Imagen de archivo de una balsa de riego
Feragua critica que la CHG considere de dominio público hasta las charcas
Reclaman «un tratamiento homogéneo entre el medio urbano y rural, en defensa de la seguridad jurídica y del principio de igualdad»
Feragua ha denunciado el doble rasero aplicado por la administración en el primer Inventario de Cauces Públicos en la cuenca del Guadalquivir, actualmente en fase de información pública. Este documento, pionero en España, establece una diferenciación entre el ámbito urbano -donde tiene carácter meramente informativo- y el medio rural, donde se contempla con efectos normativos, con consecuencias directas sobre la propiedad privada y el uso del suelo.
El inventario identifica como dominio público hidráulico cerca de 170.000 arroyos y más de 270.000 tramos en toda la demarcación, lo que supone «una magnitud sin precedentes y anticipa una elevada carga de revisión para comunidades de regantes y propietarios». Esta amplitud refuerza la preocupación del sector ante posibles errores en la delimitación y sus consecuencias jurídicas.
Asimismo, Feragua ha detectado que, en el Inventario sometido a consulta pública, «la mera presencia de una lámina de agua en cualquier arroyo —ya sea una balsa o una charca— conduce automáticamente a su calificación como dominio público». Esta consideración se realiza sin tener en cuenta que muchas de estas balsas cuentan con autorización como infraestructuras de aguas pluviales, y que la propia CHG ha resuelto previamente que se han ejecutado sobre cauces de carácter privado. En consecuencia, "la administración incurre en una contradicción al apartarse de sus propias resoluciones anteriores, en las que reconocía la naturaleza privada de dichos arroyos.
Más plazo
Feragua ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la ampliación en un mes y medio del plazo de alegaciones, actualmente fijado hasta el 22 de abril, al considerar que «resulta insuficiente para analizar un documento de tal envergadura y garantizar la correcta defensa de los intereses afectados».
La organización advierte de que la delimitación entre cauce público y privado «resulta en muchos casos difusa, y que la consideración de determinados terrenos como dominio público hidráulico implica restricciones como zonas de servidumbre y policía, que condicionan su uso futuro e incluso pueden suponer la pérdida de superficie sin compensación económica».
Asimismo, Feragua cuestiona la metodología empleada en la elaboración del inventario, basada fundamentalmente en información cartográfica y catastral, «sin un contraste suficiente sobre el terreno, lo que incrementa el riesgo de inexactitudes». En este sentido, reclama que la Administración «revise la actual propuesta con un trabajo de campo riguroso y le exige un tratamiento homogéneo entre el medio urbano y rural, en defensa de la seguridad jurídica y del principio de igualdad».
