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La Xunta denuncia que el decreto de inundaciones del Gobierno permitiría expropiar 2.500 casas en la costa gallega
La consejera Ángeles Vázquez tilda de «sinrazón» la norma estatal al advertir que fija el dominio público según el oleaje de un temporal y que solo es un pretexto para restar competencias a Galicia
La Xunta de Galicia ha acusado al Gobierno central de poner en riesgo de expropiación sin compensación económica a unas 2.500 edificaciones del litoral gallego a través del nuevo Real Decreto sobre la gestión de riesgos de inundación. La administración autonómica denuncia la inseguridad jurídica que genera la norma al pretender delimitar el dominio público marítimo-terrestre basándose en la altura alcanzada por el mar durante un temporal puntual sin criterios técnicos sólidos.
La consejera de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha calificado la medida de «sinrazón» y denunció que este movimiento busca restar las competencias que el Estatuto de Autonomía otorga a Galicia sobre su propia costa, afectando a unas 2.500 viviendas, residencias y colegios en municipios como A Isla de Arosa o Betanzos.
Según ha explicado, la Xunta ya presentó alegaciones ante la pretensión del Gobierno central de hacer una modificación sustancial de la ley de costas, y ahora tiene de plazo hasta el 16 de septiembre para alegar ante el Real Decreto sobre gestión de inundaciones y zonas inundables.
Criterios injustificados
Ángeles Vázquez ha señalado que el texto señala como zona de dominio público marítimo-terrestre aquella que sea alcanzada por el nivel máximo de pleamar. Hasta ahora, esos niveles máximos se establecían en base a un estudio desarrollado a lo largo de cinco años, con marcas que debían repetirse cinco veces consecutivas. Ahora, con la nueva norma, el dominio público podría establecerse en base a una altura del mar alcanzada en un momento de temporal con un oleaje muy fuerte.
«A donde llegue esa ola pasa a ser una expropiación sin pago», ha alertado, y ha señalado que los estudios de que dispone la Xunta apuntan a unas 2.500 edificaciones afectadas y que podrían expropiarse, en zonas como A Isla de Arosa, Betanzo, y otras. «Una sinrazón», ha calificado.
La consejera ha subrayado que la Xunta entiende la gestión de la costa «desde la colaboración, estudios, con las universidades, con las organizaciones ambientalistas (...), la FEGAMP y los distintos órganos, la gente del mar...».
Ángeles Vázquez ha matizado que la ocupación del dominio público marítimo terrestre en Galicia, en sus 2.500 kilómetros de litoral, es de un 2 % pero, con todo, ha llamado a ser «racional» y «analizar» los distintos territorios antes de tomar una medida así.
Restar competencias a la Xunta
«Nosotros tenemos rías, sabemos lo que puede suceder. Pero un temporal no puede marcar un deslinde y, sobre todo, no podemos tener continuamente esa inseguridad jurídica para personas que tienen (en esas zonas) viviendas, para residencias o colegios, son inmuebles diversos», ha detallado.
Ángeles Vázquez ha apuntado que la Xunta ya trasladó al Gobierno que «algo está fallando», y ha constatado que estos «movimientos» del Ejecutivo se deben «única y exclusivamente» a un intento de que Galicia «deje de tener las competencias» que, en su día, le dio el Estatuto de Autonomía y, posteriormente, confirmó el Constitucional.
