AP-9, una de las autopistas de peaje más polémicas
La AP-9 encara una semana decisiva de camino a una gestión exclusivamente gallega
El Congreso de los Diputados debatirá y votará este jueves la ley para transferir las competencias y la gestión de la principal arteria viaria de la comunidad
El traspaso de la AP-9 a Galicia encara una semana clave con el debate y votación en el Congreso de los Diputados de la ley para transferir las competencias y la gestión de la principal arteria viaria de la comunidad autónoma, que conecta el norte y el sur autonómico hasta la frontera con Portugal.
Será este jueves cuando tenga lugar la cita parlamentaria, después de que la Comisión de Transportes del Congreso aprobase el informe de la ponencia hace unos días. El texto salió adelante con el apoyo de PSOE, BNG y Sumar, frente al único rechazo de PP y Vox.
Aunque el traspaso de la AP-9 a Galicia es una reclamación histórica en el Parlamento de Galicia con consenso entre todas las fuerzas políticas, algunos cambios en la letra pequeña del texto han agrietado esa unidad. Las principales diferencias se centran en el alcance de las competencias de gestión y en quién asumirá el coste económico, un punto clave que ha llevado al PP y a Vox a desmarcarse.
La iniciativa llevaba años bloqueada en el Congreso de los Diputados a pesar del impulso inicial del Parlamento de Galicia, pero el acuerdo alcanzado entre PSOE, BNG y Sumar logró desatascar la tramitación parlamentaria. Sin embargo, tal y como denuncia el PP, la cosa cambia bastante porque trasladará una importante carga económica a la comunidad, sobre todo si la UE declara ilegal la prórroga de la concesión a Audasa. Esto implicaría que habría que indemnizar a la empresa.
Al tratarse de una ley orgánica, requiere de una mayoría de 170 votos de los 350 escaños del Congreso. El texto final, en caso de ser aprobado tras la posible incorporación de enmiendas, pasará al Senado, y volverá al Congreso en caso de haber sido modificado.
Sangría para los bolsillos de los gallegos
La carretera con peaje que une el norte de la comunidad con el sur y hasta Portugal es una sangría para los bolsillos de los gallegos. La concesión tendría que haber terminado en el año 2012, pero fue prorrogada en dos ocasiones por gobiernos de signo distinto. La última hasta 2048 a Audasa, algo con lo que la Comisión Europea no está de acuerdo. Recientemente dictaminó sobre la ilegalidad de esta decisión por incumplimiento de la normativa comunitaria, pero el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin actuar.
