El Parlamento gallego pide a Interior una base de Vigilancia Aduanera contra el narcotráfico en la Costa de la Muerte

LA complejidad de la costa gallega la convierte en uno de los lugares perfectos para la entrada de droga en España. Este jueves, el Parlamento gallego ha respondido con unanimidad ante la necesidad de una base permanente de Vigilancia Aduanera en la Costa de la Muerte para evitar el narcotráfico.

La iniciativa, presentada por el PP, ha recibido el apoyo del resto de partidos de la cámara autonómica. La iniciativa también ha pedido que se garantice la plena operatividad horaria del personal de Vigilancia Aduanera para que «no vuelva a ocurrir que condicionantes económicos o la negativa a abonar horas extra comprometa la ejecución de operaciones contra el narcotráfico». También se demanda «garantizar una distribución equitativa y proporcionada de los medios» de este servicio en el conjunto de comunidades, «de tal modo que no se dé prioridad a determinados territorios por razones espurias».

En la Comisión Institucional, la diputada popular Paula Mouzo ha recordado que el narcotráfico «es una lacra que exige una postura firme de todos» ante «un problema que sigue ahí y creciendo en los últimos años», ya que «la situación va a peor». Avisa de que la droga «puede descargarse en una playa de la ría de Camariñas, pero su mano negra se expande por todo el territorio».

En esta comisión ha salido adelante otro acuerdo impulsado por el PPdeG, con abstención de BNG y PSdeG, en la que se insta al Gobierno central a aprobar la declaración de profesión de riesgo y la correspondiente jubilación anticipada para la Guardia Civil y Policía Nacional independientemente de que pertenezcan al régimen de clases pasivas o al régimen general.

Esta propuesta incluye una serie de peticiones como un aumento de efectivos en Galicia con una actualización del «obsoleto» catálogo de puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se requiere pide incrementar la dotación de medios, como pueden ser los chalecos antibalas, así como dejar fuera de la aplicación del código penal militar los hechos de la Guardia Civil que se produzcan fuera del ámbito laboral.

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha denunciado que los agentes padecieron 17.000 agresiones en el país en 2024, la cifra más alta en la serie histórica, ante la «pasividad» del Gobierno que se niega a reconocer esta profesión de riesgo. Denuncia que faltan más de 1.000 efectivos del catálogo de 5.000 en Galicia, al tiempo que alerta de «un desmantelamiento premeditado de la Guardia Civil en España».