Bellido presenta en el Senado el modelo de Córdoba como respuesta municipal a la crisis de vivienda

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha comparecido este miércoles ante la Comisión General de las Entidades Locales del Senado para exponer las medidas que el Ayuntamiento está adoptando frente a la crisis de vivienda. Lejos de limitarse a trasladar quejas, presentó un modelo de gestión municipal con resultados concretos y reclamó una mayor coordinación entre administraciones para desbloquear suelo público y agilizar los trámites que hoy retrasan la llegada de vivienda nueva al mercado. El tono y los ejemplos expuestos han sido reconocidos por grupos tan distantes políticamente como el PNV o Izquierda Confederal, en claro contraste con el portavoz del Grupo Socialista, Alfonso Carlos Moscoso, que aprovechó su turno para atacar al PP y reivindicar al Gobierno de Pedro Sánchez sin entrar en ninguno de los planteamientos concretos del alcalde.

El núcleo de la propuesta de Bellido se articula en torno a la agilización de los procesos administrativos que ralentizan la llegada de vivienda nueva al mercado. A su juicio, los retrasos en la emisión de informes demoran años los desarrollos ya previstos en los planes generales, con el consiguiente efecto inflacionario sobre los precios. «Esos años de retraso son años que provocan inflación porque no podemos cumplir el ritmo que nuestros propios planes generales nos marcan», señaló.

Para abordar ese cuello de botella, Bellido defiende ampliar la colaboración con colegios profesionales y entidades colaboradoras urbanísticas, que podrían emitir informes previos de viabilidad descargando trabajo técnico de los funcionarios municipales sin merma de garantías. La experiencia en Córdoba, según trasladó, está siendo positiva. El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Igotz López Torre, valoró especialmente esta iniciativa y avanzó que le haría seguimiento.

A esa petición sumó otra dirigida directamente a los senadores: que flexibilicen las reglas fiscales que hoy constriñen a los ayuntamientos —en particular la regla de gasto y el uso de los remanentes de tesorería— para que los fondos acumulados puedan destinarse a vivienda. «Es una emergencia nacional», subrayó, enmarcando la petición no como una reivindicación financiera sino como una cuestión de instrumentos para actuar.

50% de VPO en todos los nuevos desarrollos

Frente al portavoz del PSOE, que quiso enmarcar sus propuestas como una apuesta liberalizadora, Bellido puso sobre la mesa una medida que va en sentido contrario: la modificación del plan general para elevar al 50% la reserva de vivienda de protección oficial en todos los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad, frente al 30% que establecía la normativa anterior. «El interés público está por encima», zanjó ante las dudas sobre la viabilidad económica para los promotores privados.

El mayor exponente de esa política es el Plan Parcial O-4, en el sector de Huerta Santa Isabel, que Bellido describió como el mayor desarrollo urbanístico de Andalucía. En él, las administraciones públicas son propietarias mayoritarias de la junta de compensación, con liderazgo de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Córdoba. Junto a ello, el alcalde detalló el Plan Vive, con 600 viviendas públicas destinadas a menores de 35 años con límites de renta y limitación temporal de estancia para garantizar rotación, construidas en suelos dotacionales. Para mayores de 65 años, el modelo contempla alojamientos en alquiler asequible con servicios comunes de convivencia.

El casco histórico y la vivienda turística

A pregunta del portavoz del PNV, López Torre, Bellido abordó el impacto de la vivienda de uso turístico en Córdoba, cuya singularidad patrimonial —cuatro declaraciones de Patrimonio de la Humanidad— lo convierte en un caso particular. Según un estudio propio, el 60% de las plazas turísticas de la ciudad correspondían a viviendas de uso turístico, con zonas del casco histórico en las que más del 40% de los inmuebles habían pasado ya a ese uso, con el consiguiente efecto de expulsión residencial y encarecimiento del alquiler en esas áreas.

La respuesta municipal, amparada en la normativa aprobada por la Junta de Andalucía, ha sido una moratoria y la próxima prohibición de nuevas viviendas de uso turístico en determinadas zonas del casco histórico y el Distrito Sur. El alcalde matizó, no obstante, que el problema, siendo real y grave en esas zonas específicas, no tenía un impacto determinante sobre el conjunto del mercado residencial de la ciudad.

El PSOE, sin respuestas al problema concreto

El contraste con la intervención del portavoz socialista fue perceptible para el conjunto de la comisión. Moscoso no respondió a ninguna de las propuestas de Bellido, sino que utilizó su turno para enumerar iniciativas del Ejecutivo nacional —el nuevo Plan Estatal de Vivienda, reuniones con comunidades autónomas— y para instar al alcalde, en su condición de presidente de la Federación Andaluza de Municipios, a que presionara a la Junta para aceptar esos fondos. Esto, en una comparecencia convocada específicamente para tratar las competencias municipales en materia de suelo y burocracia urbanística.

Bellido le respondió sin nombrar siglas. Señaló el barrio de Fátima como ejemplo de lo que está pendiente: un desarrollo con suelo público disponible y posibilidad real de construir vivienda que sigue a la espera de que el Gobierno central dé el paso. «Precisamente estamos esperando a ver cuándo toca que empiece esa construcción por parte del Estado», dijo.

Resultó significativo que tanto el portavoz de Izquierda Confederal, Juanjo Ferrer, como el del PNV hubieran mantenido un intercambio constructivo con Bellido, reconociendo el valor de los ejemplos concretos aportados e interesándose por su traslado a otros municipios. Ferrer había apuntado en la misma dirección al reclamar un pacto estable y duradero entre fuerzas políticas para afrontar el problema de la vivienda, una llamada que Bellido hizo suya al proponer un gran acuerdo. La intervención del Grupo Socialista, en cambio, pasó por alto que el Gobierno de España lleva gobernando desde junio de 2018 por Sánchez y sus socios, período en el que el precio de la vivienda ha registrado incrementos históricos en todo el territorio nacional. La Ley por el Derecho a la Vivienda, principal iniciativa legislativa del Ejecutivo en esta materia, no fue aprobada hasta mayo de 2023, y su aplicación no está siedo precisamente efectiva.

Resultados que avalan el modelo

La portavoz del Grupo Popular, Mónica Grados Caro, alcaldesa ella misma (de Alcántara), subrayó que Córdoba se está convirtiendo en «un espejo en el que muchas ciudades quieren mirarse» y valoró la apuesta por la simplificación administrativa como vía para agilizar tiempos y reducir carga de trabajo técnico. «Está demostrando que el municipalismo es política útil», añadió.

Bellido cerró con datos. Citando estadísticas del Registro Inmobiliario y de Tinsa, sostuvo que el precio de la vivienda en Córdoba está creciendo muy por debajo de la media nacional: según los datos ofrecidos por el alcalde, mientras la media nacional crecía un 8,9%, en Córdoba lo hacía un 2,8%; y frente a incrementos del 14% registrados en otras ciudades, Córdoba se habría situado en el 4,8%.

«Parece que estas políticas no deben ser tan malas», concluyó.