Enclaves gallegos declarados como 'Lugares de Memoria Democrática'
El Estado tendrá que indemnizar a los Franco por los gastos necesarios y útiles del Pazo de Meirás
La cifra de la indemnización está aún por determinar y tendrá que abarcar los costes entre 1976 y 2019
Este jueves, el tribunal Supremo ha desestimado todos los recursos interpuestos contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de La Coruña sobre la posesión del Pazo de Meirás. Esta resolución supone la entrega del inmueble al Estado por parte de la familia Franco pero acarrea, también, el pago de una indemnización a los hermanos Martínez-Bordiú Franco por ello.
En este sentido, la Audiencia Provincial resolvió que el Pazo de Meirás era propiedad del Estado, que los hermanos Martínez-Bordiú debían devolver su posesión y que tenían derecho a ser indemnizados por los gastos necesarios y
útiles realizados en el inmueble durante el tiempo de su posesión, puesto que no habían sido poseedores de mala fe.
Este periodo es el comprendido entre 1976 y 2019 y constará de una cantidad aún por determinar. Esta indemnización abrirá, probablemente, otro proceso judicial para llegar a un acuerdo sobre el costo del mismo.
La resolución afirma que tras la muerte de Franco, el Pazo fue poseído de forma pública y pacífica por sus herederos, sin intervención alguna del Estado, por lo que se habría producido una desafección tácita, y ganada la usucapión por los herederos, puesto que desde 1975 vienen poseyendo el Pazo, y asumiendo en exclusiva los gastos derivados de su mantenimiento; acometiendo su rehabilitación tras el incendio sufrido, todo ello por un importe próximo a los 800.000 euros.
Esta cifra no es, ni mucho menos representativa, de los gastos útiles y necesarios comprendidos durante varias décadas.
La Audiencia concluyó, por tanto que, hasta 1975, el Estado se hizo cargo de la totalidad de los gastos inherentes a la propiedad, obras de mejora y mantenimiento; y que a partir de 1975 fueron los herederos los que asumieron esos costes de mantenimiento, por lo que se les reconoce el derecho a ser indemnizados.
Este hecho ha levantado la polémica entre los dirigentes nacionalistas gallegos que aseguran no «entender» que se tenga que pagar una indemnización a los Franco y que, además, abogan porque el Pazo pase a ser propiedad de Galicia y no del conjunto del Estado.
