Varios inmigrantes durante una acción de protesta por la expulsión de dos migrantes del centro de Monterroso
Galicia encarga un informe para dictaminar si el reparto de menores extranjeros impuesto por Sánchez es constitucional
La Xunta ya se ha pronunciado en contra del decreto en varias ocasiones. Lo califica de «imposición» y «trágala»
Este lunes, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha informado de que pedirán un informe al Consejo Consultivo de Galicia sobre una posible interposición de un recurso de inconstitucionalidad en relación al reparto de menores inmigrantes del Gobierno de España.
Para el Ejecutivo gallego, el Real Decreto ley 2/2025 del pasado 18 de marzo, podría resultar inconstitucional por invadir las competencias autonómicas –en este caso, las de Galicia– en materia de asistencia social y protección de menores.
Rueda ha calificado de «trágala sin diálogo» dicho decreto y ha afeado la falta de planificación para llevarlo a cabo. Además, ha considerado que se trata de algo «injusto e incoherente» y, por lo tanto, difícil de tramitar.
Además, el Gobierno autonómico asegura que el uso del Real decreto como forma de gobernar no es apropiado en esta ocasión y que supera los límites fijados para este tipo de figura legislativa.
Un alto coste autonómico
En marzo de este mismo año, Rueda recordó que el sistema gallego sufre una sobreocupación del 108 % y cifró en 30 millones de euros el coste que supondría cumplir los planes del Gobierno de Pedro Sánchez.
Sobre esto también se pronunció este lunes al entender que la fórmula fijada para compensar los gastos que supone la recepción de estos menores puede dejar a Galicia fuera del sistema de financiación de los costes de alojamiento.
El Gobierno advierte de que este modelo obligaría a Galicia a emplear sus propios fondos para prestar un servicio que le ha sido impuesto por Sánchez sin ningún tipo de acuerdo previo.
Blanco apela a la «solidaridad»
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se pronunció sobre esto la pasada semana.
Blanco pidió a la Xunta actuar de manera «solidaria». «Estamos haciendo una valoración de una conferencia sectorial que no tuvo lugar», expuso Blanco, quien pidió ser «solidarios». «Y a partir de ahí empezaremos a hablar», sentenció el mismo día que el propio Rueda había calificado de imposición el Decreto.
