El Supremo da 20 días para defenderse a los hijos de la ley de nietos a los que acaba de permitir votar el 29-N

El Tribunal Supremo ha adoptado dos decisiones consecutivas sobre los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos que deben interpretarse conjuntamente. El 9 de noviembre rechazó las peticiones de Vox e Iustitia Europa para suspender cautelarmente el voto de los hijos mayores de edad incluidos en el anexo III de la instrucción de Sofía Puente. Un día después, el 10 de noviembre, acordó emplazar a los afectados inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para que puedan personarse como codemandados en el procedimiento judicial que examina los efectos electorales de estas nacionalizaciones.

La diferencia es fundamental. El Supremo no suspende el voto de los hijos para el 29-N, pero mantiene abierto el litigio sobre las consecuencias censales de sus nacionalizaciones. Y les concede veinte días hábiles para defenderse ante el tribunal, un plazo que comenzará al día siguiente de la publicación de la providencia en el Boletín Oficial del Estado y que se prolongará más allá de las elecciones generales.

La decisión llega después de la investigación de El Debate sobre la interpretación de la ley de nietos y sus consecuencias en el censo electoral español.

La providencia del 10 de noviembre corresponde al recurso ordinario 1013/2026, tramitado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, con Antonio Narváez Rodríguez como magistrado ponente.

El Supremo permite votar a los hijos, pero mantiene la suspensión de los progenitores

Los autos del 9 de noviembre establecen una diferencia entre dos colectivos vinculados a la aplicación de la ley de nietos.

Por un lado, 162.454 nacionalizados continúan afectados por la suspensión cautelar de sus efectos electorales, después de descontar 901 personas que acreditaron el exilio mediante certificación consular de un conjunto inicial de 163.355.

Por otro, el Supremo rechazó extender esa suspensión a los hijos mayores de edad incluidos en el anexo III, colectivo que, según las cifras recogidas en las informaciones sobre los autos, alcanza las 189.678 personas.

Esta última cifra corresponde al colectivo examinado en las resoluciones y no debe confundirse automáticamente con el número de electores del anexo III inscritos en el CERA y afectados por el emplazamiento del 10 de noviembre.

La distinción resulta especialmente importante porque el tribunal no ha declarado que las adquisiciones de nacionalidad de los hijos estén libres de controversia. Lo que ha rechazado es adoptar, a menos de tres semanas de las elecciones, una nueva suspensión cautelar de sus efectos electorales. La Sala considera que una revisión de tal magnitud, en este momento del calendario electoral, podría comprometer la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso electoral.

La decisión tampoco fue unánime en todos sus fundamentos. El magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero formuló un voto particular favorable a extender la suspensión a los hijos, mientras que Alicia Millán expresó una discrepancia parcial sobre la fundamentación, aunque compartió el resultado de no suspender su voto.

La petición de Vox y la intervención de Iustitia Europa

La situación de los hijos mayores de edad llevaba meses formando parte de la controversia judicial.

Vox había solicitado que las medidas cautelares alcanzaran también a los descendientes de los nacionalizados afectados por la interpretación cuestionada de la ley de nietos. Posteriormente, Iustitia Europa reclamó la suspensión cautelar de los efectos electorales de las nacionalizaciones correspondientes al anexo III, ante la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre. El Supremo rechazó esas pretensiones el 9 de noviembre.

La providencia dictada al día siguiente no revoca aquella decisión ni introduce una nueva suspensión. Su finalidad es distinta: permitir que los hijos potencialmente afectados por el procedimiento principal puedan comparecer y defender sus intereses antes de que se resuelva definitivamente el litigio.

Una cosa es permitir que estos electores voten en las próximas elecciones y otra que el tribunal haya cerrado el debate jurídico sobre sus inscripciones censales. La primera cuestión ha sido resuelta cautelarmente para el 29-N. La segunda continúa sometida al procedimiento judicial.

La petición de Vox y la intervención de Iustitia Europa

La resolución del 10 de noviembre establece tres mecanismos de publicidad que implican a la Administración de Justicia, al Gobierno y a la red consular española. En primer lugar, ordena publicar la providencia en el Tablón Edictal Judicial Único, conforme al artículo 49.4 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En segundo lugar, requiere a la Administración del Estado que la publique en el Boletín Oficial del Estado «con la mayor urgencia» y remita al Supremo una certificación acreditativa. Finalmente, se dirige a la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares para que ordene a los encargados de los registros consulares que tramitaron estos expedientes de nacionalidad que publiquen la parte dispositiva de la resolución en sus tablones de anuncios.

La intervención de Exteriores es especialmente relevante porque el tribunal desconoce los datos identificativos de todos los interesados a quienes debe emplazar. Por ese motivo recurre a las publicaciones oficiales y consulares. Los afectados que decidan comparecer deberán hacerlo mediante abogado y procurador.

Veinte días hábiles que terminarán después de las elecciones

La providencia establece expresamente que el plazo para personarse será de veinte días hábiles, contados desde el día siguiente al de su publicación en el BOE. Aunque la publicación se produjera inmediatamente, el plazo seguiría abierto cuando se celebren las elecciones del 29 de noviembre.

Se produce así una situación procesal singular: el Supremo ha rechazado suspender cautelarmente el voto de los hijos por la proximidad de las elecciones y, al día siguiente, ha dispuesto su emplazamiento para que puedan defender sus intereses en el procedimiento principal. La primera se refiere a las medidas provisionales aplicables al proceso electoral; la segunda, al derecho de defensa de quienes puedan resultar afectados por la futura sentencia.

El resultado es que los hijos del anexo III no quedan suspendidos para votar el 29-N, mientras la mayor parte de los nacionalizados de la generación anterior continúa afectada por las cautelares. Al mismo tiempo, el Supremo concede a los hijos un plazo de veinte días hábiles para personarse en un procedimiento que seguirá abierto después de las elecciones.

El 29 de noviembre llegará antes de que concluya ese plazo. Los electores no afectados por una suspensión podrán ejercer su derecho de sufragio, pero la decisión definitiva sobre las cuestiones jurídicas planteadas por la aplicación de la ley de nietos seguirá pendiente de sentencia.