La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, durante un mitin electoralEfe

Irene Montero exige cuadruplicar el impuesto a los pisos vacíos: «Los negocios se hacen con vino o con relojes, no con las viviendas»

La candidata de Podemos a las elecciones generales reclama en Elche aplicar el artículo 128 de la Constitución para abaratar un 40% los alquileres, expropiar 650.000 inmuebles y redirigir el gasto militar hacia las pensiones y las trabajadoras del calzado

La eurodiputada y cabeza de lista de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre, Irene Montero, ha reclamado este lunes desde Elche (Alicante) la intervención pública del mercado inmobiliario al amparo del artículo 128 de la Constitución española, que subordina toda la riqueza del país al interés general.

Arropada por representantes de la coalición Compromís-Front Valencià antes de reunirse con colectivos por el derecho a la vivienda, la dirigente ha defendido que el Estado dispone de herramientas legales para actuar en sectores estratégicos como la energía, la alimentación o el acceso a un hogar.

«Ya es hora de que utilicemos esa habilidad constitucional para la cual nos habilita la Constitución», ha sostenido ante los medios, planteando como eje central una rebaja del 40 % en los alquileres, la prohibición de los pisos turísticos y una reforma fiscal para penalizar los cerca de cuatro millones de inmuebles desocupados que calcula que existen en España.

Para movilizar ese parque residencial frente a la dificultad de millones de familias para encontrar alquiler, la formación morada plantea un gravamen específico que multiplique por cuatro la carga tributaria actual de los inmuebles sin uso. «Proponemos crear un nuevo gran impuesto a la vivienda vacía para que las personas que tienen vivienda vacía paguen el cuádruple de lo que pagan ahora por esas viviendas», ha detallado Montero.

El paquete de choque incluye también la expropiación de más de 650.000 pisos en manos de fondos buitre para destinarlos al alquiler social, el veto a la compra especulativa y la supresión de todas las deducciones a los arrendadores.

A su juicio, «no puede ser que la única manera de que los caseros pongan una vivienda a un precio asumible sea regalarles dinero público» que debería financiar la sanidad, la educación o las pensiones.

En este punto, ha contrapuesto la falta de intervención en el sector inmobiliario con el rescate financiero: «La banca en este país, que está teniendo beneficios récord, milmillonarios, de 35.000 millones de euros, le debe a la ciudadanía en el Estado español 100.000 millones de euros que todavía no ha devuelto».

La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, durante un acto de campañaEuropa Press

La candidata ha advertido asimismo de que su partido está dispuesto a defender este giro regulatorio ante la Comisión Europea aunque genere fricciones en Bruselas, subrayando la necesidad de contar con un «Gobierno valiente» que priorice el derecho habitacional sobre los intereses empresariales.

Su visita ha servido para respaldar la candidatura al Congreso por Alicante de Compromís-Front Valencià, encabezada por la coordinadora de Podem País Valencià, María Teresa Pérez, junto al número dos provincial, Natxo Bellido, y la portavoz municipal en Elche, Esther Díez.

Críticas al gasto militar

Más allá de la crisis de vivienda, Montero ha cargado contra el incremento del presupuesto de Defensa impulsado en el ámbito internacional por Donald Trump, la OTAN y las instituciones europeas, cifrando en 36.000 millones de euros el esfuerzo armamentístico proyectado.

La dirigente ha calificado de «escándalo» las partidas aprobadas recientemente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en esta materia: «Los últimos consejos de ministros han sido un escándalo. 2.200 millones en armas, 4.200 en el siguiente consejo de ministros, 11.900 en el siguiente consejo de ministros».

Frente a esta orientación presupuestaria, ha exigido reorientar los fondos públicos hacia el control del precio de los alimentos, el acceso a la vivienda y el refuerzo de las pensiones mínimas y no contributivas.

Precariedad en el calzado ilicitano

Esa reivindicación presupuestaria la ha vinculado directamente con la situación laboral de la industria del calzado en Elche, uno de los principales polos fabricantes del país. «En Elche la economía la sostienen esas mujeres», ha afirmado Montero en referencia a las trabajadoras del sector, a quienes ha descrito como víctimas de una precariedad estructural marcada por bajos salarios, contratos irregulares, falta de reconocimiento de sus enfermedades profesionales y una economía sumergida que «mantiene a muchas mujeres en condiciones de semiesclavitud».

Para revertir esta situación y cerrar la brecha de género en las prestaciones tras décadas de trabajo, ha propuesto un abordaje integral basado en aflorar el empleo irregular, garantizar salarios dignos, catalogar sus patologías laborales y elevar las pensiones más bajas.

Por último, cuestionada por la prensa sobre la agresión denunciada durante el fin de semana contra un candidato del Partido Popular en Guipúzcoa, la cabeza de lista de Podemos ha abogado por que la campaña electoral se desarrolle con normalidad y ha condenado el suceso: «Bueno, si ha habido una agresión, pues por supuesto, sí».