El Congreso aprueba el traspaso de la AP-9 a Galicia con un texto distinto al pactado en el Parlamento gallego

La AP-9 será definitivamente gestionada por Galicia. Al menos así se ha aprobado este jueves en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, existen varias incógnitas al respecto. La primera es la de cuándo se realizará de manera efectiva y, la segunda, qué consecuencias económicas tendrá para el conjunto de los gallegos.

El tira y afloja de los partidos de izquierdas con el PP ha quedado patente en la aprobación del traspaso. Se ha hecho en la Cámara Baja y con un texto distinto al aprobado por unanimidad -izquierda incluida- en el Parlamento de Galicia.

El texto lo pactaron entre PSOE, Sumar y BNG en Madrid y así se aprobó en el Congreso. Pese al intento del Partido Popular de introducir enmiendas en el Senado, la izquierda ha rechazo su propuesta y ha aprobado el traspaso bajo sus condiciones.

En este sentido, el texto definitivo fija como objetivo la transferencia a Galicia de la titularidad de la AP-9, de las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión y de las funciones y servicios de la autopista.

Dudas económicas

Para ello, se determina que la Administración General del Estado (AGE) y la comunidad elevarán a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que determine las condiciones y límites para la transmisión de competencias hasta ahora ejercidos por la Administración estatal en relación a la Autopista del Atlántico, lo que será aprobado por real decreto. Es decir, aún no se hará efectiva la trasferencia como tal.

Además, tal y como ha advertido el Ejecutivo gallego, el traspaso incluye la posibilidad de que Galicia tenga que hacerse cargo de cargas económicas anteriores que no han quedado del todo blindadas con el nuevo texto.

Sin embargo, PSOE, BNG y Sumar aseguran que esto no es así y que las decisiones tomadas por la Administración y las cargas económicas que esto pueda suponer tras el traspaso, recaerán sobre el anterior responsable.

El acuerdo de la transferencia deberá establecer «la obligación de la aprobación de las revisiones ordinarias o extraordinarias de tarifas que dichas modificaciones hayan establecido, con el fin de que estos límites económicos sean respetados».

Por otro lado, las enmiendas rechazadas por el PP en el Senado pretendían modificar ese planteamiento para declarar directamente la transferencia de la titularidad y de las competencias, incorporar mayores compromisos económicos por parte del Estado, obligarle a financiar nuevas bonificaciones, entre otras.

Frente a ello, el PP ha defendido las enmiendas remitidas por el Senado alegando que eran las únicas que respetaban íntegramente el acuerdo alcanzado por unanimidad en el Parlamento gallego y garantizaban una transferencia «sin cargas indeseadas ni facturas ocultas».

Los 'populares' advirtieron de que, en las condiciones fijadas por el Gobierno, la Xunta podría verse obligada a asumir costes de hasta 4.000 millones de euros, comprometiendo la futura gratuidad de la autopista.