Gerencia de Urbanismo
Salvador Fuentes
«La sentencia es absolutamente demoledora»
El presidente de la Gerencia de Urbanismo aplaza la decisión de recurrir la nulidad del Plan de Recogida de Basuras al informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento
Después de un proceso de 17 años y una forma, cuanto menos, discutible de proceder por parte de los gobiernos municipales en los que estuvo Izquierda Unida, la herencia del Plan Especial de Recogida Neumática de Basuras de Córdoba es una sentencia declarándolo nulo, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Más de década y media que, ahora, se resume en los 30 días que tiene el Ayuntamiento de la capital para decidir si interpone -o no- recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Los antecedentes de la resolución judicial
El proyecto, ahora anulado por el TSJA, se inició en 2005 bajo el mandato de Rosa Aguilar (entonces en IU, antes de partir al PSOE) y se firmó por Andrés Ocaña cuando era presidente de la Gerencia de Urbanismo. Los vecinos de Poniente pagaron las tuberías que conformaban la red de recogida de basuras, mientras el proyecto fue retomado en el anterior mandato municipal, cuando gobernaban los socialistas en coalición con IU, que entre otras áreas, gobernaba la de Urbanismo. Se pretendía construir una central así como las redes que se conectaban a la misma, si bien todo quedó paralizado por un recurso de los vecinos de la zona de Turruñuelos. Ahora, el TSJA les ha dado la razón.
Y en esa reflexión está el Consistorio, como ha avanzado este jueves el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes (PP), quien ha recordado que, cuando el Plan se retomó entre 2017 y 2018, ya mostraron sus «dudas» desde la oposición en la que entonces se hallaban.
«Un alcance bastante grande, muy complejo y preocupante»
Fuentes ha desvelado que «el recurso de casación va a depender del informe que hemos elevado servicios jurídicos del Ayuntamiento y a la GMU». En este sentido, el concejal ha detallado que «tenemos 30 días para recurrir o no» y ha reconocido que tanto la sentencia como la decisión que se adopte tienen «un alcance bastante grande, muy complejo y preocupante».
Asimismo, el presidente de la GMU ha asegurado que, durante lo que dure el plazo para recurrir, va a intentar reunirse «con todos los sectores implicados para ver que solución se le da», que pasará porque sea pensando en los intereses de la ciudad. a la vez que ha insistido en que «va a crear un problema muy grande» para la misma.
Debate de ciudad
Salvador Fuentes
Lo que se plantea, a su juicio, es «un gran debate de ciudad» para dilucidar «qué hacemos con el Plan, porque hay miles de afectados y hay otros que pueden estarlo», ya que -durante este periodo de tiempo- los nuevos vecinos de las zonas de Poniente donde se han ido edificando viviendas han abonado su parte correspondiente para que se instaurara este sistema de recogida de basura. Por lo que Fuentes ha planteado que, «o seguimos con el Plan y realizamos la preceptiva innovación del PGOU (si se interpone el recurso y prospera) o le ponemos punto y final».
El proceso que ha llevado a este momento
El también teniente de alcalde ha puntualizado que «el problema viene desde 2005, se corta en el periodo que va entre 2008 y 2014 (por la crisis) y se retoma entre 2017 y 2018, fechas muy concretas que ponen encima de la mesa las decisiones que se tomaron y modos de gobierno que son un problema». Y ha insistido en que, «nosotros en la oposición teníamos todas las dudas», recordando la «experiencia de Mallorca».
El recuso vecinal, clave
Acudiendo al origen del recurso, promovido por los vecinos de Turruñuelos en 2018, ya que no querían que se instalase allí la plataforma central de residuos; Fuentes ha aludido a que la sentencia recoge que «no se puede instalar en una zona verde sin una debida justificación». A su vez, ha valorado que «la sentencia es absolutamente demoledora». De nuevo, el presidente de la GMU ha tirado de hemeroteca para señalar que «nosotros dudábamos del coste real de esa plataforma (iba a costar 4 millones de euros y según el popular el coste real eran 12), porque no había dinero para sufragarla y por el rechazo social».
De ese modo, Fuentes ha asegurado que ese sistema de recogida «no está establecido por ley, sino que fue una decisión política» y ha destacado que «se diseñó de manera irresponsable». Por lo que, ahora, «tenemos 6.000 viviendas sin hacer para un plan que lo tenía que haber tenido previsto».
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