Espacios privados de uso público en el barrio del Santuario

Espacios privados de uso público en el barrio del SantuarioLa Voz

El nudo gordiano de los espacios privados de uso público ya tiene solución

El lunes se conocerá el convenio al que se podrán acoger los vecinos por espacio de cuatro años

Una de las carpetas que en las últimas década pasaba de equipo de gobierno en equipo de gobierno sin que nadie firmara la solución final era la de buscar una solución a los denominados espacios privados de uso público, que son esas zonas entre bloques que son propiedad de las comunidades o de los vecinos, según los casos, y que todo el mundo usa, ensucia y, desgraciadamente, maltrata.
Su origen se encuentra en el desarrollismo urbanístico que nació en el ecuador del pasado siglo. El PGOU cordobés de 1958 lo adoptó y se mantuvo vigente durante dos décadas. Finalmente se impuso el sentido común: lo público es público y lo privado, privado. Y así decayó su desarrollo.

Un problema por resolver

No tenía ningún sentido que los vecinos fueran dueños de un espacio que no era para ellos, sino para todos. Las empresas constructoras tiraron de picaresca y publicitaban sus promociones con una recreación de zonas verdes sumamente agradables abrazando los edificios. En la mayoría de los casos esto era lo único que quedaba sin ejecutar y quienes se acababan de hipotecar veían cómo aquello pasaba a consolidarse como un erial o, en el mejor de los casos, un aparcamiento para propios y extraños.
En otros supuestos, fueron los vecinos quienes se fajaron y decidieron afrontar el coste del mantenimiento de unos jardincitos que era suyos y que contribuyen a dignificar el barrio. Pero, eso sí, también sale de sus bolsillos desde la reparación del mobiliario urbano hasta el vaciado de las papeleras, si las hay.
Zona privada de uso público en el Parque Cruz Conde

Zona privada de uso público en el Parque Cruz CondeLa Voz

A decir verdad, todas las corporaciones municipales que han pasado por el Ayuntamiento pusieron de su parte para arrimar el hombro y buscar una solución a esta injusticia. Había voluntad política para solucionarlo pero todas topaban con lo mismo, con que había que buscar una fórmula jurídica muy precisa para desenmarañar el nudo gordiano tan simple de entender como que no se pueden dedicar fondos públicos a propiedades privadas.

La solución

Dicha fórmula se conocerá este lunes, cuando se apruebe en la Junta de Gobierno Local el convenio tipo se ha conseguido redactar, conjuntamente con el Consejo del Movimiento Ciudadano y Al-Zahara, para que las comunidades de vecinos se acojan al mismo, por espacio de cuatro años prorrogables, y así el Ayuntamiento se pueda hacer cargo de estas zonas.
Poco se sabe por el momento del contenido de este convenio, solamente que las comunidades están obligadas al mantenimiento de estas zonas según un plan acordado con el Ayuntamiento, que éste no se hará con la propiedad de las mismas y que seguirán siendo de uso público.
A lo largo de estas décadas se ha reaccionado de diversa manera ante esta situación. Algunos han mantenido los espacios abiertos, por lo que han seguido siendo públicos, pero en otros casos se han cerrado para uso y disfrute de los propios vecinos. Estos últimos no se podrán acoger a este convenio que pondrá el marcha el Ayuntamiento.

El informe de Al-Zahara

La vez que se estuvo más cerca de solucionar el problema fue en febrero de 2019, en vísperas electorales, pero no se llegó a rematar. En aquel entonces, con Pedro García al frente de la Gerencia de Urbanismo, se trabajó sobre un informe elaborado en 2017 por la federación de asociaciones de vecinos Al-Zahara que fijaba con exactitud las dimensiones del problema. En este documento se señalaba que la población afectada por las zonas privadas de uso público podía rondar fácilmente las 50.000 personas.
Además, establecía un mapa en el que fijaba las zonas afectadas y que coincidían con las zonas de expansión de Córdoba realizadas durante las décadas de los 60 y 70 del pasado siglo, en los años en que estuvo vigente dicho PGOU de 1958, que estuvo vigente hasta que fue sustituido por el de 1986, aunque desde 1979, con la llegada de la primera corporación democrática, hubo determinadas prácticas urbanísticas que no fueron bien vistas por quienes tenían que permitirlas.

Las zonas afectadas

En el informe elaborado por Al-Zahara se señalan los barrios de Miralbaida, Parque Cruz Conde, Parque de las Avenidas, avenida del Corregidor, Vistalegre (bloques de Santo Tomás de Aquino), Poniente (bloques de Gran Vía Parque y Plaza de Toros), Sector Sur, San José Obrero, Santuario, Fuensanta (zona Avenida Virgen de Linares), Fuensanta (zonas de avenida La Paz y Santa Victoria y zona La Barca de El Arcángel y bloques de avenida de la Fuensanta).
Además, también comprenden el Parque Fidiana, Fátima (bloques de Carlos III y bloques de la avenida Blas Infante), Levante (zona de Nuestra Señora de Belén y bloques de Carlos III y la zona Unión de Levante, Agrupación Córdoba y Apóstoles), Zumbacón (bloques de la Agrupación Córdoba), Parque Figueroa, Margaritas (pisos de la zona preescolar) y Cañero (bloques junto al cementerio).
Comentarios
tracking