El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda
El traspaso de la AP-9 pactado por Sánchez puede suponer una carga de 4.000 millones para Galicia
El texto aprobado contiene cambios que modifican el acuerdo alcanzado por unanimidad en el Parlamento de Galicia y que la izquierda prefirió enterrar ante Sánchez
Este jueves, el Congreso de los Diputados voto a favor del traspaso de la AP-9 a Galicia. Lo hizo sobre un texto pactado entre el PSOE, Sumar y BNG que dista mucho del aprobado por unanimidad en el Parlamento gallego. Los cambios podrían suponer graves cargas económicas a la región.
De hecho, en una carta enviada desde la Consejería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras de la Xunta de Galicia al Ministerio de Transportes, se pide al Gobierno que se impida que el acuerdo implique para Galicia «la asunción de cargas económicas, deudas, compensaciones o responsabilidades derivadas de decisiones adoptadas previamente por los distintos gobiernos estatales en relación con la concesión de la AP-9».
En este sentido, hay que recordar que el Gobierno se niega a hacer público el expediente de infracción abierto por la Comisión Europea en relación a la autopista en que se considera que la prórroga de la concesión –concedida por el gobierno de José María Aznar– vulneró las reglas de la UE.
Este hecho hace temer a la Xunta las posibles consecuencias económicas derivadas de este proceso sumadas a las posible reclamaciones futuras de la concesionaria Audasa derivadas de los descuentos y decisiones del Gobierno central. En este punto, es importante recalcar que la concesionaria podría pedir compensaciones por reducción de ingresos derivados de las rebajas en las tarifas adaptadas a cada situación o las modificación de la concesión.
Este hecho, que quedaba blindado en el texto aprobado en el Parlamento de Galicia, queda desprotegido en el votado en el Congreso de los Diputados.
Carga para Galicia
La consejera de Vivienda y Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, subraya que «por supuesto» que la Xunta quiere la transferencia a Galicia de la autopista AP-9, pero advierte de que no puede «asumir una carga hipotecaria de 4.000 millones».
En declaraciones a los medios de comunicación coincidiendo con un acto en Pontevedra, la conselleira lamento «que tanto el BNG como el Partido Socialista dieran un paso atrás en un asunto tan importante para Galicia como es la transferencia de la AP-9».
«Estamos hablando de 4.000 millones de euros que no corresponde asumir a los gallegos sino al Gobierno central, tal y como aprobamos en el Parlamento por unanimidad», ha advertido.
Allegue espera «que se recapacite» y apunta que la Xunta remitió una nueva carta «para volver al texto original» esta misma semana al ministro de Transportes, Óscar Puente.
«Galicia por supuesto que quiere la transferencia, pero no puede asumirla de ese modo. No podemos asumir una carga hipotecaria de 4.000 millones de euros que corresponden al Gobierno central y que no tenemos por qué sufragar los gallegos», concluyó.
