del litoral
Las persianas de madera y los patios con aljibe de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura (Alicante), guardan la memoria de un siglo de historia familiar, de infancias transcurridas a pie de mar y de un modelo de arquitectura vernácula que se levantó no para especular, sino para proteger al propio pueblo de la fuerza de las dunas.
Sin embargo, hoy esas mismas paredes resisten bajo la sombra inminente de la piqueta. Tras el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) que ha estimado el recurso del Gobierno central contra varios preceptos de la ley valenciana de la costa, la inquietud y la indignación se han disparado en primera línea de playa.
El Debate ha querido pulsar esta realidad a pie de calle charlando con quienes habitan y defienden este rincón del litoral. Manuel López, presidente y portavoz de la Asociación de Vecinos de la Playa de Babilonia, no oculta su estupefacción ante una resolución que considera insostenible.
«Lamentamos enormemente la decisión del Tribunal Constitucional. Creemos que responde más a valoraciones políticas que jurídicas», afirma sobre el fallo. López subraya que esperarán al contenido exacto de la sentencia para ver «cómo desmontan lo que entendemos que es una competencia propia de la Generalitat Valenciana y una ley armada con todas las garantías legales».
Imagen aérea de las viviendas de la playa de la Babilonia
Junto a él, José María, un vecino afectado cuya vida entera está ligada a estas casas, pone voz al drama humano que se respira tras cada ventana. En estos hogares viven personas que superan los 80 años y para quienes esta ha sido siempre su única morada, con edificaciones que conservan intacta la estética de hace noventa años.
Desde la asociación vecinal se denuncia la profunda contradicción del Ejecutivo central: mientras Pedro Sánchez aprovechó en su día el 'caso Mari Carmen' y la crisis de vivienda para convocar elecciones anticipadas y centrar su discurso en la gente que se queda sin casa, con sus promocionados decretos antidesahucios, su Gobierno no muestra preocupación alguna por las familias que van a perder sus casas por la aplicación estricta de sus propias leyes.
Los magistrados discrepantes del Constitucional
Frente a la versión oficial de la sentencia, tres magistrados del Tribunal Constitucional -Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y José María Macías Castaño- han firmado un voto particular discrepante al que ha tenido acceso El Debate.
Imagen de archivo de una de las viviendas que el Gobierno quiere derruir en la playa de la Babilonia de Guardamar del Segura
En su escrito, los jueces denuncian la «inconsistencia» de la resolución mayoritaria y critican abiertamente la «beligerancia que destila la sentencia para con el legislador autonómico valenciano», la cual contrasta de forma llamativa «con la obsequiosa deferencia que últimamente se ha empleado en relación con otros».
Los magistrados discrepantes sostienen que la ley autonómica buscaba legítimamente proteger el patrimonio etnológico en concurrencia con las competencias estatales, aplicando el principio de favor legis e «interpretación conforme» que el propio Constitucional ha empleado en casos idénticos del pasado.
Asimismo, defienden la validez de crear inventarios de terrenos degradados para solicitar su desafectación al Estado, ironizando con que la sentencia condena a la Administración a «mantener sus conclusiones dispersas por expedientes y ocultas en un despacho, porque sistematizarlas en un documento único supone una 'interferencia', aunque no se sepa en qué se interfiere».
Un blindaje estatal que choca con la ONU
El pulso no se limita a las costas alicantinas. Un informe técnico de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE), aprobado por la ONU en Ginebra tras analizar 28 países, concluye de forma categórica que España constituye una anomalía internacional.
Porche de las viviendas a pie de la playa en Guardamar del Segura (Alicante)
El estudio dictamina que el régimen de costas español es el único que extingue de plano derechos de propiedad consolidada sin compensación económica alguna, encuadrándolo formalmente bajo el modelo de «expropiación sin compensación».
Desde la aprobación de la Ley de Costas de 1988, el Estado ha transferido 141.440 hectáreas privadas al dominio público a coste cero, desatando desalojos exprés y órdenes de derribo.
«Sorprende el empeño de este Gobierno de echar a familias de sus casas y de derribar viviendas, y no en la protección del medio ambiente y el grave problema que tienen las playas», lamenta el portavoz vecinal Manolo López.
Frente a este escenario de inseguridad jurídica, las 88.000 familias afectadas a nivel nacional mantienen intacta la esperanza en un cambio de rumbo político tras las urnas en las elecciones del próximo 29 de noviembre.
Los vecinos recuerdan que la Mesa del Congreso, con la mayoría que ostentan PSOE y Sumar, mantenía paralizada la modificación de la Ley de Costas que abría la puerta a su salvación.
Imagen de archivo de algunas casas en la playa de Guardamar del Segura
Una nueva mayoría parlamentaria que surja de los comicios podría tramitar por fin esta reforma y proteger de forma definitiva a las familias amenazadas por los derribos del Ministerio para la Transición Ecológica.
Del origen protector a la demolición
La brecha institucional es máxima en la localidad. Mientras plataformas como Somosmediterrania y los residentes reclaman inversiones reales de mantenimiento del litoral en lugar de demoliciones, el alcalde de Guardamar del Segura, el socialista José Luis Sáez, ha celebrado la resolución del Constitucional. Sáez sostiene que el Ayuntamiento busca recuperar ambientalmente la zona y exige que, «si para ello tienen que derribar las casas, que lo hagan cuanto antes», tras haber iniciado contactos con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para articular la ejecución subsidiaria de los derribos.
Esta postura omite la raíz histórica del enclave. Construidas entre 1900 y 1930 para ayudar a fijar las arenas ante el avance de las dunas -bajo la dirección de los célebres ingenieros de montes Francisco Mira y Ricardo Codorníu-, las casas de Babilonia nacieron precisamente como barrera de protección para el propio pueblo y para proporcionar empleo local.
Hoy, un siglo después, con argumentos medioambientales diametralmente opuestos, el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en reducirlas a escombros.
«En España, por aplicación directa de la ley de costas nos encontramos con 88.000 viviendas que podrían irse al suelo. No es un problema de Babilonia, que es la avanzadilla de esta cuestión, sino de una ley que ha perdido todo su sentido y que no responde a la realidad de la costa española», concluye Manolo López.
Los vecinos, aferrados a la solidez de sus argumentos y al amparo de los tres magistrados del Constitucional, anuncian que darán la batalla hasta el final para evitar que la piqueta borre la memoria viva de sus familias.
