Una macrocausa judicial por la tierra fértil puede frenar la expansión de las plantas solares en Córdoba

La provincia de Córdoba podría convertirse en el siguiente frente judicial en la batalla por frenar la expansión de las macroplantas solares en Andalucía. Una macrocausa legal sin precedentes, impulsada por las asociaciones SOS Rural, Ecología y Libertad y la plataforma ciudadana Campiña Norte contra las megaplantas solares, se abre camino tras iniciar sus primeros pasos en la localidad jiennense de Lopera.

El caso, financiado mediante donaciones ciudadanas y promovido por entidades especializadas en la defensa del medio rural, no se limita a una denuncia ambiental. Sus impulsores denuncian un modelo especulativo que amenaza el suelo agrícola fértil, clave para el sustento económico de comarcas enteras.

«Lo que se quiere frenar es el arrase de tierras de cultivo productivas para instalar placas de hierro y cristal», explica Rafael Alcalá, portavoz de la plataforma Campiña Norte. «El olivar, en Jaén, es el primer objetivo, pero Córdoba va justo detrás».

La vía legal activada es la revisión de oficio de los permisos administrativos y ambientales otorgados por la Junta de Andalucía. Se basa en un argumento jurídico concreto: el fraccionamiento artificial de los proyectos, tanto en potencia como en superficie, para evitar la supervisión del Ministerio de Transición Ecológica y sortear las exigencias de la evaluación ambiental ordinaria. «El fallo que ya anuló la licencia del parque solar entre Bujalance y Montoro por este mismo motivo da solidez a esta estrategia», añade Alcalá.

Aunque el proceso ha arrancado en Lopera, Arjona y Marmolejo (Jaén), los impulsores ya han señalado los próximos puntos en el mapa: Montoro, Bujalance y Villa del Río, todos ellos en la provincia de Córdoba. El foco estará en los proyectos que, aprovechando la infraestructura de evacuación existente o proyectada, pretenden implantarse sin una planificación territorial clara y sin escuchar a la población afectada.

«La Junta rechazó en 2023 una moratoria a la Ley LISTA que habría permitido a los ayuntamientos ordenar este tipo de instalaciones en suelo rústico. Hoy, muchos alcaldes están atados de pies y manos», denuncia Alcalá. No obstante, la plataforma recuerda que la licencia de obra sigue siendo competencia municipal, y anima a los consistorios a elaborar planes especiales de ordenación para regular estas iniciativas.

Las consecuencias sociales y económicas, advierten, son profundas. «Cuando se arranca un olivar no solo se pierde una fuente de producción. Se destruyen jornales, talleres de maquinaria agrícola, empresas de fitosanitarios… Toda una cadena económica desaparece para beneficiar a unas pocas empresas que buscan rentabilidad máxima», afirma el portavoz. En este sentido, lamenta que la Junta «se haya rendido al criterio de las promotoras», que eligen terrenos según la cercanía a las subestaciones para minimizar costes, sin considerar el impacto social o ecológico.

La plataforma pone como ejemplo el caso de la planta solar Zumajo II, de casi 150 hectáreas, donde la propiedad estaba dividida entre seis grandes propietarios y más de 60 pequeños. «A los grandes se les ofrece dinero y se negocia. A los pequeños se les ignora hasta que se inicia un proceso de expropiación», denuncia Alcalá. La ley de expropiación de 1954 permite a empresas privadas forzar este tipo de procesos con cobertura legal.

Para impedir que este modelo se repita en Córdoba, las plataformas ciudadanas ya han solicitado a los ayuntamientos afectados que paralicen la tramitación de nuevas licencias mientras se resuelven los procedimientos iniciados. También se han registrado solicitudes de acceso a expedientes y advertencias sobre la posible responsabilidad patrimonial y penal que podrían tener las administraciones locales si continúan autorizando proyectos con permisos «nulos de pleno derecho», según argumentan los promotores de la macrocausa.

La denuncia, además, busca sentar jurisprudencia a nivel nacional. «Si los políticos no paran esta expansión, será un juez quien lo haga», sentencia SOS Rural.