Subdelegación del Gobierno se lava las manos tras el boicot a Vox y policías contestan: «Quedamos como los malos»

Este lunes, el acto que Vox tenía previsto celebrar en Santiago de Compostela quedó suspendido. Centenares de radicales se concentraron en el centro sociocultural donde estaba programado el encuentro para boicotearlo. Agentes de Policía acudieron al lugar pero no facilitaron la celebración del mismo sino que se limitaron a separar a los nacionalistas del partido liderado por Santiago Abascal.

En respuesta a El Debate, la subdelegación del Gobierno de La Coruña ha negado tener responsabilidad en esto. «Nosotros no tenemos competencias dentro del centro cultural», han respondido. Sin embargo, la movilización mayor se hizo en la calle, alterando el orden público e impidiendo el acceso al lugar donde se había previsto el acto. Repreguntados por esta cuestión, la subdelegación considera que la Policía «se personó y actuó como corresponde» sin dar ningún tipo de explicación de lo ocurrido.

Cabe recordar que las subdelegaciones del Gobierno tienen como parte de sus competencias la obligación de garantizar la protección de los derechos, libertades y la seguridad pública y, por tanto, debían haber coordinado un dispositivo que permitiese a Vox celebrar el acto para el que tenían autorización.

José Javier Martínez, portavoz del sindicato policial CEP en Galicia también ha contestado a este medio. El representante ha recalcado que los policías se limitan a «hacer cumplir la ley y cumplir todas aquellas órdenes legales que nos sean trasladadas de forma verbal o por escrito».

«La ciudadanía debería saber que en concentraciones, manifestaciones nos limitamos a cumplir órdenes, y que el máximo responsable en los dispositivos de orden público es el Delegado o Subdelegado del Gobierno, que son los máximos representantes de Interior, por ende el ministro Marlaska, en las provincias y comunidades autónomas», ha clarificado.

Por ello, asegura que es «a ellos» a los que achacan «la falta de información y defensa de los agentes» y les exigen que salgan más «a responsabilizarse de las decisiones tomadas en los dispositivos policiales en orden público».

Sin embargo, el CEP se reprocha que «habitualmente» les dejen «a los pies de los caballos ante la opinión pública, y la ciudadanía nos señala como los malos de la película, cuando tanto las unidades de intervención policial y las unidades de prevención y reacción de la Policía hacen un trabajo encomiable dentro de la legalidad que casi nunca es reconocido por Interior».