El juez pone contra las cuerdas a tres cargos socialistas por la piscina ilegal de 1,2 millones de euros

La exposición razonada del juez instructor Jarabo Calatayud para pedir la imputación de Sandra Gómez describe a la perfección el caso de la piscina ilegal de 1,2 millones de euros, la obra que el Ayuntamiento de Alboraya construyó en suelo protegido de la ciudad de Valencia. El documento, al que ha tenido acceso El Debate, relata el papel de los cinco investigados y por qué se debe asumir la causa el Tribunal Supremo para acusar a Sandra Gómez, actual eurodiputada del PSOE. Bajo la lupa judicial hay tres cargos socialistas, uno de Compromís y una arquitecta.

Hay que entender que el auto judicial es la exposición que realiza el magistrado que ha llevado la causa para que éste sea asumida por el Tribunal Supremo, ante el aforamiento de Sandra Gómez. Es por ello que Jarabo Calatayud detalla cada punto del caso y relata como Alboraya ejecutó una obra dentro del término municipal de Valencia, ilegal porque en ningún momento la capital autorizó la construcción.

El juez recuerda que, «sin ninguna duda», la piscina de Alboraya se construyó en una parcela sobre la que constaba ya desde hace varias décadas una clasificación de «suelo no urbanizable con calificación de protección agrícola huerta y con un uso global o dominante agrícola » de la ciudad de Valencia.

Si bien es cierto que la ubicación exacta lleva siendo desde 1985 objeto de cierta negociación entre Valencia y Alboraya. En varias ocasiones la localidad ha pedido la segregación de esta zona para ampliar su término municipal. Incluso el Ayuntamiento de Valencia acordó, con fecha 13 de julio de 1989, «iniciar el expediente» para ceder la propiedad de un terreno de 47.000 metros cuadrados.

Pero al respecto no hubo más novedades y el citado expediente caducó en 1993 sin que se hubiera cerrado de ninguna forma. Justamente en 1994, según hace constar el juez, la por aquel entonces arquitecta municipal de Alboraya reconocía en un informe que ese terreno continuaba siendo propiedad de la ciudad de Valencia.

Esa anotación de la profesional es la que le ha valido la imputación a la arquitecta Silvia Requeni. Al respecto al magistrado instructor señala que no constan «advertencias y salvaguardas previas» en referencia a la imposibilidad de que el Ayuntamiento de Alboraya llevara a cabo la citada obra.

Justamente con respecto al suelo el juez se muestra suficientemente tajante, hasta el punto de sumar un informe de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio en el que se afirma que «Las obras descritas no son conformes con el planeamiento municipal legislación urbanística o sectorial por lo que son ilegalizables». Es decir, que ya no es únicamente la obra en suelo de otro propietario, sino la propia obra en un suelo especialmente protegido.

Ocho años de cárcel para el alcalde

Y como responsables de este proyecto, que acabó costando 1,2 millones de euros, están los cargos políticos de Alboraya. Sobre ellos recae la base esencial del caso, porque fueron los que llevaron a cabo una obra de la que «no figura autorización», confirma el juez. El alcalde Miguel Chavarría y Ana Bru, concejala de Urbanismo.

En el auto se les señala a ambos una «intervención supuestamente activa en el Proyecto». Ellos, que pertenecen al PSOE, fueron quienes decidieron la obra ignorando que el suelo no era titularidad de su Ayuntamiento. Es por ello que, si prospera la causa y se llega a un juicio oral, sobre el primer edil recaería una petición de pena de cárcel de ocho años.

Inicialmente también fue investigado el arquitecto Emilio Conejero, pero sobre él se acordó el sobreseimiento de la causa.

¿Por qué se investiga a Joan Ribó y Sandra Gómez?

Y después está la parte de la ciudad de Valencia, los dos máximos cargos políticos de la capital durante el proyecto y construcción de Alboraya, entre la memoria elaborada en 2020 y el fin de la piscina en el verano de 2023: Joan Ribó y Sandra Gómez.

Sobre ambos el juez señala que están señalados en la causa por «omisión o pasividad en la contemplación de la infracción», ya que no consta ninguna actuación consistorial para impedir la obra en ningún momento de aquella legislatura.

Ante todo ello el juez Jarabo Calatayud sostiene que existen «indicios sólidos y cualificados» y pide al Tribunal Supremo que asuma la causa íntegra para poder investigar a la eurodiputada socialista Sandra Gómez, que goza de aforamiento.

Ahora todo depende del alto tribunal, de si estima que las diligencias del magistrado y su exposición razonada tienen suficientes elementos de peso como para proseguir la instrucción. Será ahí cuando se determine finalmente la posible causa penal sobre una piscina de 1,2 millones de euros que el Ayuntamiento de Alboraya construyó en suelo protegido de huerta de la ciudad de Valencia. Cuatro cargos políticos y una técnico penden de un hilo.