Sumar Galicia quiere que la «desinformación» se incluya como delito en el código penal

A finales de este mes, Sumar celebrará su asamblea estatal. Durante el encuentro, Movemento Sumar Galicia, la delegación gallega de la formación fundada por Yolanda Díaz, propondrá que se incluya en el código penal un delito sobre la «desinformación».

Esta nueva tendencia, que comenzó con la entrada de Pedro Sánchez en la Moncloa y su primera intervención en el Congreso de los Diputados, se ha multiplicado en los últimos años, convirtiéndose en una suerte de persecución mediática y de opinión.

Sumar Galicia propone añadir en el apartado siete del texto político que se promuevan diversos mecanismos que impidan «la manipulación de la opinión pública con noticias falsas, uno de los cuales debe ser que entre en el código penal la difusión intencionada de mentiras con objetivos políticos». Su atención va, especialmente dirigida, a las redes sociales, un campo que consideran un problema, por lo que consideran una falta de moderación de los comentarios por parte de las plataformas.

Será Verónica Barbero, portavoz de sumar en el Congreso y presidenta de Sumar Galicia, la encargada de defender dicha propuesta ante el resto del partido. Barbero, junto al secretario general de la formación en Galicia, Paulo López, aseguran que el objetivo es conseguir que «el contenido y la intención de algunas opiniones y noticias» se consideren «como delito de odio, revelación de secretos, delitos contra la integridad moral o contra la salud pública». «Nuestra propuesta es la inclusión de la desinformación como delito, con una delimitación material mucho más clara, lo que ayudaría mucho a los jueces y a las juezas», añadieron.

El partido asegura que no está dirigido a atacar el «ejercicio de la libertad de expresión» pero, sin embargo, aseguran que es «necesario delimitar materialmente lo que se entiende como desinformación y sus distintas tipologías».

Una tendencia de la izquierda

Sumar ya se ha mostrado en varias ocasiones partidario de imponer castigo a aquello que consideran «desinformación». De hecho, el pasado mes de diciembre, Alberto Ibáñez, de Compromís, exigió al Gobierno de Pedro Sánchez que tomase medidas contra lo que calificó como «pseudomedios». Lo hizo aprovechando la catástrofe de la DANA para justificar que estos medios difundiesen teorías «conspiranoicas» sobre lo ocurrido. Por ello, aseguró que sería necesario «sancionar económicamente» a los medios que publicasen información al respecto.

En la misma línea, el Gobierno central aprobó en el Consejo de Ministros del 17 de septiembre del año pasado, el denominado como Plan de Acción por la Democracia.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicó que este conjunto de medidas era «una hoja de ruta con 31 medidas que el Gobierno va a ir implementando durante los próximos tres años para reforzar la limpieza de nuestra democracia y dotar de mayor transparencia al ecosistema de los medios de comunicación con el fin de garantizar una información veraz».

Aunque por el momento no se ha aprobado ninguna de estas medidas, el plan es continuista de las intenciones que mostró el propio Pedro Sánchez desde el comienzo de su mandato.