PP y Vox unen fuerzas en Alicante para denunciar «manipulaciones» en el censo ante el 29-N

El pleno del Ayuntamiento de Alicante, reunido este viernes en sesión extraordinaria, se ha convertido en el tablero de batalla de la política nacional a pocas semanas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Con los votos favorables del equipo de Gobierno del Partido Popular y de Vox, el Consistorio ha aprobado una declaración institucional presentada por los de Abascal para manifestar su rechazo a los «intentos de manipulación» del censo electoral. La iniciativa ha contado con el voto en contra de toda la oposición de izquierdas (PSOE, Compromís y EU-Podem).

La sesión plenaria se ha celebrado para abordar los asuntos políticos pendientes de la sesión ordinaria del 29 de octubre, suspendida en su momento en señal de duelo por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo).

Durante el debate sobre el censo, la portavoz de Vox en el Consistorio, Carmen Robledillo, ha defendido la iniciativa asegurando que atañe directamente a la «credibilidad» del sistema democrático.

Robledillo ha acusado al Ejecutivo central de haber convertido la memoria democrática en «una bandera partidista» y ha añadido: «Una ley que debería abordar nuestra historia con rigor se ha utilizado para reabrir heridas, dividir a los españoles y extender una determinada interpretación ideológica desde el poder».

En esta línea, la edil ha argumentado que en materia de nacionalidad y sufragio «no caben atajos administrativos, ni interpretaciones arbitrarias, ni controles insuficientes».

Por parte del grupo municipal 'popular', su portavoz, Mari Carmen de España, responsabiliza a la izquierda de sembrar «dudas» al legislar «a medida», arremetiendo contra el desarrollo normativo de la conocida como «Ley de Nietos». «La sociedad está harta y por eso el 29 de noviembre ojalá cambien las tornas», ha sentenciado.

Frente común de la izquierda

La respuesta de los grupos de la oposición ha sido contundente. Desde las filas socialistas, la portavoz adjunta del PSOE, Ana Barceló, ha tildado de ilegítimo el planteamiento de la propuesta: «no es legítimo presentar a quienes han adquirido la nacionalidad como instrumento de una supuesta conspiración electoral sin demostrarlo», manifestando a su vez su «preocupación» ante «cualquier medida que restrinja el ejercicio del derecho fundamental al sufragio de ciudadanos españoles».

En términos parecidos se ha expresado la concejal de Compromís, Sara Llobell, quien acusa a Vox de pretender transformar el periodo preelectoral en «una sucesión de provocaciones».

Llobell asegura que «la democracia no consiste en elegir quién puede votar para tener más posibilidades de ganar, consiste en aceptar que todas las personas tienen derecho a hacerlo y pueden votar libremente».

Asimismo, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, insta a la derecha a acudir a los juzgados si disponen de indicios sólidos: «si tienen pruebas de irregularidades, que las presenten y denuncien. La democracia se defiende con hechos y no sembrando sospechas».

Traslado consular y defensa de Ceuta y Melilla

La sintonía entre PP y Vox se ha extendido a otras dos declaraciones institucionales impulsadas por los de Abascal, ambas aprobadas frente al rechazo en bloque de la izquierda. La primera de ellas solicita instar al Consulado de Argelia y a la Autoridad Portuaria a reubicar la sede consular al interior de los terrenos portuarios alicantinos, en las inmediaciones del punto de atraque del ferri que cubre la ruta regular con Orán.

La segunda propuesta aprobada exige un refuerzo en la defensa, la seguridad y las capacidades operativas del Estado en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Fricciones por la huelga general

En el bloque de iniciativas de la izquierda, la mayoría que forman PP y Vox ha tumbado la declaración institucional conjunta de Compromís y EU-Podem en apoyo a las reivindicaciones de la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre.

El plenario ha escuchado previamente las intervenciones de representantes de los sindicatos CCOO y UGT. Tras su turno, la representación de la izquierda ha defendido la movilización con argumentos centrados en el coste de la vida.

Desde Compromís se argumenta la necesidad de protestar «por una vivienda digna, porque tener un techo no puede ser jamás un privilegio», insistiendo en que «la vivienda es para vivir, no es para especular» y que «trabajar es para poder vivir, no vivir para trabajar».

Copé (EU-Podem) ha profundizado en este sentido asegurando que «la vivienda y el trabajo no son dos luchas distintas, son en realidad la misma pelea por una vida que merezca la pena vivir», cuestionando que se haya llegado a un escenario donde «tener un trabajo no garantiza poder vivir dignamente».

Tanto la portavoz del PP como el edil de Vox Mario Ortolá atribuyen el malestar social a la gestión del Ejecutivo central tras ocho años de mandato de la izquierda. Ortolá ha calificado la convocatoria como «la primera huelga contra la oposición de la historia de España», aseverando rotundamente: «Por supuesto que es inconstitucional».

Tensión por la vivienda y la inmigración

El acceso al mercado inmobiliario ha focalizado el tramo final de la sesión plenaria. La portavoz del PSOE, Trini Amorós, ha interpelado directamente al alcalde, Luis Barcala (PP), demandando actuaciones concretas para dar salida a las «aproximadamente 15.000 viviendas vacías que existen en la ciudad».

Amorós critica el coste de los inmuebles protegidos citando la promoción de la calle Ceuta: «272.000 euros» por inmueble con una entrada requerida de «55.000 euros». «Eso es lo que ocurre en la calle Ceuta», ha denunciado la concejal socialista, añadiendo que la problemática reside en que «aunque trabajen, la vivienda sigue fuera de su alcance».

Además, Amorós ha hecho alusión a las irregularidades denunciadas en la adjudicación de las VPP del Residencial Les Naus, afirmando que se repartieron «entre amigachos del PP».

El concejal del PP Carlos de Juan ha replicado defendiendo que el programa municipal de alquiler asequible gestiona «más de 573 viviendas en la actualidad», recriminando a la izquierda que exija seguridad jurídica a la Administración local mientras el Gobierno central la ha «dinamitado» mediante «políticas intervencionistas» y «decretos lamentables».

Por su parte, Vox ha logrado sacar adelante -con sus votos y los del PP- una propuesta propia con medidas sobre la crisis residencial. El encargado de defenderla, Óscar Castillo, ha vinculado directamente la demanda de inmuebles con los flujos migratorios al manifestar que «África no cabe en España».

Castillo ha recalcado: «No podemos incorporar a millones de personas a nuestro país mientras la construcción de viviendas permanece prácticamente estancada y pretenden que esto no tenga consecuencias sobre los precios».

Para atajar el problema, Vox propone fijar la «prioridad nacional» en las ayudas públicas, agilizar licencias, aumentar la oferta de suelo, reducir tributos y perseguir la ocupación ilegal, demandando al mismo tiempo «transparencia y controles efectivos, especialmente después de las controversias surgidas en torno a Les Naus».

Ante el condicionante del origen nacional, el edil 'popular' Carlos de Juan ha matizado la postura de su grupo aclarando que, si bien comparten la preocupación de fondo, «priorizar por arraigo no es lo mismo que excluir por nacionalidad».

Por último, la mayoría absoluta que suman PP y Vox ha rechazado una última moción de Compromís que pretendía instar al Gobierno central a redactar una nueva Ley de Bases de Régimen Local para impulsar la descentralización municipal y permitir el empleo de los remanentes de tesorería locales para la adquisición pública de vivienda.