El portavoz del PP de La Coruña, Miguel Lorenzo
El PP lleva al juzgado el acuerdo del PSOE de La Coruña para perdonar 7,3 millones a una empresa
Los populares aseguran que es un dinero que los coruñeses pagaron «de más en el recibo de la basura»
El portavoz del PP de La Coruña, Miguel Lorenzo, anunció que el juzgado ha admitido a trámite la demanda presentada para intentar declarar nulo el acuerdo del Gobierno municipal del PSOE en el que se renuncia a cobrar 7,3 millones de euros a la empresa concesionaria de tratamiento de basura.
Entrevista al portavoz del PP en La Coruña
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El Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 ha admitido la demanda, en la que se pide que se declare nula la aprobación el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno el pasado 24 de febrero.
Los populares señalan que este pacto no beneficia a los coruñeses y exigen responsabilidades a los responsables políticos que firmaron este acuerdo.
«Lage Tuñas e Inés Rey aceptaron la propuesta de la empresa para perdonarles 7,3 millones de euros que tendrían que devolver porque los cobraron de más en el recibo de la basura entre 2011 y 2018», afirma el PP. Añade que esa cantidad «es un dinero que los coruñeses ya habíamos pagado de más en el recibo de la basura» y que el Gobierno local no ha dado «ninguna explicación de en qué beneficia a los coruñeses esta condonación a pesar de que lo hemos pedido públicamente».
Los populares detallan que ahora el juzgado le comunicará al Ayuntamiento este recurso, le requerirá el expediente completo «y cuando lo tengamos presentaremos el escrito de demanda con todos los fundamentos jurídicos para que se anule este acuerdo y exigir responsabilidades a quienes lo aprobaron».
La polémica decisión
El Ayuntamiento de La Coruña abonó 12,9 millones de euros por el servicio de los rechazos (basura no reciclable) entre 2011 y 2018. El acuerdo en el que se basaron estos pagos fue anulado por la Justicia en 2019, tras lo cual el Ejecutivo inició los trámites para recuperar esta cantidad, más otros 2,7 millones de intereses legales.
El problema surge cuando el Gobierno de Inés Rey aprueba un acuerdo extrajudicial entre la Administración local y UTE Albada para poner fin a esta disputa y por el cual se renuncian a cobrar 7,3 millones de euros de los 15,6 del montante total.
