Imagen aérea del Paseo de los Mártires en Alicante, una de las Zonas de Bajas Emisiones

Imagen aérea del Paseo de los Mártires en Alicante, una de las Zonas de Bajas EmisionesAyuntamiento de Alicante

El Gobierno acorrala a Alicante con la imposición de multas en las Zonas de Bajas Emisiones pese a registrar una calidad de aire óptima

El Ejecutivo endurece los decretos para forzar sanciones, una medida que castiga a las economías familiares más vulnerables y golpea de forma directa a los consistorios del Partido Popular

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido endurecer la legislación medioambiental obligando a los ayuntamientos a aplicar de forma inmediata un régimen sancionador en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) sin posibilidad de establecer periodos transitorios de adaptación.

Esta directriz, aprobada el pasado 3 de noviembre en Consejo de Ministros mediante la modificación del Real Decreto 1052/2022, choca frontalmente con la situación de ciudades como Alicante, donde los registros oficiales demuestran que la calidad del aire nunca ha rebasado los umbrales permitidos, incluso durante los habituales episodios de intrusión de polvo sahariano.

La reforma, plasmada en el Real Decreto 953/2026 publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y cuya entrada en vigor está fijada para el 26 de noviembre, responde a la intención del Ejecutivo de evitar que los consistorios delimiten áreas de tráfico restringido únicamente sobre el papel.

Sin embargo, al imponer la obligación de multar a los vehículos más contaminantes -especialmente los de motorización diésel-, el decreto ignora la realidad ambiental de municipios que ya cumplen sobradamente con los estándares europeos de salubridad atmosférica.

En este escenario, la nueva exigencia ministerial traslada el coste de la transición ecológica directamente a las economías familiares más vulnerables, ya que castiga con sanciones de 200 euros a aquellos ciudadanos que carecen de capacidad financiera para sustituir su automóvil antiguo por un vehículo híbrido o eléctrico.

Señales de la zona de bajas emisiones (ZBE) a la altura de la avenida de Dénia, en la ciudad de Alicante

Señales de la zona de bajas emisiones (ZBE) a la altura de la avenida de Denia, en la ciudad de AlicanteEuropa Press

Al mismo tiempo, el giro normativo ejerce una fuerte presión institucional y financiera sobre numerosos ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, que habían optado por modelos de gestión menos punitivos para los vecinos.

Un modelo respaldado por los datos

El Ayuntamiento de Alicante puso en marcha su Zona de Bajas Emisiones en cumplimiento estricto de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a adoptar planes de movilidad sostenible.

Tras aprobar el proyecto técnico y la ordenanza reguladora a finales de 2024, el Consistorio delimitó un perímetro de 7,49 kilómetros cuadrados en el interior del anillo de la Gran Vía -abarcando 22 barrios y una población residente de 157.498 habitantes- y desplegó una amplia red de cámaras y sensores ambientales para analizar el tráfico en tiempo real.

Datos de calidad del aire en la ciudad de Alicante a fecha 13 de noviembre de 2026

Datos de calidad del aire en la ciudad de Alicante a fecha 13 de noviembre de 2026iqair.com

Según ha podido comprobar El Debate tras contactar con fuentes municipales, las mediciones recopiladas desde la instalación de los equipos confirman que Alicante no padece un problema estructural de contaminación.

Los niveles de emisiones contaminantes se han situado de forma constante por debajo de los límites legales, manteniendo estos parámetros favorables incluso en las jornadas en las que la llegada de arena procedente del Sáhara altera la atmósfera de la capital alicantina.

Por este motivo, el equipo de Gobierno local liderado por el 'popular' Luis Barcala diseñó una ZBE orientada a la digitalización y a la toma de datos -manteniendo las restricciones de acceso exclusivamente en el casco antiguo-, rechazando prohibir la circulación a los vehículos diésel para no perjudicar a los trabajadores y residentes con menor poder adquisitivo.

Riesgo de perder fondos europeos

Con la entrada en vigor del Real Decreto 953/2026, el margen de maniobra de las entidades locales queda drásticamente reducido.

La modificación del artículo 10.3 del decreto original exige a los ayuntamientos acreditar documentalmente ante el Ministerio para la Transición Ecológica cinco requisitos indispensables: una ordenanza vigente, restricciones de acceso efectivas según el distintivo ambiental, sistemas de vigilancia operativos, integración con el Punto de Acceso Nacional de la Dirección General de Tráfico (DGT) y la aplicación real del régimen sancionador.

Equipos de medición de calidad del aire de la ZBE en Alicante

Equipos de medición de calidad del aire de la ZBE en AlicanteAyuntamiento de Alicante

La normativa prohíbe de manera expresa las moratorias basadas en el envío de cartas informativas. De no remitir la documentación que demuestre la imposición efectiva de multas, el Ministerio considerará que la ZBE no está implantada.

Esta declaración de incumplimiento expone a los municipios a graves consecuencias económicas, entre las que destacan la pérdida de las subvenciones estatales y europeas destinadas al transporte público y la obligación de reintegrar los fondos europeos NextGenerationEU recibidos para financiar la infraestructura tecnológica de control de tráfico.

Un escenario condicionado por las elecciones

El pulso normativo entre el Gobierno central y los consistorios se produce a escasos días de una cita decisiva en las urnas. El próximo 29 de noviembre, con la celebración de las elecciones generales en España, un horizonte político que podría revertir de forma inmediata la aplicación de este decreto.

De confirmarse un cambio de ciclo en el que el Partido Popular y Vox logren sumar mayoría absoluta y formar gobierno, resulta altamente previsible que la modificación aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez sea derogada, devolviendo a los ayuntamientos la autonomía para gestionar su movilidad urbana conforme a sus verdaderos indicadores medioambientales y sin penalizar a los conductores con menos recursos.

comentarios
tracking

Compartir

Herramientas