Tomé pidió a la Diputación de Lugo el pago de 37.000 euros para costear su defensa por acoso sexual, según el PP

Cuando el PSOE todavía trata de contener el desgaste político de los sucesivos escándalos de índole laboral y sexual que salpican a sus filas en Galicia, un nuevo frente institucional vuelve a sacudir al partido. Los diputados del grupo provincial del PP Antonio Ameijide, Demetrio Salgueiro y José Ángel Santos denunciaron este miércoles que el expresidente de la Diputación de Lugo José Tomé, investigado por acoso sexual, solicitó a la institución provincial que se haga cargo del coste de su defensa legal.

«El que sigue controlando la Diputación en la sombra», como asegura el PP, solicitó formalmente el pago de 37.000 euros (sin contar con el IVA) para el pago de sus abogados del despacho Gómez de Liaño & Márquez de Prado Abogados. Así lo denuncian en una rueda de prensa este miércoles en el Pazo de San Marcos de Lugo.

«No solo esta institución sigue manchada, sino que además el despropósito continúa. Tenemos acceso a un documento, a un expediente, en el que esta persona pretende que los lucenses le paguemos 37.000 euros más IVA, más de 40.000 euros, en los gastos jurídicos por la defensa del caso en el que está siendo investigado por ofrecer presuntamente puestos de trabajo en instituciones publicas a cambio de sexo», dijo Antonio Ameijide.

Añadió que esta solicitud fue realizada por Tomé el pasado 27 de abril y que, por ahora, no ha obtenido respuesta por parte de la Diputación de Lugo. Asimismo, desde el PP aseguran que no van a permitir que se le paguen los honorarios de sus abogados a una persona acusada de acoso sexual. De ahí, su decisión de llevar este asunto al pleno provincial del próximo 30 de junio.

Una Diputación secuestrada

Desde las filas populares interpelan de forma directa a las cúpulas de PSOE y BNG ante lo que consideran una sumisión inaceptable: «Sabemos que la Diputación está secuestrada por Tomé; sigue siendo el socio necesario del BNG y del PSOE, pero queda saber hasta dónde llega este secuestro y queda por ver si Ana Pontón va a validar esto».

La oposición sospecha de la existencia de un pacto oculto con la Diputación. El portavoz del grupo popular sugirió que el sostenimiento de la coalición provincial podría estar supeditado al pago de este dinero. Si se acepta, «estaría claro que esa fue una de las condiciones impuestas por el expresidente» para apoyar con su voto a la socialista Carmela López.

Una noticia que se conoce después de que se haya citado a declarar como testigos a cinco mujeres vinculadas al PSOE de Galicia después de que sus nombres apareciesen durante las primeras comparecencias practicadas en la causa.

Asimismo, la Fiscalía rechaza archivar la causa. Sostiene que la petición de sobreseimiento resulta prematura «porque todavía quedan actuaciones de investigación relevantes por practicar y porque la causa se encuentra en una fase inicial».

Además, el escrito del Ministerio Público advierte de que, incluso si finalmente no se apreciase la existencia de un delito de acoso sexual, los hechos investigados podrían ser constitutivos de otros ilícitos penales relacionados con la libertad y la dignidad de las personas. Entre las posibles figuras delictivas que menciona figuran amenazas, coacciones, trato degradante o conductas de carácter sexual que pudieran generar una situación objetivamente «humillante, hostil o intimidatoria para la denunciante».