«No va a haber ningún tipo de compasión para los corruptos. Si dicen que están perseguidos, que se preparen, porque habrá más persecución todavía»

Aunque nunca se ha escondido y ha manisfestado públicamente sus críticas, reflexiones y pareceres en los medios, las redes sociales y negro sobre blanco con varios libros publicados, Jesús Manuel Villegas Fernández (Córdoba, 1969) reconoce que desde que colabora en el programa televisivo de Iker Jiménez, la cosa se ha desbordado un poco y hasta le paran por la calle. La gente lo hace con afecto porque valora su claridad y valentía.También con cierta curiosidad: este hombre espigado, que viste abrigo oscuro, traje azul marino y botas de motorista cuando llega a la redacción de La Voz de Córdoba es un luchador que a priori no lo parece, pero que despliega conocimiento, sabiduría y cierto humor afilado con la eficacia de una espada, plantando cara a corruptos y manipuladores.

Ha estado en Córdoba pasando la Navidad en la casa familiar donde residen sus padres, en Ciudad Jardín. Tiene que coger un AVE que le llevará de vuelta a Madrid y nos atiende con generosidad, como si el reloj no marcara la hora de regreso. Aprovechará el viaje para seguir publicando en la red social X donde firma como Juez Eutimius (@eutimius) y cita a la Medea de Séneca en su perfil.

— «Ve a través de los espacios elevados del éter sublime». ¿Es un guiño a su origen cordobés, además de a lo que, efectivamente, Jasón le dice a Medea?

— Yo hace ya muchos años que dejé Córdoba, pero no quiero olvidar nunca mis raíces. Estoy muy orgulloso de ser cordobés y veo Córdoba, sobre todo, como una ciudad romana. Ha habido muchísimos escritores cordobeses que han escrito en latín y, después, otros que lo han hecho en castellano, como Juan Valera, por ejemplo, que está muy olvidado. Creo que es una tierra donde se ama el uso de la palabra, del lenguaje. También el presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá-Zamora, cordobés de Priego, era un hombre que amaba mucho la oratoria. Creo que Córdoba conserva ese espíritu antiguo de fascinación por el lenguaje, por la palabra. Es una tierra de oradores, es una tierra de filósofos que aman el alma del verbo, y eso siempre lo tengo muy presente.

Luego está la cita de Séneca, que procede de una tragedia excelente. Tiene un final que te deja hundido, porque es lo que dice Jasón: «vayamos por los cielos sabiendo que los dioses no existen». Es un grito de desesperanza absoluta. Me recuerda a cuando Yuri Gagarin, el primer cosmonauta soviético, orbitó la Tierra y dijo que no había visto a Dios. Lo veo como la pérdida total de la esperanza.

¿Y por qué poner algo que no tiene ninguna esperanza? Porque lo veo como un acicate para la lucha. Frente a esa imagen de la Córdoba senequista, muy tranquila, que deja pasar el tiempo, donde la gente va a un ritmo más ralentizado, aquí también hay que espolear, hay que luchar, hay que vivir. Eso lo tengo siempre muy presente cuando pienso en el pasado cordobés. Me sorprende muchísimo que poca gente lo haya leído. Yo recomiendo leer la Medea de Séneca, porque es brutal; está a la altura de Eurípides.

— ¿Puede un magistrado perder la esperanza en la justicia?

— No, no, no. La esperanza en la justicia no se pierde nunca. La justicia es una diosa; está ahí, más allá de la vida de los hombres. Lo que ocurre es que, obviamente, hay quienes quieren pisotearla, pero la lucha por la justicia ha existido siempre, desde la época de Séneca, desde que el hombre es hombre.

Lo que no podemos hacer es rendirnos; lo que no podemos hacer es quejarnos y no hacer nada, porque eso es lo que quieren nuestros enemigos. Tengo que decir que, por desgracia, hay muchos compañeros jueces —aunque yo, por supuesto, estoy muy orgulloso de la carrera judicial española y creo que es un ejemplo para el mundo— que están muy quemados. Se quejan en el café, protestan… y yo digo: menos quejas y más acción, más hechos y menos palabras, más valentía, salir a la primera línea, dar un paso al frente y quejarse menos.

— Sin embargo, hay compañeros suyos que han pagado un precio muy alto por eso, ¿no?

— Bueno, claro. Como los periodistas, como los políticos, como los guardias civiles, como los policías, como los bomberos. Quiero decir que toda profesión que se ejerza dignamente comporta un riesgo. Fijaos en lo que ocurrió cuando llegó la pandemia: las cajeras, la gente que trabajaba en los supermercados…

A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que las profesiones se pueden ejercer de maneras muy diferentes. Se puede simplemente dejar pasar los años, viendo cómo el transcurso del tiempo es solo envejecimiento y esperando llegar a la tumba: «ah, mira, un año menos, qué rápido pasa el tiempo». O se puede estar al pie del cañón —médicos, periodistas, jueces, policías— y, cuando llegue el momento final, decir: oye, mira, no es simplemente un año menos, es un año más, y me muero dejando un legado.

Sé que pueden parecer tonterías, pero yo a veces me pregunto por algunos compañeros míos —que no son la mayoría, son una minoría ridícula, algo minúsculo— que se venden al poder, que lo manchan todo, que le hacen la pelota a los políticos por conseguir un cargo. Y pienso: si os quedan dos días de vida, si la vida se escapa antes de que te des cuenta, ¿cómo vais a pasar a la historia? ¿Porque tuvisteis tal cargo como consecuencia de una conspiración, de un intercambio de cromos entre políticos que te colocaron en tal sitio?

Volvemos a lo de Roma. ¿Qué buscaban los romanos? Pasar a la memoria colectiva, que la gente los recordase. ¿Y cómo? Ganando guerras, haciendo obras públicas, escribiendo libros, pasando a la historia, dejando una huella. ¿Y qué huella van a dejar algunos? Que, como consecuencia de un intercambio de cromos, de una conspiración, de una negociación en un restaurante, de un pacto entre determinados políticos, obtuvieron un cargo. Miserable. No se acordará de ellos nadie, y si alguien se acuerda será solo para ilustrar una época nefasta en la que la justicia estaba sometida a la política y algunos jueces —insisto, poquísimos— se prestaron a ese espectáculo y a esa farsa indigna.

Creo que Córdoba conserva ese espíritu antiguo de fascinación por el lenguaje, por la palabra. Es una tierra de oradores, es una tierra de filósofos que aman el alma del verbo

Mira, me creerás o no, pero no hay momento en el que no piense que mañana me puedo morir, y eso es lo que te da dignidad. Recuerdo haber leído en Pascal aquello de «vive como si te quedaran ocho horas de vida». Eso te da una perspectiva extraordinaria. ¿Me voy a vender yo cuando me quedan ocho horas de vida? ¿Sabes lo que te digo? Es que es así: la vida no son más de ocho horas, porque luego pasa rapidísimo.

— Pues vuelve a salir entonces Séneca y el estoicismo.

— Claro, claro. Ahora el estoicismo está muy de moda, de la mano de autores estadounidenses. Se llenan los estantes de las librerías en la sección de autoayuda de libros sobre estoicismo. Sin embargo, yo, modestia aparte, llevo leyendo a Séneca de toda la vida. Y no está mal que se divulgue, que se vulgarice, faltaría más, pero también hay que ir a las fuentes originales.

— Le preguntaba antes por el precio que hay que pagar porque, además, parece que en España hay una especie de persecución a determinados jueces, ¿no? Y algunos han acabado ciertamente mal.

— A ver, ¿qué cambio tenemos ahora? Nosotros hemos visto mucho, hemos vivido épocas de corrupción muy duras. Yo recuerdo cómo se persiguió al juez Barbero con el caso Filesa, si no me falla la memoria, y también el hostigamiento que hubo en aquellas etapas de corrupción, cuando los corruptos se revolvían. Eso es normal; también lo han vivido los periodistas, obviamente. Eso va en el sueldo.

Pero ¿qué hay ahora? ¿Hay algo nuevo o es simplemente que ya estamos viejos y nos quejamos de todo? Yo creo que hay un plus. Ahora no es solo que el político o el delincuente corrupto se revuelva. No es que acusen a un juez concreto de una cosa o de otra —eso es lógico, evidentemente, se defienden— y utilicen ataques personales. El problema es que ahora el ataque se dirige contra el sistema en su conjunto. Ahí está el cambio.

Antes, cuando atacaban a un juez concreto, como Marino Barbero u otros, se inventaban cosas, le buscaban trapos sucios inexistentes, difundían noticias falsas. Ahora lo grave es que el ataque va contra toda la judicatura, contra el sistema, y que se ponen en marcha medidas legislativas con la intención de que en el futuro no se puedan descubrir determinados delitos. Lo verdaderamente grave que estamos viviendo es que se quiera entregar la investigación a los fiscales. El problema ya no es este juez u otro, sino los cambios legislativos que pueden impedir que, en el futuro, otros jueces hagan lo mismo.

— Ya avanzaba usted todo esto en un libro publicado en 2022, además con un título ciertamente llamativo: El inquisidor esquizofrénico.

— Exacto. Porque a los jueces se nos acusa de ser inquisidores. Hace poco me nombraron miembro de la Real Academia de Córdoba, un auténtico orgullo, y allí pronuncié un discurso sobre la Inquisición. Fue un discurso que a algunos les sentó bastante mal. Y yo digo: bueno, ¿qué pasa?, ¿que somos herederos de los inquisidores? Pues muy bien, basta ya de insultar. Asumo mi herencia, la asumo.

Cuando yo estaba trabajando en el extranjero, allí nos ven a los españoles como si todavía Franco estuviera vivo; la leyenda negra sigue muy presente. Y entonces dicen: «no, es que en realidad los jueces instructores son inquisidores». Mire usted, los jueces instructores de España existen en muy pocos países: aquí el delito se investiga por una autoridad judicial independiente.

¿Que eso recuerda a la Inquisición? Pues me parece muy bien. Se acabó, basta ya de complejos. Porque el juez instructor actual es, sobre todo, un garante de los derechos fundamentales y de las libertades. Lo único que ocurre es que investiga la verdad de forma independiente. Los fiscales no son independientes: son autónomos, dependen del Gobierno.

¿Qué pasa entonces? Que si la investigación criminal depende de la política, no van a llegar a juicio determinados asuntos que pueden ser comprometidos para ciertos poderes. Te dicen: «el juicio será imparcial». Yo no lo dudo. El problema es que no va a llegar a juicio. Ahí está la clave, y ese es el problema que yo veo.

El juez instructor actual es, sobre todo, un garante de los derechos fundamentales y de las libertades. Lo único que ocurre es que investiga la verdad de forma independiente.

Imagínense: ¿ustedes creen sinceramente que, con gente como José Luis Ábalos, o como el secretario general del PSOE de Extremadura —que me parece que ha llegado a unos límites absolutamente inaceptables—, si esa gente pudiera influir en la investigación criminal, se descubrirían las cosas? Unos jueces independientes y una policía independiente son la garantía para que los ciudadanos puedan dormir tranquilos y para que no haya impunidad. Y lo digo y lo repito.

— Sin embargo, los motivos que se dan para una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal no aluden tanto a la independencia del fiscal o del Ministerio Fiscal, sino a su profesionalización, ¿no?

— Bueno, ¿es que los jueces no son profesionales? Todo esto es… no doy crédito. Somos tan profesionales como los fiscales, como cualquiera.

— Desmónteme los motivos que da el Gobierno para esa nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

— Vamos a ver. Lo primero que se dice es que esto se hace en todo el mundo. Bueno, eso no es verdad. Hay otros países donde también existen jueces instructores, como Francia, Bélgica o Bulgaria. Pero, incluso aunque fuera cierto, ¿qué pasa? ¿Es que nosotros no podemos hacer las cosas mejor? España es uno de los países con menos delincuencia, con mejores redes de transporte público, con una sanidad de alto nivel. ¿Por qué no vamos a poder presumir también de un sistema de investigación criminal que sea de los mejores del mundo?

Luego dicen: no, mire usted, es que la investigación sería más rápida porque los fiscales están más especializados. Claro, si se les da más medios a los fiscales, evidentemente lo harán más rápido. Pero si se nos dan más medios a los jueces, también lo haremos más rápido. Después añaden que el juez tiene un ámbito territorial muy reducido, el partido judicial, que hoy resulta pequeño porque la delincuencia es transnacional, opera más allá de las fronteras, hay mafias internacionales. Y entonces se dice que ese juez instructor «pequeñito» servía para la delincuencia del siglo XIX: el que robaba gallinas, el que mataba al amante de su mujer… una justicia rural. Pero ahora hablamos de pornografía infantil, tráfico de drogas, bitcoin, criptomonedas, y claro, se presenta al juez instructor como un anacronismo.

La solución que proponen es una fiscalía con estructura nacional, más flexible, capaz de crear grupos específicos para investigar determinados delitos. Muy bien. Pero yo pregunto: ¿por qué no se puede hacer exactamente lo mismo con los jueces? La Audiencia Nacional, por ejemplo, tiene competencia en todo el territorio nacional. Es decir, esas críticas afectan a la estructura y a la organización de la justicia, pero no tienen nada que ver con que quien investigue sea un juez o sea un fiscal.

El argumento quizá más importante —y el que asumen muchos técnicos juristas que no están vendidos— es el de la independencia. El problema es que el juez es independiente y, como tal, no puede recibir órdenes. Los fiscales, en cambio, no son independientes: son autónomos. Tienen una estructura jerárquica y desde la cúpula se puede planificar la investigación criminal. Funciona casi como un ejército: hay un fiscal general, un fiscal jefe, y se puede mandar a fiscales a «combatir» en determinadas áreas donde se considere más necesaria la lucha contra la delincuencia, dándoles órdenes concretas.

Como los jueces son independientes, nadie puede darles órdenes. Y entonces se vende la idea de que una investigación dirigida por fiscales sería más eficaz y más eficiente en la lucha contra la delincuencia. Esto es una falacia tremenda. La unificación está muy bien cuando hablamos de criterios jurídicos: cuántos gramos de droga constituyen delito, cuándo hay contrabando, cómo se califican determinadas conductas. Ahí es lógico que haya criterios homogéneos para evitar el caos.Pero cuando se trata de una investigación concreta, es la policía la que debe llevar a cabo la coordinación, la práctica y la ejecución de la investigación.

Lo que no puede ocurrir es que, si se está investigando en Córdoba o en Valencia, un fiscal jefe en Madrid dé órdenes concretas sobre esa investigación. Eso no aporta eficiencia: genera caos. Está bien que los superiores fijen criterios jurídicos generales, pero dar órdenes concretas para interferir en una investigación es una injerencia que provoca descoordinación. La eficacia real la garantiza una policía judicial independiente bajo una dirección jurídica también independiente.

Se vende la idea de que una investigación dirigida por fiscales sería más eficaz y más eficiente en la lucha contra la delincuencia. Esto es una falacia tremenda.

¿Qué es lo que realmente se quiere? Control. Porque si yo soy el fiscal general del Estado y estoy en Madrid y me entero de que en Cádiz se está investigando algo que no me interesa, cojo el teléfono y digo: «a este testigo no lo llaméis», «a este fiscal lo quitáis». El fiscal general puede apartar a un fiscal, cambiarlo, quitarle un caso, llamarlo a su despacho y darle instrucciones concretas. Eso es el poder.

Para que quede clara la idea: la homogeneización es necesaria a nivel jurídico. Pero a nivel de investigación criminal, de praxis, de lucha contra la delincuencia, no puede haber interferencias de quienes no están llevando esa investigación. Eso es esencial.

Y hay un último argumento, que ahora ya se callan, pero que nosotros hemos vivido. Yo lo he vivido. El fiscal general del Estado ejecuta la política criminal del Gobierno. ¿Qué significa esto? Lo que ocurre en Estados Unidos, donde no lo ocultan: se hace política con la investigación criminal. Si gobierna la derecha, puede haber más flexibilidad, por ejemplo, con la evasión fiscal; si gobierna la izquierda, puede haber más flexibilidad con los destrozos de los piquetes de huelga o con determinados delitos llevados a cabo por inmigrantes. Allí lo asumen: la política no se hace solo con las leyes, también se hace con la policía.

A mí no me gusta ese modelo, pero no son hipócritas. Aquí, sin embargo, eso es lo que se quiere, pero no se atreven a decirlo. Hay una agenda oculta y hay hipocresía.

— La independencia judicial, en cualquier caso, murió en 1985.

— A ver, le dieron un golpe de muerte. Lo que ocurre es que ya sabemos que los dioses son inmortales. Tenemos una herida, sí, pero es una herida de la que nos recuperaremos.

— Se advierte sobre la politización de la justicia, pero también hay un problema de judicialización de la política.

— Bueno, vale, pero en muy buena medida la culpa de eso la tienen los propios políticos, que están continuamente presentando querellas y denuncias por cuestiones que son estrictamente políticas. Ahí lo que tienen que hacer los jueces, evidentemente, es tener la valentía suficiente para archivarlas. Pero eso no es tan fácil, porque cuando te dicen que investigues algo, claro, si no investigas nada, ¿cómo sabes que no hay nada?

Yo recuerdo un caso de un juez francés al que le presentaron una denuncia contra un determinado político porque, supuestamente, había incumplido su programa electoral. Eso es una auténtica barbaridad. Ahí, obviamente, la censura tiene que ser política.

En definitiva, tan mala es una cosa como la otra. Pero, al menos, cuando un juez investiga, siempre puede ser corregido. Lo hemos visto muchas veces: hay jueces instructores que llevan investigaciones complicadas y la Audiencia Provincial les revoca resoluciones. Además, hay un sistema completo de recursos, varias etapas, distintos niveles, de tal manera que cualquier irregularidad que pueda cometer un juez en la base está sometida a muchos filtros y a muchas depuraciones.

Y a los jueces de los tribunales superiores no les tiembla el pulso a la hora de enmendar a los inferiores y decir que se han equivocado. Sin embargo, cuando el Gobierno o un partido político presiona a los jueces, ¿quién los corrige a ellos?

— No solo presionar, sino también quejarse de la famosa persecución que tanto se ha invocado, sobre todo a raíz de la sentencia del fiscal general. Se sienten perseguidos los políticos por los jueces.

— Bueno, vamos a ver: si eres un delincuente, es lógico que te sientas perseguido. Pero es que eso es lo que debe ocurrir. No va a haber ningún tipo de compasión para los corruptos, ni para los criminales, ni para los delincuentes. Si dicen que están perseguidos, que se preparen, porque habrá más persecución todavía.

— ¿En qué acciones está trabajando ahora mismo la plataforma de la que forma parte?

— Nosotros elaboramos informes jurídicos que luego trasladamos al ámbito académico, a la universidad y a los grupos parlamentarios, con el objetivo de intentar influir en la legislación y depurarla. Tenemos informes muy sólidos en materia de investigación criminal, en los que no nos limitamos a decir que una reforma está mal, sino que ofrecemos alternativas concretas.

También estamos trabajando en la reforma de los tribunales de instancia, que es una reforma de la justicia que consideramos un auténtico caos y que, además, pretenden controlarla. Sobre esto tenemos informes muy interesantes que estamos moviendo.

Hemos elaborado igualmente informes en materia de indulto, porque creemos que el indulto es una institución buena, pero que no debe instrumentalizarse con fines políticos. Y también en materia de aforamientos. El aforamiento tiene un sentido, pero no puede convertirse en una patente de corso para que determinados políticos lo utilicen a su antojo. Ahora mismo hemos puesto de relieve cómo, en ocasiones, la regulación actual de los aforamientos puede permitir que un político —o un delincuente en general— llegue a escoger el tribunal que quiere que le juzgue.

— Está usted ahora mismo destinado en un juzgado de violencia de género.

— Sí, sí, efectivamente.

— ¿Hemos perdido los hombres en España la presunción de inocencia?

— Bien, eso es lo que quieren algunos —o algunas, no lo sé—, pero eso es inconmovible. Aquí tengo que hablar con mucha calma, porque es mi profesión, y con mucha cautela, porque estoy hablando de mí mismo. Yo creo que hay que tener tolerancia cero contra la violencia de género, que no se puede pasar ni una.

Pero también es verdad que nos movemos en un terreno muy peligroso, porque se pueden reblandecer, se pueden debilitar los principios del Estado de derecho y las libertades básicas que diferencian a un Estado democrático de una dictadura. Hablo de forma general.

Por ejemplo, para explicarme un poco —siempre con toda la prudencia que exige una materia como esta—, cuando se habla de juzgar con perspectiva de género. Si eso significa ser más empático, conocer a las mujeres, ponerse en su lugar, tener un conocimiento sociológico del trasfondo que hay detrás de cada caso, no dejarse llevar por estereotipos ni prejuicios, de acuerdo. Pero si la perspectiva de género significa inclinar la balanza a favor de una parte y en contra de la otra, eso es simplemente la destrucción de la justicia: dinamitar el Palacio de Justicia desde sus cimientos.

— Hace un par de semanas publicábamos una entrevista con un psicólogo forense, al hilo del revuelo que se ha formado con el libro de Soto Ivars sobre las denuncias falsas…

— Conozco el libro y, además, Soto Ivars es amigo mío.

— …y da la impresión de que algo está fallando, ¿no? No sé si por la ley o por la aplicación que se hace de ella, pero algo pasa, desde luego, y es muy injusto para los hombres.

— Bien, vamos a ver. La pregunta es: ¿hay denuncias falsas o no hay denuncias falsas? Eso es muy difícil de averiguar, porque el delito de denuncia falsa es uno de los más complicados de probar. Hay quien dice: «no, es que las denuncias falsas son prácticamente inexistentes porque el número de condenas es insignificante». Ese es un argumento falaz, porque el número de condenas por denuncias falsas es mínimo en comparación con el volumen de denuncias precisamente porque ese delito es complicadísimo de demostrar. Ese no es un argumento razonable.

¿Mi opinión? ¿Las mujeres denuncian falsamente? Yo no tengo datos estadísticos ni lo he estudiado en profundidad, así que Soto Ivars sabrá más que yo. Mi impresión es que denuncias falsas hay pocas. Lo que sí hay es una instrumentalización de los conflictos de pareja que, muchas veces, se llevan a la jurisdicción penal cuando deberían resolverse en otro ámbito.

Me explico. Si un matrimonio se divorcia, tiene que repartir la vivienda, establecer el régimen de visitas de los hijos, fijar pensiones, tomar decisiones esenciales como la escolarización, la hospitalización de los menores o su asistencia médica. Existe la tentación de llevar todo eso por la vía penal como un atajo para resolverlo de manera inmediata. Y ahí la mujer puede tener una ventaja, porque hay juzgados especializados y, además, determinados delitos se castigan de forma distinta si los comete un hombre o si los comete una mujer. A mí eso no me parece bien.

¿Cuál es el problema de fondo? El riesgo de que la jurisdicción penal se utilice para resolver conflictos civiles. En definitiva —y lo digo claro—, para beneficiar a las mujeres. Ahí estamos los jueces para decir que no, que todos somos iguales ante la ley. Pero también es verdad que hay determinados sectores ideológicos, de un feminismo radical que viene de Estados Unidos y de Francia. Todos recordamos los referentes ideológicos de Judith Butler y otros autores. La idea es: «esto es una lucha, hay que trasladar la lucha de clases a la familia, al matrimonio, y hay que tomar partido por la mujer». No. Los jueces estamos precisamente para que eso no sea así. Considerar los problemas domésticos como una lucha de clases en la que la mujer es la parte a empoderar es una burla a la justicia.

— Tenemos el año 2026 recién comenzado. ¿Es optimista?

— Sí, sí. Yo soy muy optimista porque creo que España es un gran país. Soy optimista porque confío en nuestros profesionales: en los periodistas, en los policías, en los guardias civiles, en los jueces, en todos. Y porque creo que somos un ejemplo para el mundo: hicimos nuestra transición y tenemos uno de los Estados más potentes a nivel mundial.

Pero también es verdad que hay un grupo de criminales y de corruptos que tienen influencia en las máximas instancias del poder político de nuestro país y que están luchando por su supervivencia. Son animales heridos y, por lo tanto, muy peligrosos. Van a lanzar una ofensiva, una ofensiva sin cuartel, y el problema es que, en ocasiones —o al menos eso es lo que pretenden—, pueden influir en el BOE, pueden influir en nuestras leyes y pueden cambiar nuestro ordenamiento jurídico para salvar su pellejo. Y eso me produce muchísima inquietud.Delincuentes ha habido siempre. Mire, donde ha habido excrementos, siempre ha habido moscas. Eso es así. El problema es que esos gusanos no controlen el Boletín Oficial del Estado.