La Junta recurrirá el informe de la CHG que bloquea la conexión La Colada-Sierra Boyera y denuncia una «decisión política» del Gobierno

El Gobierno de la Junta de Andalucía presentará un recurso contra el informe negativo emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) que impide la ejecución del proyecto de conexión hidráulica entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera. Así lo ha anunciado este miércoles el delegado del Gobierno andaluz, Adolfo Molina, quien ha calificado la decisión como «política» y ha acusado al Ejecutivo central de actuar sin «explicación técnica, ni sentido común, ni justificación política».

En una comparecencia especialmente crítica, Molina ha mostrado la «indignación e incredulidad» de la Junta ante un informe que, recuerda, no es una resolución firme y que llega tras años de trabajo técnico conjunto entre administraciones. «Estamos hablando de una infraestructura vital, imprescindible, que garantiza el abastecimiento de agua potable a 80.000 vecinos de Los Pedroches y el Guadiato», ha defendido, destacando que el proyecto fue identificado como solución definitiva en los planes hidrológicos tanto del Guadalquivir como del Guadiana.

El delegado ha sostenido que existe una «colaboración permanente» acreditada por correos, comunicaciones oficiales y reuniones entre técnicos de la Junta y de la propia Confederación Hidrográfica. «No entendemos que ahora se niegue esa coordinación», ha dicho, refiriéndose también a declaraciones recientes del presidente de la CHG que, según la Junta, niegan ese historial de intercambios.

La Junta insiste en que el proyecto está avalado por todos los permisos medioambientales, otorgados por su Delegación Territorial de Medio Ambiente, y que su ejecución ya ha sido adjudicada con cargo al canon del agua, una inversión de 9,3 millones de euros que ya está financiada. «Es inconcebible que una administración cuestione a otra por querer garantizar agua de calidad», ha subrayado Molina.

Por su parte, el delegado territorial de Agricultura, Francisco Acosta, ha aportado documentación que, según afirma, demuestra que la CHG conocía el proyecto desde al menos 2022 y que sus propios técnicos lo avalaban en las fases de diseño. Acosta ha recalcado que no existe duplicidad, sino redundancia prevista como medida de seguridad ante fallos, como los que ya dejaron sin agua a municipios el verano pasado.

«Esto no es un capricho, es una obligación. El norte de Córdoba no puede seguir esperando», ha dicho Molina, quien ha asegurado que presentarán alegaciones «con los informes técnicos en la mano» y que contarán con el apoyo de alcaldes, vecinos y colectivos. «El agua no puede ser un instrumento de castigo político. Es un derecho», ha concluido.