Un grupo de turistas consulta una carta en la terraza de un bar en Santiago de Compostela
La tasa turística se pone de moda en Galicia: La Coruña y Santiago ya la han aprobado
El alcalde de Vigo también ha anunciado que creará este tributo a los visitantes
A mediados del siglo XX nació el lema «La Coruña, la ciudad donde nadie es forastero», que la historia atribuye al entonces alcalde Sergio Peñamaría de Llano. Más de sesenta años después, la ciudad ha decidido aprobar una polémica medida que ataca de forma directa al turismo: una tasa que deberán pagar todos los visitantes que pernocten en la urbe, incluidos los que lleguen en cruceros.
El portavoz del Gobierno socialista que ha impulsado esta medida, José Manuel Lage Tuñas, describe esta iniciativa como una «herramienta fiscal» que permitirá alcanzar el objetivo de lograr «un modelo turístico más sostenible, más equilibrado y más justo». Así lo manifestó a finales del pasado mes de julio, cuando el PSOE y su socio de investidura, el BNG, se aliaron para dar luz verde a este nuevo tributo.
La tasa turística coruñesa entrará en vigor el próximo mes de septiembre, según avanzó Lage Tuñas. Hay una excepción: este recargo se retrasará hasta enero de 2026 en el caso de los cruceristas. Será de entre 1 y 2,5 euros diarios.
La puesta en marcha de esta medida, que fue anunciada a principios de este año, ha generado una importante polémica en la ciudad, con múltiples negocios del sector afectados. El PP coruñés votó en contra de esta propuesta al entender que no existen indicadores oficiales de que la ciudad cuente con presión turística suficiente para perjudicar a los vecinos.
El portavoz municipal aseguró que el dinero recaudado se dedicará a la «promoción del turismo, mejoras del espacio público y refuerzo de servicios esenciales como la limpieza».
Santiago
La capital de Galicia también dio luz verde a la aplicación de una tasa turística a finales de julio. En este caso, el Gobierno local del BNG ya había planteado esta iniciativa antes que La Coruña. En el caso de Santiago de Compostela, la concejal de Turismo, Míriam Louzao, definió la aprobación del tributo como «un día crucial para los vecinos» y afirmó que servirá para «equilibrar costes que genera la actividad turística».
La medida salió adelante con los votos a favor del BNG, Compostela Aberta, el PSOE y concejales no adscritos. Mientras que el PP optó por la abstención. La intención inicial del Ejecutivo nacionalista era que este impuesto entrase en vigor de forma inmediata tras la publicación oficial de la ordenanza. Sin embargo, cedió a la presión del sector hotelero y retrasó la fecha hasta el 1 de octubre. El precio del tributo será de entre 1 y 2,5 euros diarios.
El Ayuntamiento santiagués también ha acordado la creación de una comisión de seguimiento, que asumirá el Foro de Turismo Sostenible. Este foro estará compuesto por representantes municipales, del sector turístico y de asociaciones vecinales, y su labor será supervisar el destino de la recaudación, de la cual el 80 % deberá destinarse a acciones de turismo sostenible, tal como estipula la ley. Además, será en ese espacio donde se debatirá la posible implantación de una tasa al excursionismo.
Abel Caballero se suma
Vigo también prevé sumarse a la tendencia de cobrar a los turistas. Su alcalde, Abel Caballero (PSOE), anunció a finales de julio que implantará este impuesto, igual que lo han hecho La Coruña y Santiago. Las personas que pernocten en la ciudad tendrán que pagar entre 1 y 2,5 euros por noche.
Caballero afirmó que fueron los propios hosteleros de la ciudad los que le sugirieron la creación de esta tasa y él considera «bueno» que desde el ámbito turístico se «contribuya», por lo que se iniciará el proceso para implantarla.
Los gobiernos municipales de La Coruña, Santiago de Compostela y Vigo pueden aplicar esta tasa después de que la Xunta de Galicia (PP) aprobase una ley el pasado mes de diciembre en la que se incluye la creación del denominado «impuesto gallego sobre las estancias turísticas en la Comunidad Autónoma de Galicia», que también puede ser implantado a nivel municipal. En concreto, figura en la Ley 5/2024, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.