La Xunta exige a la izquierda que «pida perdón» por la campaña de toxicidad de los pélets

La Xunta de Galicia ha celebrado que el juzgado de Noya le ha «dado la razón» en su auto de archivo de las actuaciones por el vertido de pélets de diciembre de 2023, donde concluye que esos elementos no eran tóxicos, aunque ha recordado que la administración autonómica realizó el trabajo de limpieza y que el Gobierno central le debe a los gallegos 2,3 millones de euros del coste de esas tareas.

Así lo ha trasladado la consejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que ha recordado que la Xunta había advertido de que los pélets no eran tóxicos.

Al respecto, ha lamentado que «algunos partidos», diciendo «lo contrario», le hicieron «un flaco favor» a Galicia y a sectores como el turismo y los trabajadores del mar. «Les pediría ahora que pidan perdón, pero sobre todo que reflexionen cuando ocurran cosas de este tipo, que se fíen de la Administración», ha señalado Ángeles Vázquez.

Con todo, la consejera ha remarcado que «hubo un trabajo» que la Xunta tuvo que remunerar, para llevar a cabo una «limpieza exhaustiva» de las playas a donde llegaron los pélets. «Y el Gobierno central le debe a todos los gallegos y gallegas 2,3 millones de euros», ha aseverado Ángeles Vázquez.

Sin toxicidad

La titular de Medio Ambiente ha añadido que al Gobierno gallego le da igual si el Ejecutivo hace el pago directamente o si le pide responsabilidades a la naviera del Toconao, el buque que perdió la carga. «Pero tienen que actuar, lo estamos demandando y no vamos a cesar hasta conseguirlo», ha sentenciado.

La jueza del Tribunal de Instancia de Noia, plaza 2, acordó el sobreseimiento definitivo de la causa en la que se investigaron las posibles responsabilidades penales derivadas del vertido de pellets del buque Toconao.

Así, practicadas las diligencias de instrucción que se consideraron pertinentes, y teniendo en cuenta el contenido de toda la prueba documental, la instructora concluyó que «no se puede inferir la existencia de ilícito penal alguno, sin que se haya rebasado, en su caso, el ámbito de una posible infracción administrativa». Además, concluyó que los análisis no revelaron toxicidad ni se prevé «un impacto significativo a medio o largo plazo».