Vista del Parque Natural de la Albufera

Vista del Parque Natural de la AlbuferaAyuntamiento de Valencia

Valencia

Mazón y Catalá hacen frente común por la Albufera tras el desplante del Gobierno de Sánchez

La alcaldesa de Valencia envió en diciembre una carta a Teresa Ribera para solicitar una reunión, pero la ministra de Transición Ecológica simplemente le remitió a la Confederación Hidrográfica del Júcar

El Ayuntamiento de Valencia y el Gobierno de Carlos Mazón hacen frente común por la Albufera tras el desplante del Ejecutivo de Pedro Sánchez de la mano de la vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien hizo oídos sordos a las peticiones del Consistorio para tratar de socorrer al Parque Natural.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se reunió el pasado lunes con la consejera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas; con el concejal de Dehesa-Albufera, José Gosálbez; y con el director general de Medio Natural, Raúl Mérida, para hacer seguimiento del estado de por la Albufera y anunciar que el Ayuntamiento y la Generalitat van a solicitar al Gobierno Central un Protocolo de Emergencia ante situaciones críticas que de estabilidad a la gestión del parque.
Pradas anunció que se reunirá este miércoles con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para tratar la situación del parque natural e iniciar los trámites para la declaración de Reserva de la Biosfera.
Así, aseguró que la voluntad del Consell «es trabajar de la mano del Ayuntamiento para reclamar los caudales necesarios para nuestra Albufera». La consejera recordó que en las últimas semanas «hemos pasado un episodio extraordinario en el que no teníamos agua suficiente por la escasez de lluvias y las altas temperaturas de este otoño, además de la aparición de unas algas que han causado una coloración diferente». Este episodio –añadió– «llevó al Consell y al Ayuntamiento a reclamar caudales extraordinarios y tenemos que tener la seguridad de que si se producen estas situaciones exista un protocolo para actuar de forma inmediata cuando se den estas soluciones extraordinarias».
La consejera también adelantó que en su encuentro con el secretario de estado también trasladará la importancia de que por la Albufera sea incluida en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la UNESCO, lo que elevaría a tres los espacios que cuentan con esta distinción en la Comunidad Valenciana junto al Alto Turia y el Valle del Cabriel. Tal y como explicó la consejera, «este es un proyecto que iniciamos estando en el Gobierno hace más de 10 años y que ahora, tras haber sido olvidado en un cajón por el Botànic, retomamos».
Por su parte, Catalá agradeció la presencia de la consejera «en una semana tan significativa para nosotros, en la que iniciamos los actos de la Capitalidad Verde Europea de la ciudad de Valencia, y hemos querido que la primera reunión de trabajo sea de la Albufera con varios objetivos», explicó la alcaldesa.
Salomé Pradas y María José Catalá, durante una reunión

Salomé Pradas y María José Catalá, durante una reuniónGVA

«Queremos liderar una candidatura coordinada con los trece municipios del ámbito territorial del Parque Natural de la Albufera para que la Albufera sea declarada por la Unesco como Reserva de la Biosfera y, además, reclamamos la implicación del Gobierno de España en la conservación del lago, mediante un aporte hídrico mínimo blindado de 34,5 hm3/año, en cumplimiento de lo establecido en el Plan Hidrológico del Júcar», afirmó Catalá.

Un trato como el de Doñana

«Lo que nosotros exigimos es un trato similar al del Gobierno hacia Doñana, para garantizar las necesidades hídricas del lago y proteger su valor ecológico y ambiental. Necesitamos un protocolo claro y un compromiso serio y sincero», añadió la regidora.
Además, Catalá aseguró que «el pasado mes de diciembre le envié personalmente una carta a la ministra de Transición Ecológica solicitando una reunión y mi preocupación por el caudal, a la cual no solo no he recibido respuesta, si no que directamente nos ha remitido a la Confederación Hidrográfica, con la que ya estamos en contacto».
«Yo les digo que voy a volver a insistir a la ministra que Valencia, tercera ciudad de este país, tiene suficiente entidad como para que se lo tome en serio. Que no se esconda, que el Ayuntamiento de Valencia le pide, institucionalmente, una reunión con ella, entre otras cosas porque el Pleno aprobó el pasado 20 de diciembre una moción que insta a la Confederación Hidrográfica del Júcar a cumplir la norma y aprobar esa dotación mínima para el periodo 15 octubre-15 mayo», indicó.
La situación de la Albufera ha mejorado en las últimas dos semanas gracias a los aportes hídricos extraordinarios que se están realizando procedentes de la Acequia Real del Júcar y de la EDAR de Pinedo, según apuntan desde el Consistorio y desde el Gobierno regional en un comunicado conjunto. «Estas actuaciones son fruto de acuerdos alcanzados entre el Ayuntamiento, la Generalitat y la Confederación Hidrográfica del Júcar, tras la presión ejercida tanto por el consistorio como por la Consejería».

«Ocho años en los cajones»

Por otro lado, la titular de Medio Ambiente puntualizó que uno de los requisitos para obtener la declaración pasa «por contar con sistemas de gestión de los usos humanos y las actividades de la zona susceptible de ser declarada reserva». Para ello, precisó que «es necesario contar con las normas reguladoras del parque natural», es decir, el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). Tanto la elaboración del primero como la renovación del segundo «llevan ocho años en los cajones y ha sido el Consell que preside Carlos Mazón el que ha retomado su puesta en marcha».
En este sentido, Pradas avanzó que esta misma semana firmará la orden de consulta pública previa del PRUG y recordó que «el próximo 11 de enero se reunirá la Junta Rectora del Parque para abordar estas cuestiones».
La consejera de Medio Ambiente detalló que este proceso supondrá «una renovación profunda de las normas reguladoras con el máximo diálogo e implicación de todos los agentes implicados, siempre desde la convicción de que protección y desarrollo social y económico son perfectamente compatibles».
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