El jefe de Gabinete de Presidencia de Adif era director de Interior cuando un tren se adentró en el incendio forestal de Bejís

El accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en la localidad toledana de Urda que dejó 69 víctimas mortales ha vuelto a poner en cuestionamiento la seguridad de las vías y de los pasajeros en España, lo que, a su vez, ha derivado en que las miradas y las exigencias de asumir responsabilidades en forma de dimisiones no solo se queden en el ministro de Transportes, Óscar Puente, sino también en buena parte de su núcleo de máxima confianza de Adif. Así, entre los nombres más señalados está el del director de Gabinete de Presidencia de dicha empresa pública, Salvador Almenar.

Su trayectoria política, bien en la administración pública bien en su partido, el PSOE, guarda una estrecha relación con las emergencias. Así, no solo es el responsable de esta área en la Ejecutiva del PSPV-PSOE que lidera Diana Morant, compañera de Consejo de Ministros de Puente, sino que en 2022 fue nombrado director general de Interior de la Generalitat Valenciana en la etapa en la que su presidente era el socialista Ximo Puig. Menos de cinco meses después, ya estuvo en el punto de mira por un grave incidente con un tren.

A las 16:23 horas del 16 de agosto de ese año el tren de Media Distancia 18506 sale de Valencia con destino Zaragoza. Lo hace con total normalidad, pero no sería un viaje más. Nadie de la Generalitat había informado, como correspondía, a Renfe ni Adif de que se había declarado un tiempo antes un incendio forestal a la altura del municipio castellonense de Bejís. Sin tener conocimiento previo y con 49 viajeros a bordo, la maquinista llega a la zona del fuego a las 17:54 y se encuentra con un panorama tan inesperado como dantesco .

«Lluvia de cenizas y humo»

El pánico se apodera del convoy, con las llamas a escasos centímetros y con la conductora deteniendo el vehículo «porque observa una intensa lluvia de cenizas y humo», dijo en su día Adif, recalcando que «nadie avisó al gestor de infraestructuras de posible incidente en la vía». Automáticamente cambia de cabina y hace retroceder el tren para alejarlo máximo posible del incendio. Mientras tanto, algunos pasajeros salen a las vías y caminan sin rumbo fijo que luego son recogidos una vez reanudada la marcha. El balance fue una víctima mortal de cáncer al no poderse operar por las consecuencias del accidente, cinco heridos graves, algunos de ellos todavía sufriendo secuelas, y más de una veintena de carácter leve.

Esa rotundidad de Adif a la hora de asegurar que «nadie» advirtió de lo que ya estaba sucediendo en Bejís no deja en buen lugar a Almenar. En el mismo decreto publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (BOGV) con su nombramiento se establece con meridiana claridad cuáles eran sus competencias. De este modo, y tras nombrar algunas de ellas, la norma le asigna las funciones de «extinción de incendios y gestión de emergencias».

Urda y Bejís. Pero también en Adamuz Almenar y su ejecutoria fueron puesta en tela de juicio. De hecho, en el pleno monográfico sobre esta tragedia el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó que ocupase el cargo que ocupaba y todavía ocupa en Adif: «Pusieron a la cabeza de la seguridad de Adif a un director de Gabinete. Periodista de formación con nula competencia técnica ni experiencia. Esto no es un bulo. Se lo advirtió la Agencia Estatal de Seguridad el pasado otoño», le espetó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

'Tren del infierno'

Mientras tanto, la investigación judicial del llamado 'tren del infierno' no es que avance ni siquiera lentamente, sino que lleva prácticamente tres y años y medio paralizada. Ante tres magistradas titulares que se han ido sucediendo en este tiempo y la fata de refuerzo humano y técnico, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha tomado medidas tras las quejas elevadas al Consejo General del Poder Judicial.

En este sentido, ha dado luz verde a una comisión de servicio de relevación de funciones en el Juzgado por un plazo de un mes que, si fuera necesario, se podría prorrogar. Con una concatenación de múltiples fallos como principal hipótesis, la continuidad del caso no está garantizada, ya que puede reabrirse como piden los afectados y la Fiscalía o, por el contrario, puede estar abocado al archivo.

Hasta el momento, cuatro son los imputados, la maquinista del tren, un responsable del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y dos miembros del Servicio de Prevención de Incendios a nivel provincial.