Villares pretende aferrarse al puesto en el TSJG del que fue trasladado por falta de imparcialidad

El pasado mes de marzo, el juez Luis Villares fue trasladado de puesto tras la decisión de la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG). Ahora, la agrupación de jueces izquierdista 'Juezas y Jueces por la Democracia' ha planteado un recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial para intentar evitarlo.

En un acuerdo con fecha del pasado 12 de marzo de 2025, la presidenta de la Sala de lo Contencioso, María Azucena Recio González, informaba de su decisión de reestructurar la sección tercera –encargada de los parques eólicos– con base en sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, en las cuales «se considera que ha resultado vulnerado el derecho fundamental a un juez imparcial» por parte de Villares, que «se pone en relación con la intervención en política» de quien fue líder de En Marea.

Este hecho, removió a la izquierda gallega que lo definió como a un movimiento interesado de la nueva presidenta que fue, a su vez, rival para el puesto con el propio Villares.

Ahora, un mes más tarde JJdP asegura que el procedimiento de la presidenta se hizo «sin audiencia de los cuatro magistrados y magistradas afectados, entre los que se encuentra nuestro asociado Luis Villares, y con una motivación meramente aparente e inidónea para justificarla, incumpliendo la norma que exige una serie de contenidos y trámites que no se atienden en el presente caso», aludiendo a la falta de «motivos claros y criterios objetivos».

Falta de imparcialidad

Todo ello, teniendo en cuenta que fue el propio Tribunal Supremo el que anuló una sentencia dictada por el polémico juez, al determinar que no debió haber intervenido en un procedimiento que enfrentaba al Servicio Gallego de Salud (Sergas) y a la empresa concesionaria de la construcción y la gestión de los servicios no sanitarios del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. No en vano, durante su etapa como político en activo, Villares exigió a dicha empresa que pagase el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) del centro sanitario, sin exenciones, además de promover iniciativas contra el modelo de explotación público-privado del Cunqueiro. Por ello, su presencia en el análisis del fondo de la cuestión, según el fallo del Alto Tribunal, no garantizó la imparcialidad requerida.

Algo similar ocurre con las sentencias relacionadas con los parques eólicos al haber sido un claro activista en contra de esta actividad mientras ejercía la política y tener capacidad de decisión sobre los mismos a su vuelta a la carrera como juez.

Sin embargo, la agrupación de jueces de corte izquierdista considera injusta la decisión y ha solicitado al CGPJ la suspensión de los acuerdos con la intención de que Villares regrese a su puesto anterior a pesar de la evidente incompatibilidad.