Edificio en obras en Castalla (Alicante)
La Ley del Suelo valenciana encara su recta decisiva con el PP y Vox a favor de agilizar el urbanismo y la izquierda en contra
Los 'populares' proponen movilizar suelo privado para vivienda protegida y reforzar la autonomía municipal, mientras PSOE y Compromís cuestionan el modelo por su impacto ambiental
El proyecto de Ley del Suelo de la Generalitat entra en una etapa decisiva en las Cortes Valencianas tras finalizar el plazo de presentación de enmiendas.
La norma, aprobada por el Gobierno autonómico a finales de septiembre, introduce importantes instrumentos de agilización y oferta pública, como la reserva obligatoria de al menos el 50 % de la edificabilidad residencial para vivienda protegida en los nuevos desarrollos públicos o la articulación de un planeamiento urbanístico simplificado pensado para aliviar la carga de los municipios de menos de 1.000 habitantes.
Sobre esta base, el centroderecha busca potenciar el texto para desatascar la oferta de vivienda y atraer inversión, mientras la oposición ha presentado enmiendas a la totalidad.
PP: movilizar suelo y agilizar procedimientos
El portavoz de Infraestructuras del Grupo Parlamentario Popular, Joserra González de Zárate, ha explicado que las enmiendas de su formación tienen como objetivo mejorar las herramientas para impulsar vivienda protegida, agilizar los procedimientos urbanísticos y ofrecer soluciones a los problemas que afectan a ayuntamientos, propietarios y ciudadanos.
«Estas enmiendas van a ayudar a movilizar terreno para construir más vivienda accesible y también van a defender la voz de los ayuntamientos, entre otras propuestas beneficiosas», ha concretado.
Movilizar terreno vacante
Las enmiendas del PP destacan por abordar dos de los principales cuellos de botella del urbanismo valenciano.
En primer lugar, se permitirá destinar a vivienda protegida determinadas parcelas privadas vacantes que el planeamiento urbanístico reservaba para equipamientos y que permanecen sin edificar.
Imagen de archivo de las obras de emergencia para la reconstrucción de los puentes de la A-7 sobre el barranco del Poyo
Esta medida permite movilizar suelo disponible para ampliar la oferta de vivienda asequible sin tener que modificar previamente el planeamiento, de forma excepcional y manteniendo intactas las garantías urbanísticas y legales.
Además, el texto asegura la máxima rentabilidad social del suelo, obligando a que las viviendas promovidas bajo esta vía queden sometidas de forma permanente a algún régimen de protección pública, sin posibilidad de convertirse posteriormente en vivienda libre.
«No tiene sentido mantener solares privados vacíos durante años si pueden contribuir a solucionar el problema de acceso a la vivienda. Queremos aprovechar todas las oportunidades de suelo disponibles, con reglas claras y sin renunciar a las obligaciones urbanísticas», ha defendido el portavoz popular.
Respeto a la autonomía municipal
El segundo eje del PP refuerza la voz de las entidades locales. Cuando un plan de acción territorial de la Generalitat establezca directamente la ordenación pormenorizada de un ámbito, será obligatorio solicitar un informe municipal previo.
En caso de que este sea desfavorable, la Administración autonómica tendrá la carga de justificar expresamente el interés supramunicipal o la competencia que ampara su decisión.
«La Generalitat no puede ordenar el territorio de espaldas a los municipios. Los ayuntamientos conocen su realidad, deben tener voz y, si hay discrepancias, cualquier decisión tiene que estar debidamente justificada», ha subrayado González de Zárate.
Asimismo, ha remarcado que «esta ley no va de construir sin límites, sino de poner suelo a disposición de quienes necesitan una vivienda, dar seguridad jurídica y facilitar que los municipios puedan desarrollarse sin perder de vista la protección del territorio».
Vox: menos burocracia, más agilidad e inversión
Por su parte, Vox ha registrado 24 enmiendas que buscan maximizar la eficiencia y dar certidumbre económica al sector.
Sus propuestas persiguen «agilizar las licencias urbanísticas, impulsar la construcción de vivienda, proteger a propietarios y promotores y favorecer las inversiones», así como «eliminar trabas burocráticas, reforzar la seguridad jurídica y facilitar el desarrollo de proyectos urbanísticos, empresariales y residenciales».
Entre sus medidas clave destaca sustituir la duplicidad de controles administrativos otorgando plena validez a los informes de conformidad de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECUV) y aplicar licencias básicas a promociones residenciales y de VPO para acelerar los plazos de edificación.
Asimismo, los de Abascal abogan por ampliar el alcance de los proyectos de interés autonómico para facilitar inversiones estratégicas, blindar las actividades legalmente implantadas ante eventuales cambios de clasificación del suelo y proteger el patrimonio de los propietarios sustituyendo las subastas forzosas por indemnizaciones según la legislación estatal, además de reconocer el derecho de reintegro para quienes adelanten infraestructuras comunes.
El portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, ha defendido este modelo «ágil, previsible y favorable a la inversión», articulado en torno a «menos burocracia, más seguridad jurídica, defensa de la propiedad privada, más construcción, rehabilitación, inversión y desarrollo económico».
La oposición insiste en el modelo restrictivo
En contraste con las iniciativas de agilización del bloque parlamentario que respalda al Consell, el PSPV-PSOE y Compromís han optado por presentar enmiendas a la totalidad, acompañadas de unas 200 y 80 enmiendas parciales respectivamente, tildando la norma de «nefasta» y «especuladora» y rechazando la flexibilización de trámites.
Imagen de las vías de la línea C3 de Cercanías a la altura de Buñol, Valencia
La portavoz adjunta del PSPV en las Cortes Valencianas, Mª José Salvador, ha criticado que la iniciativa del Consell es una ley «con clara vocación especulativa con el suelo y que apuesta por el peor de los modelos urbanísticos del Partido Popular».
Salvador sostiene que el texto contiene «menos seguridad jurídica y cuenta con informes y dictámenes muy contundentes tanto del Consell Jurídic Consultiu como de la Abogacía de la Generalitat», afirmando que «el PP pretende la recalificación de suelo y otorga todo el poder a la iniciativa privada, incluso al margen de los planes generales municipales».
Asimismo, ha apuntado que «la norma contempla menos reserva de suelo para vivienda protegida, con parámetros inferiores a los contemplados en la legislación estatal» y remarca que «la Comunidad Valenciana no puede permitirse, en pleno siglo XXI, una ley urbanística que no haga referencia a la lucha contra el cambio climático, a la protección de las zonas inundables y a la protección de las personas».
Criterios ambientales
Entre sus enmiendas parciales, el PSPV plantea elevar las reservas de VPO, congelar la reclasificación de suelo en terrenos forestales incendiados durante 30 años y restringir el desarrollo en áreas con riesgo de inundación significativo, «salvo que, a falta de alternativas de localización, puedan implementarse medidas correctoras suficientes y se evite el incremento del riesgo de inundación a terceros».
Por su parte, el síndico de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, ha calificado el proyecto como «especulador y perverso», reprochando que «favorece aún más el modelo» del PP y su «cómplice» de Vox, acusando a ambas fuerzas de que «dejen en el olvido» el derecho a la vivienda y de «desproteger a los ciudadanos» poniendo el territorio «en manos de especuladores».
La formación nacionalista ha presentado un 'mapa de la especulación urbanística' con macroproyectos y promete derogar la norma si gobierna en 2027.
Sus enmiendas plantean permitir la prórroga de dos años en declaraciones ambientales, la creación de planes generales estructurales mancomunados entre varios ayuntamientos y la prohibición expresa de clasificar nuevo suelo urbanizable en zonas inundables, atendiendo a la cartografía oficial de peligrosidad tras los efectos de la dana del 29 de octubre de 2024.
