Una Guerra de Manual: el «modus operandi» ruso

Tras casi cinco años del comienzo de la agresión rusa a Ucrania, no pocos analistas, dirigentes y jefes de estado siguen preguntándose cuáles son las reales intenciones del Presidente Putin, a pesar de que siempre las tuvieron ante sus ojos. La actuación de Rusia, y particularmente la agresión contra Ucrania, no debe entenderse como una sucesión de decisiones improvisadas del presidente ruso, sino como la aplicación de una doctrina estratégica coherente y continuada durante décadas. Podría decirse que existe un auténtico «manual de instrucciones» formado por documentos oficiales, doctrinas militares, prácticas institucionales y experiencias acumuladas por los servicios de inteligencia y seguridad soviéticos y rusos. Conocer este patrón permite comprender mejor los designios del Kremlin y responder de forma más eficaz a la amenaza que representan.

El primer elemento del «manual» se encuentra en la Doctrina Brezhnev, aplicada para justificar la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968, que replicó la intervención anterior en Hungría en 1956. Esta doctrina sostenía que los Estados socialistas tenían una soberanía limitada y que Moscú tenía derecho a intervenir cuando considerase que el socialismo estaba amenazado. La intervención militar se presentaba como una forma de «legítima defensa colectiva», intentando encajarla jurídicamente en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

Aunque la Unión Soviética desapareció, esta lógica no desapareció con ella, sino que fue heredada y adaptada por Rusia. El Concepto de Política Exterior ruso, en sus distintas versiones desde 1993 hasta 2023, muestra una progresiva consolidación de la idea del espacio postsoviético como una zona de intereses vitales para Rusia. También aparece la pretensión de proteger a los llamados «compatriotas rusos» en el extranjero, asociada al concepto de Russkiy Mir o «Mundo Ruso», lo que constituye una actualización de la doctrina Brezhnev. Antes, Moscú defendía su control del «Bloque Socialista», al que consideraba su zona de influencia irrenunciable, y hoy persigue el control del «Mundo Ruso», al que también considera como tal.

En este sentido, el célebre artículo de Valeri Gerasimov de 2013, titulado El valor de la ciencia está en la previsión, suele interpretarse por los expertos como un manual de guerra híbrida. Pero, más que presentar una nueva doctrina, el texto sistematiza instrumentos y tácticas que el aparato policiaco-militar ruso ya venía empleando: desinformación, presión económica, chantaje energético, uso de fuerzas irregulares, operaciones encubiertas, y diplomacia que justificase todo ello ante la Comunidad Internacional.

El segundo componente del sistema son dos conceptos operativos procedentes de la tradición militar soviética: Maskirovka y Refleksivnoye upravleniye, o control reflexivo.

La Maskirovka (enmascaramiento) no consiste simplemente en ocultar tropas o equipo. Es una doctrina integral de engaño y ocultación. Entre sus mecanismos se encuentran la negación plausible de la participación rusa en conflictos, las operaciones de falsa bandera, la desinformación y la construcción de relatos alternativos destinados a dividir la respuesta internacional. Un ejemplo característico sería presentar a soldados rusos como «voluntarios» o negar inicialmente la participación directa de Rusia.

El Refleksivnoe upravlenie (control reflexivo) es todavía más sofisticado. Desarrollado por el matemático y teórico militar Vladimir Lefebvre durante los años sesenta y setenta, consiste en proporcionar al adversario la información necesaria para que termine tomando, por iniciativa propia, la decisión que el actor ruso desea que adopte. No pretende necesariamente convencer al enemigo de una determinada verdad, sino condicionar su proceso de decisión.

Esta idea permite explicar por qué la propaganda rusa no necesita que todo el mundo crea en una determinada versión de los hechos. Basta con generar suficiente duda, confusión y desacuerdo para impedir que los adversarios adopten una respuesta colectiva rápida. La desinformación se convierte así en una herramienta para paralizar, más que para persuadir.

Hay un patrón de actuación que se repite en numerosas intervenciones rusas y soviéticas.

La primera fase consiste en construir un pretexto legítimo: Antes de intervenir se desarrolla una narrativa que presenta la futura acción como defensiva. Los argumentos pueden variar: protección de ciudadanos rusos, defensa frente a una amenaza ideológica, prevención de un supuesto genocidio de población ruso parlante o reacción frente a una desestabilización provocada por Occidente.

La segunda fase es la puesta en práctica de operaciones de inteligencia e infiltración. El GRU (inteligencia militar) y otros servicios de seguridad activan redes existentes, buscan dirigentes locales aprovechables, apoyan determinados partidos o medios y estudian las divisiones sociales que pueden ser explotadas. Este trabajo se desarrolla durante meses o incluso años antes de determinadas intervenciones.

La tercera fase consiste en crear o activar una entidad política local que permita presentar la intervención como una respuesta a una petición de ayuda. El objetivo es dotar de una apariencia jurídica a la intervención. Ejemplos de ello son las intervenciones del Kremlin en Hungría, Checoslovaquia, Georgia, Moldova y, más recientemente, en las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk.

La cuarta fase utiliza fuerzas armadas cuya identificación resulta inicialmente difícil: tropas sin distintivos militares, «voluntarios», contratistas privados y milicias locales dirigidas o apoyadas por cuadros rusos. Esta estrategia permite mantener la negación plausible y retrasar la reacción internacional.

La quinta fase consiste en conseguir rápidamente una situación irreversible o difícil de revertir. Se crean «hechos consumados» antes de que la comunidad internacional pueda responder: Hungría en 1956, Checoslovaquia en 1968, Afganistán en 1979, Abjasia, Osetia del Sur, Crimea y el Donbass. La lógica consiste en hacer que, una vez consolidada la nueva situación, el coste de revertirla parezca superior al de aceptarla.

Finalmente, llega la campaña de desinformación posterior a la intervención. Rusia multiplica explicaciones contradictorias, acusa a Occidente de comportamientos equivalentes, utiliza precedentes como Kosovo o Irak y desarrolla una narrativa patriótica dirigida a su propia población. El propósito fundamental no sería necesariamente que una versión concreta sea aceptada universalmente, sino sembrar suficiente confusión para dificultar una respuesta internacional unificada.

Importancia especial reviste el GRU, la inteligencia militar rusa. Esta organización constituye uno de los principales depositarios de la memoria operativa acumulada desde la época soviética. Sus agentes de la llamada Línea S, dedicados a operaciones clandestinas de larga duración en países objetivo, desempeñarían un papel importante en las fases de infiltración y creación de estructuras locales.

La clave de la continuidad de la conducta rusa no estaría únicamente en los documentos doctrinales, sino en la continuidad institucional y de los cuadros. Mientras el KGB fue fragmentado después de 1991 en estructuras como el FSB (inteligencia interior) y el SVR (inteligencia exterior), el GRU mantuvo una continuidad orgánica mucho mayor.

Así, el sistema se apoyaría en cuatro pilares: una doctrina formal distribuida en distintos documentos; una formación continuada en academias militares y de inteligencia; la transmisión de experiencias y «mejores prácticas» entre generaciones de oficiales; y el análisis interno y clasificado de las operaciones anteriores.

Esta memoria institucional permitiría adaptar el mismo esquema general a contextos diferentes. Por ello, las intervenciones militares desde Budapest en 1956 hasta Ucrania en 2022 aparecen como expresiones de una misma cultura estratégica, aunque modificadas para responder a circunstancias concretas.

La Ley soviética de 3 de abril de 1990 sobre el procedimiento para la salida de una república de la URSS es una pieza fundamental que suele quedar fuera de los análisis occidentales.

Aunque la Constitución soviética reconocía formalmente el derecho de secesión, la nueva ley establecía unas condiciones que, en la práctica, hacían extremadamente difícil ejercerlo. En primer lugar, exigía una mayoría favorable de dos tercios del censo, no simplemente de los votantes. En segundo lugar, imponía un período de transición de cinco años durante el cual la república continuaría bajo soberanía soviética.

Pero más relevante era el mecanismo de las minorías territoriales: si dentro de una república existían minorías nacionales concentradas territorialmente y dotadas de estructuras autónomas (se pensaba, obviamente, en las minorías rusas o prorrusas) , estas podían celebrar sus propios referendos para decidir si permanecían en la URSS o seguían a la república que pretendía independizarse. De este modo, una minoría territorial podía bloquear o complicar la secesión o ser utilizada para negar la soberanía de la nueva república surgida tras la desintegración de la URSS.

Además, el procedimiento requería finalmente la aprobación del Soviet Supremo de la URSS, otorgando a Moscú un veto definitivo.

Esta estructura jurídica se convirtió en una especie de plantilla operativa para conflictos en el espacio postsoviético, como los de Osetia del Sur y Abjasia en Georgia, Transnistria en Moldova, Nagorno-Karabaj en Azerbaiyán y, especialmente, Crimea y el Donbass en Ucrania.

Rusia no aplicó formalmente esta ley después de la desaparición de la URSS, pero conservó su lógica política y territorial. La utilización de minorías compactas, territorios definidos, consultas populares y reconocimiento ruso reproduciría, de forma adaptada, la citada arquitectura jurídica.

La explicación según la cual Rusia se habría radicalizado principalmente como reacción a la expansión de la OTAN no corresponde a la realidad. Fue justo al revés: fueron los países del antiguo bloque soviético los que buscaron protección de la OTAN precisamente porque Rusia se radicalizaba. Percibían una creciente amenaza rusa y un vacío de seguridad en Europa Central y Oriental que los dejaba desprotegidos. Y no se equivocaban.

La cronología que así lo muestra comienza con el golpe contra Gorbachov de 1991, que hizo temer a los países bálticos una restauración del control soviético. En 1992, Rusia apoyó a fuerzas separatistas en Transnistria, Abjasia y Osetia del Sur. En 1993, el triunfo electoral de comunistas y nacionalistas en las parlamentarias reforzó los temores en Europa central. En 1994, la Primera Guerra de Chechenia mostró la disposición de Rusia a emplear una violencia extrema e indiscriminada contra su población civil.

Solo después de estos acontecimientos, en 1994, Polonia, Hungría y la República Checa solicitaron formalmente el acceso al proceso de su adhesión de la OTAN. La citada secuencia demuestra que el miedo a Rusia precedió a la ampliación de la Alianza.

Testimonios de dirigentes países de Europa central y oriental, con experiencia directa de la dominación y deportaciones soviéticas, como Lech Wałęsa, Václav Havel, y los de los países bálticos, interpretaron la deriva política rusa de los primeros años noventa como una amenaza concreta y palpable a su seguridad. Los hechos posteriores les dieron la razón.

Entre 1991 y 1993 existió una posible ventana de integración de Rusia en el orden occidental, pero simultáneamente hubo intervenciones militares rusas en el espacio postsoviético y el aparato represivo soviético se conservó prácticamente intacto. La crisis constitucional de 1993, cuando el Presidente Yeltsin bombardeó su propio Parlamento, y el auge del nacionalismo revanchista marcaron un punto de inflexión. La guerra de Chechenia y, posteriormente, la llegada de Putin al poder en 1999 consolidaron la narrativa del Estado fuerte y la restauración imperial.

Así la causalidad se produjo de manera inversa a la narrativa oficial rusa: radicalización rusa → búsqueda de protección por parte de los países vecinos → adhesión a la OTAN, y no expansión de la OTAN → radicalización rusa.

¿Por qué, si el patrón ruso era reconocible, Occidente no habría respondido antes con suficiente firmeza?

Una primera explicación es la asimetría estructural. Rusia posee un liderazgo centralizado capaz de establecer una única narrativa y difundirla mediante el aparato estatal, medios como RT y Sputnik y actores políticos afines. Occidente, en cambio, está formado por numerosos gobiernos, parlamentos, partidos, medios independientes y opiniones públicas diferentes. La incoherencia occidental sería, por tanto, una consecuencia natural de su fragmentación política e ideológica.

A ello se añadieron los intereses económicos. Europa, especialmente Alemania, desarrolló durante décadas una importante dependencia energética de Rusia. Nord Stream 1 y 2 eran ejemplos de una relación que generó incentivos para evitar una confrontación política con Moscú. Los beneficios económicos hicieron más difícil reconocer y afrontar los riesgos estratégicos.

Se produjo, además, una «captura de las élites», mediante financiación de partidos, puertas giratorias para antiguos dirigentes políticos occidentales, influencia sobre think tanks e inversiones inmobiliarias. El resultado fué la existencia en algunos países occidentales de actores con intereses favorables a mantener relaciones estrechas con Rusia o a difundir sus argumentos.

Otra causa sería la «cobardía intelectual» del establishment académico y mediático. Según ello, existe una tendencia a explicar los conflictos mediante una fórmula de responsabilidades compartidas, porque afirmar claramente que Rusia es una potencia agresora y revisionista podía parecer excesivamente maniqueo. El resultado es que la búsqueda de una apariencia de equilibrio terminó favoreciendo al agresor.

Finalmente, aparece el miedo a la escalada nuclear. Desde 2014, los gobiernos occidentales temían que una respuesta demasiado contundente provocase una escalada hasta un conflicto nuclear. Aunque este temor es comprensible, Rusia ha aprendido a utilizar la amenaza nuclear como instrumento de presión para provocar la autocontención occidental.

La cuestión fundamental no es la falta de información, sino la falta de voluntad para actuar a partir de ella. Rusia habría mantenido durante décadas una doctrina relativamente coherente basada en la protección de sus intereses en el espacio postsoviético, la utilización de minorías, el engaño, la desinformación, la infiltración, las fuerzas irregulares y la creación de hechos consumados.

Frente a esta estrategia centralizada, Occidente respondió con divisiones internas, intereses económicos, dependencia energética, cálculos electorales, ambigüedad intelectual y temor a la escalada.

La diferencia esencial sería, por tanto, una diferencia de voluntad política. Rusia estaba dispuesta a asumir costes muy elevados para alcanzar sus objetivos y mantener su narrativa, mientras que los gobiernos occidentales han evitado durante décadas los costes económicos, políticos y estratégicos asociados a una respuesta más firme.

Ante la inminente gran ofensiva rusa contra Kiev, los dirigentes del resto de los Estados europeos deberán adoptar una dura disyuntiva. Opción A: mostrar la voluntad política necesaria para concienciar a sus pueblos del peligro, unificar esfuerzos, coordinar capacidades y estrategias, asistir a Ucrania con todos los medios posibles y asumir los sacrificios que sean necesarios. Opción B: preparar la acogida de millones de refugiados, aprender ruso y aceptar vivir en sumisión. Porque los designios de Putin están meridianamente claros.