Adif ocultó a la jueza que se llevó 42 metros más de vía del lugar del accidente de Adamuz sin permiso

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), organismo dependiente del Ministerio de Transportes, ha ocultado la retirada de 42 metros de vía más de los notificados a la jueza que investiga el accidente de Adamuz. Esta actuación, que se suma a la realizada pocos días después de la tragedia, ha motivado una nueva reacción del Tribunal de Instancia número 2 de Montoro.

La magistrada Cristina Pastor ha ordenado a la Policía Judicial que examine todo el material retirado de la zona cero del accidente y proceda a su precinto, en una providencia emitida después que el propio Tribunal de Instancia practicara una inspección ocular en el depósito que tiene Adif en Hornachuelos y detectara que había material del que la empresa del Gobierno no había dado parte a la Autoridad Judicial.

Según esta providencia, en el depósito de Hornachuelos se encuentran los 36 metros de vía cuya retirada había sido notificada el pasado 2 de marzo, así como otros 42 también retirados sin permiso ni conocimiento del propio tribunal. La juez considera esta actuación especialmente grave al tratarse de una reincidencia, teniendo en cuenta que Adif se llevó trozos de vía y soldadura de la zona cero sin autorización expresa pocos días después del accidente.

La magistrada advierte al organismo dependiente del Ministerio de Transportes de que dicho material queda «bajo su custodia» y le recuerda las «responsabilidades legales» derivadas del «incumplimiento de sus deberes», insistiendo en las piezas retiradas deben permanecer a disposición judicial «en todo momento».

Paralelamente, la jueza ha analizado otro informe remitido por la empresa pública sobre el traslado de cupones de soldadura a la base logística de Hornachuelos. En ese documento, Adif justifica que retiró dicho material en la noche del 22 al 23 de enero porque, según afirma, la Guardia Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) dejaron restos sin precintar ni adoptar «ninguna medida cautelar».

«Por tal motivo», sostiene la empresa, los cupones fueron trasladados «sin que hayan sido manipulados o alterados» y permaneciendo «en todo momento a disposición judicial». Adif incluso señala directamente la actuación de los investigadores, al considerar que el material quedó «expuesto al deterioro».

El informe también detalla los ensayos realizados sobre las piezas retiradas, que la compañía califica como «no destructivos». Entre ellos figura un ensayo de dureza con durómetro, consistente en una punción microscópica para medir la resistencia del material, así como una inspección mediante ultrasonidos de varias soldaduras.

Según Adif, estas pruebas se llevaron a cabo tras detectar un «error» en el parte de soldadura en el punto del descarrilamiento. Los resultados concluyen que las uniones se realizaron correctamente y con la dureza exigida por la normativa, mientras que las inspecciones por ultrasonidos ofrecieron un resultado igualmente «correcto».

Finalmente, la empresa solicitó al juzgado autorización para acceder al tren Iryo implicado en el accidente y completar su informe para la CIAF, además de realizar nuevas pruebas sobre material retirado. Sin embargo, la magistrada ha rechazado esta petición «por ahora», a la espera de que se designen peritos judiciales independientes solicitados al Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía.

Respuesta de Adif

Adif ha salido al paso de esta nueva providencia a través de una nota de prensa en la que afirma que personal de la empresa pública explicó el pasado 17 de marzo a la jueza que había llevado un cambio de vías en un tramo situado a 1,3 kilómetros de distancia de donde se produjo el accidente ferroviario.

desde Adif han aclarado que «la jueza comunicó que el martes 17 de marzo iría a Adamuz a hacer una inspección ocular» y que, «ese día, junto a Guardia Civil y personal de Adif, la jueza estuvo viendo el punto del accidente y el punto donde se realizó el cambio de carril comunicado en su momento al juzgado», en concreto el referido a los mencionados 36 metros de vía.

Además, según prosigue en su comunicado el ente público, «ese día personal de Adif le explicó a la jueza que, además del cambio de carril ya comunicado, en el mes de febrero y en el marco de tareas de mantenimiento se cambió otra sección de carril situada a 1,350 kilómetros de la zona del siniestro», la referida a los citados 42 metros de vía.

Por último, desde Adif han resaltado que, además de haber dado cuenta a la jueza de las ya indicadas retiradas de secciones de vías, «todo el material reemplazado está custodiado y a disposición de la investigación judicial y de la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios)».

Investigación europea

La nueva providencia de la jueza del caso de Adamuz sale a la luz el mismo en que la Fiscalía Europea ha abierto una investigación para determinar si se cometió un delito de fraude y malversación con los 111 millones de euros que la Unión Europea dio a España ante el deterioro que presentaba la línea del AVE Sevilla-Madrid, la cual pasa por la localidad cordobesa donde el pasado 18 de enero.

La Comisión Europea otorgó dicho importe al Gobierno de España a comienzos de 2024, tras constatar que la línea del AVE Madrid-Sevilla, la primera que se construyó en España, presentaba un estado más deteriorado que el resto de las líneas ferroviarias de Alta Velocidad.

Ahora que la investigación sobre la tragedia de Adamuz apunta directamente al mal estado de las vías como causa del siniestro, y tras la denuncia pública que realizaron los eurodiputados del Partido Popular en la Cámara comunitaria, la Fiscalía Europea quiere saber qué se hizo con ese dinero que dio la Comisión al Gobierno si las vías de tren no se repararon.

Para llevar a cabo la investigación, la Fiscalía Europea ha asignado a dos fiscales que ya han solicitado información tanto a Adif como responsable de las vías ferroviarias como al Tribunal de Instrucción de Montoro, que está llevando la investigación judicial por la parte española.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, por su parte, se ha tomado la apertura de la investigación como «algo normal». «La Fiscalía Europea investiga el accidente de Adamuz desde nada más producirse. En todos los casos en los que hay involucrados fondos europeos sucede así», afirma el ministro a través de un mensaje en las redes sociales.