La Xunta reclama a Óscar Puente una transferencia de la AP-9 con todas las garantías y «sin cargas económicas»

Ante una semana clave en el traspaso de la AP-9 a Galicia por el debate y posterior votación este jueves en el Congreso de los Diputados de la ley para transferir las competencias y la gestión de la principal arteria viaria de la comunidad autónoma, la Xunta de Galicia ha enviado una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, para pedirle, entre otras cosas, una transferencia «sin cargas económicas».

El Gobierno de Galicia quiere volver a la propuesta inicial que se aprobó de forma unánime por todos los partidos políticos en el Parlamento de Galicia hace años y no la actual, fruto de un pacto entre el PSOE, BNG y Sumar.

Según detalla la consejera de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, la misiva recoge los doce apartados de la iniciativa aprobada. Reclama «preservar la integridad de las competencias reclamadas por la comunidad autónoma» y requiere que «no implique para Galicia la asunción de cargas económicas, deudas, compensaciones o responsabilidades derivadas de decisiones adoptadas previamente por los distintos gobiernos estatales en relación con la concesión de la AP-9».

Asimismo, insta al Gobierno central a garantizar «que las bonificaciones actualmente vigentes continúen siendo financiadas por el Estado y no recaigan sobre los recursos propios de la comunidad». En el cuarto punto demanda dotar a la comunidad «de los recursos económicos necesarios para ampliar las bonificaciones de los peajes de la AP-9, especialmente para vehículos pesados, familias numerosas y desplazamientos nocturnos».

Una transferencia transparente

La Xunta de Galicia requiere también que el Ejecutivo «financie, con cargo a los presupuestos generales del Estado, todas las actuaciones e infraestructuras comprometidas o necesarias para garantizar una explotación adecuada y un nivel de servicio acomodado de la AP-9» y que asuma «cualquier consecuencia económica derivada de decisiones o situaciones ajenas que afecten al contrato de cesión».

Exigen un blindaje financiero y de gestión ante la transferencia de la AP-9, demandando que el Estado asuma los costes de la subida anual de peajes y posibles indemnizaciones millonarias por la nulidad de las prórrogas. Además, solicita el control total de la infraestructura, personal y presupuestos, junto con una auditoría transparente de todos los contratos vinculados a la concesionaria.