Veremos quién paga los platos rotos
Cuando un Gobierno sacrifica a sus soldados para salvar al general, la pregunta ya no es solamente quién ha caído
Cuando una mofeta se siente acorralada, tiene un mecanismo de defensa muy particular: desprende un olor insoportable para que nadie se acerque y poder escapar del peligro. En política, hay quien parece haber aprendido una estrategia parecida: cuando las responsabilidades empiezan a apretar, se levanta una cortina de humo, se busca a alguien a quien señalar y se intenta que el olor de la polémica tape las preguntas incómodas. Y eso es precisamente lo que parece estar ocurriendo con Pedro Sánchez y la crisis ferroviaria.
En política existe otra vieja estrategia que nunca pasa de moda: sacrificar a los soldados para salvar al general. Según publican algunos medios, Moncloa estaría dispuesta a dejar caer al presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, para proteger al ministro de Transportes, Óscar Puente, y evitar que la crisis llegue hasta el propio presidente del Gobierno. Lo veremos. Puente es la última coraza que le queda a Sánchez para pertrecharse. Y con este panorama no es de extrañar la desesperanza que invade a su equipo de comunicación y estrategia electoral. No sale de una y ya esta metido en otra.
Nadie debe quedar al margen de una investigación. Si existen responsabilidades en la dirección de Adif, tendrán que asumirse. Pero ¿dónde termina la responsabilidad del presidente de Adif y dónde empieza la del ministro del que depende? ¿Y la del presidente del Gobierno que mantiene a ese ministro en su puesto? Las decisiones sobre inversión, mantenimiento, organización y seguridad ferroviaria no se toman únicamente en un centro de control. También se adoptan en los despachos, en los consejos de administración y en el Ministerio. No se puede exigir responsabilidad hacia abajo mientras se practica la protección hacia arriba.
Y Adif acumula demasiadas preguntas. Su nombre ha aparecido en las investigaciones del caso Koldo, con contrataciones de personas del entorno del exministro José Luis Ábalos y gestiones que han acabado bajo escrutinio judicial. La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, fue investigada por su presunta intervención en contrataciones cuestionadas y en vista de su futuro judicial ha empezado a hablar. También han trascendido las gestiones relacionadas con Jéssica Rodríguez y Claudia Montes, así como el paso del hermano de Koldo García por Ineco. Un episodio que obliga a preguntarse qué controles existían y hasta qué punto los criterios profesionales quedaron subordinados a las relaciones políticas.
Pero hay algo todavía más preocupante. Profesionales y antiguos responsables ferroviarios han denunciado la pérdida de protagonismo de los técnicos, la relegación de especialistas y la creciente presencia de estructuras de confianza sin preparación alguna. Vamos, lo que era una empresa de prestigio convertida en una agencia de colocación de amiguitos. Una empresa pública que gestiona una infraestructura esencial no puede funcionar al margen del conocimiento y la experiencia de quienes conocen sus vías, sus sistemas y sus necesidades de mantenimiento. En Adif debe importar lo que uno sabe, no a quién conoce.
Y, mientras tanto, aparece otra pregunta de enorme gravedad: ¿qué ocurrió con el dinero destinado a mantener nuestras infraestructuras? La Fiscalía Europea investiga un posible fraude relacionado con los fondos comunitarios destinados a la renovación del tramo ferroviario de Adamuz. Adif y Adif Alta Velocidad concentran conjuntamente 5.807 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation destinados a modernizar la red ferroviaria española. Sin embargo, esta importante inyección de recursos coincide con una reducción del 66,7% de la inversión en infraestructuras ferroviarias. A lo que añadir el ultimo dato conocido; en 2025 recibimos 1.935 millones de euros de la Unión Europea, de los que 615 millones debían destinarse a mejorar la red de transporte y sin embargo, solo se habrían ejecutado 257 millones. Es licito preguntarse, por tanto, que se ha hecho con semejante cantidad de dinero.
Tal vez por el volumen de preguntas que tienen que responder el Gobierno, la táctica de supervivencia pase por buscarse un nuevo chivo expiatorio como ya pasó con el delegado del Gobierno de Ceuta o el de Madrid. Maniobras para distraer a la opinión pública y de paso ahorrarse las explicaciones. Cuando un Gobierno sacrifica a sus soldados para salvar al general, la pregunta ya no es solamente quién ha caído. La pregunta es quién sigue protegiéndose detrás de quienes caen y quién pretende que una cortina de humo nos impida ver lo que realmente está pasando.
España no necesita más cabezas de turco. Necesita transparencia, explicaciones y responsabilidades a todos los niveles. Porque, a veces, ni siquiera hace falta que la mofeta despliegue su mecanismo de defensa. Basta con su presencia para dejar tras de sí un insoportable hedor. Y Sánchez parece no haberse dado cuenta todavía del olor que desprende.
Nando Pastor es portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas
