Los sindicatos recurren ante el TSJ de Galicia el plan para frenar el absentismo laboral de la Xunta
Acusan al Gobierno gallego de «blindar las mutuas para que controlen por completo las bajas médicas de la sanidad pública»
La CIG ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) contra el sistema de control de bajas médicas de la Xunta, al denunciar que la medida busca ceder la gestión a las mutuas en una campaña de «criminalización» de los trabajadores.
A esta ofensiva legal se ha sumado Comisiones Obreras (CC.OO.), que ha anunciado este lunes el inicio de acciones judiciales por este mismo motivo contra el Gobierno gallego, abriendo un frente laboral directo contra la reforma del protocolo.
El recurso se centra en la resolución de Sanidad del pasado 20 de mayo, que reforma la instrucción reguladora del seguimiento de las bajas desde 2019. Esta modificación redefine el protocolo de gestión clínica de las incapacidades temporales que ejecutan los inspectores y subinspectores sanitarios dentro de las unidades de control de salud laboral.
En un comunicado, el sindicato nacionalista cuestiona la legalidad de lo que identifica con una «ofensiva» del Gobierno gallego de la mano de la patronal contra los trabajadores. Advierte de que se quiere «disfrazar de una supuesta agilización» lo que «es blindar las mutuas para que controlen por completo las bajas médicas de la sanidad pública».
Criterio clínico
«Se pretende instalar un discurso peligroso en el que enfermar se vuelve sospechoso al prevalecer la presión económica sobre el criterio clínico, además de suponer una fiscalización creciente del criterio profesional del personal de Atención Primaria», censura.
«En lugar de apostar y reforzar la sanidad pública y eliminar las listas de espera que no hacen más que crecer, las mutuas incrementan su derivación de dinero público hacia la sanidad privada», recrimina el secretario general de la CIG, Paulo Carril.
Por su parte, CC.OO. coincide en que esta norma de la Xunta «supone un cambio de modelo que refuerza el papel de las mutuas en el control de las bajas médicas, reduce las garantías de tutela pública y sitúa los intereses económicos por delante de los criterios estrictamente clínicos».
En un comunicado, el secretario de Salud Laboral, Armando Iglesias, ha reclamado la retirada inmediata de la resolución y lamenta que la Xunta presenta la modificación como una medida para agilizar la gestión de la incapacidad temporal cuando su «efecto real» será «ampliar las funciones de las mutuas privadas en el seguimiento de los procesos de baja y debilitar el papel del sistema público de salud».
