El PP acusa a Puente y Montero de «generar ruido y confusión» con las llamadas al 112 tras el caos de Adamuz

Los investigadores de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), organismo independiente del Ministerio de Transportes, han solicitado a la jueza de Montoro, Cristina Pastor, el acceso a las grabaciones de las llamadas que se hicieron al 112 Andalucía la tarde del domingo 18 de enero, día del accidente de Adamuz, que se saldó con 46 muertos.

En primer lugar, la comisión se había dirigido el pasado 19 de febrero al Servicio de Coordinación de Emergencias autonómico para solicitar dichos audios. El 5 de marzo, el director general de Emergencias de la Junta, Alejandro García Hernández, aludió a que esas grabaciones no se pueden entregar debido a ley de protección de datos, pero al estar el caso judicializado, podían dirigirse directamente al juzgado para solicitar su cesión, ya que allí fueron depositados. De ahí que la CIAF ahora se haya dirigido directamente a la magistrada.

Qué atención se prestó a las víctimas

Según han apuntado fuentes cercanas a la investigación, «aunque la misión de la CIAF es el análisis de todo lo que ocurrió para que se produjera el accidente, con el fin de establecer recomendaciones que eviten futuros accidentes y mejoren la seguridad, las directivas europeas también contemplan el seguimiento de la atención que se prestó a las víctimas».

Las fuentes han recordado que «la investigación lleva consigo muchos análisis de documentos y datos, entrevistas, análisis de laboratorio, grabaciones, etc», al tiempo que han lamentado que «la necesidad de contar con autorización judicial para muchos de esos elementos hace que la investigación no sea tan inmediata como sería deseable».

Entretanto, la CIAF ya ha recibido algunas de las informaciones solicitadas, «algunas de ellas confidenciales», de ahí que no hayan trascendido detalles, remarcando las fuentes que «en principio sólo tienen acceso a ellas los que están a cargo de la investigación».

En relación con las referidas llamadas, el Tribunal de Instancia de Montoro tiene en su poder tras los primeros días del siniestro el registro de las mismas, después de que se lo entregara, como apuntábamos, la Junta de Andalucía.

Según avanza eldiario.es, la jueza no se ha pronunciado todavía ante esta petición de la CIAF, que continúa con su trabajo y que de momento habría elaborado ya cinco informes provisionales sobre el siniestro.

Guerra política

Tras trascender la noticia de la petición de la CIAF, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha tuiteado en 'X' lo siguiente, sembrando dudas sobre la actuación en este apartado de la Junta autonómica.

No ha tardado el PP-A en contestarle. El secretario general de los populares andaluces, Antonio Repullo, le ha matizado la información, asegurando que la Junta ha actuado conforme a la ley y acusando a los socialistas de generar desinformación con ello.« María Jesús Montero y el PSOE de Andalucía sólo generan ruido, desinformación y confusión».

«Los hechos son verificables: Las grabaciones del 112 se remitieron al juzgado inmediatamente, como exige la ley. No se ha denegado ninguna información, se envió todo lo solicitado por el juzgado y por la CIAF, que conoce su ubicación y las ha pedido directamente allí. Por Ley de Protección de Datos, el 112 no puede entregarlas a otros organismos. Sería ilegal».

«El Gobierno de la Junta de Andalucía siempre ha estado, y va a seguir estando, al lado de las víctimas de la tragedia de Adamuz y de sus familias. Buscando verdad, responsabilidad y transparencia. El intento de Óscar Puente y del PSOE de Andalucía de manipular la realidad es obsceno e inmoral. Pero su desesperación política debería estar al margen de temas tan dolorosos y sensibles como este», ha finalizado Repullo.