La alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, el concejal Gonzalo Castro y el portavoz del Gobierno, José Manuel Lage Tuñas.
Un informe revela que La Coruña acumula 3,6 millones de euros en facturas irregulares de gastos en fiestas
El Gobierno local del PSOE propone aprobar el pago a los proveedores de 2,5 millones del total y el PP alerta de un «descontrol absoluto»
El Ayuntamiento de La Coruña, presidido por la socialista Inés Rey, acumula facturas irregulares por valor de 3,6 millones de euros derivadas de la organización de fiestas y festivales durante todo el año 2023. Así lo refleja un informe elaborado por el interventor general a la ahora de analizar una propuesta del Gobierno local para que el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (un organismo municipal que se encarga de promocionar la ciudad) abone 2,5 millones del total pendiente a los proveedores y en el que advierte que estos gastos se han realizado con «omisión» de la función de control de los técnicos municipales, «de la existencia» de partidas presupuestarias asignadas y de los «procedimientos de contratación» exigidos por la normativa legal.
Esta situación lleva al funcionario encargado de vigilar el gasto a advertir a los miembros del pleno municipal, órgano que debe dar luz verde al pago de los 2,5 millones (los otros 1,1 millones quedan a la espera), de que su aprobación será bajo «su única responsabilidad» al no respetarse el procedimiento de contratación previsto, teniendo en cuenta que «la alternativa que tendrían los empresarios acreedores es la de acudir a los tribunales de justicia a reclamar sus deudas».
El interventor también indica que en el expediente administrativo, al que informa de forma desfavorable, «no consta informe jurídico» sobre la procedencia de asumir el gasto contraído, o en su caso, «la posibilidad y conveniencia de revisión de oficio de los actos irregulares, ni tampoco si se dan o no los supuestos y circunstancias previstas que impidan la necesidad de su revisión».
La propuesta del Ejecutivo municipal socialista contiene dos documentos firmados por dos personas externas al Ayuntamiento vinculadas al sector cultural en los que se afirma que «los precios de los diferentes servicios y materiales indicados en ellas se corresponden con la media de las tarifas determinadas por el mercado». Sobre esta cuestión, el informe del interventor advierte que «la contratación verbal o irregular además de suponer un incumplimiento legal, lleva el riesgo de mayor posibilidad de fraude en los precios ya que no hay un procedimiento de concurrencia pública que pueda justificar que la cantidad a pagar sea el precio de mercado».
Gastos para promocionar la ciudad
Las facturas que figuran en la propuesta que quiere sacar adelante el Gobierno local del PSOE incluyen actos de producción vinculados a la promoción cultural de la ciudad (audiovisual, escenario o instalaciones eléctricas, entre otros), fiestas en los barrios (actividades infantiles, cachés de los artistas, actuaciones de grupos musicales o gastos de vigilancia).
El Ejecutivo municipal justifica en la propuesta, firmada por la coordinadora general del Área de Fomento y Promoción de la Ciudad y el concejal Gonzalo Castro, que los gastos fueron «necesarios para mantener el nivel de programación cultural en la ciudad con un efecto económico muy positivo en sectores que venían de sufrir las consecuencias de las restricciones de la pandemia», como, por ejemplo, artistas, empresas de producción, hostelería y hospedaje.
Ante la insuficiencia presupuesta, el Ayuntamiento financiará el pago de las facturas con cargo a fondos propios, con nuevos ingresos sobre los totales previstos y mediante anulaciones de otros gastos no comprometidos.
«Informe demoledor»
El PP de La Coruña exige a la alcaldesa, Inés Rey, que ponga fin al «descontrol absoluto en la gestión» del IMCE que «tiene 3,5 millones de euros sin pagar» de facturas irregulares de 2023, «porque es un escándalo».
«Estas facturas corresponden a gastos sin seguir la normativa de contratación y sin presupuesto para pagarlas», señala la formación popular.
«El interventor municipal ha hecho un informe demoledor, por supuesto desfavorable a que se haga este pago de 2,5 millones de euros, en el que refleja que faltan informes y otros no están firmados por funcionarios. También señala que falta un informe jurídico de la Asesoría Jurídica municipal o del Secretario y el Gobierno municipal presentó un informe por una persona externa. ¿Por qué no lo hizo la Asesoría Jurídica municipal?», se cuestionan los populares.
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