«La Justicia, aunque lenta, siempre llega, y con todas las garantías»

Las redes sociales se han convertido en un combustible venenoso que alimenta la vanidad humana. Casi todo el mundo se muestra, opina, explica, interpreta, aconseja, presume, cuenta su vida. Una vida que solo interesa a quienes tienen la propia ciertamente vacía. La necesidad de estar, de aparecer y parecer, llega a resultar ciertamente enfermiza, por eso adquiere un tremendo valor un testimonio como el de hoy : un señor que hace su trabajo con eficacia, honradez, principios morales, asumiendo errores y celebrando calladamente los aciertos. Y no los anuncia en Facebook. Ni concede entrevistas: esta es la primera de su vida profesional.

Y no es un trabajo cualquiera. Le toca dirimir las relaciones entre las administraciones públicas y los administrados, sobre todo las conflictivas. Desde una multa de tráfico impuesta por un ayuntamiento o por la DGT , pasando por la denegación de una licencia de apertura para un bar, hasta una recalificación de terrenos.

Antonio Jesús Pérez Jiménez (Puente Genil, Córdoba, 1967) es magistrado juez y ha estado los últimos 21 años en Córdoba encargándose de esos y otros muchos asuntos. No ha debido hacerlo mal, algo que se deduce por la amplia y cariñosa despedida que hace unas semanas le rindieron sus compañeros funcionarios y lo más granado del gremio jurídico cordobés, ahora que se ha marchado con destino al TSJA en Sevilla. Pero ha sido un trabajo ajeno a los focos, a los reels y los ecos de sociedad. Como entiende Pérez Jiménez que debe ser la labor de un juez.

Ahora que vivimos en la época del ruido, la decadencia televisada, el famoseo iletrado y la nada sobrevalorada, es importante conocer a esas personas que hacen que un país siga funcionando gracias a su profesionalidad, esfuerzo y prudencia. Sin necesidad de selfis. Y con mucha responsabilidad en sus manos.

- ¿Más de 16.000 sentencias dan una idea cierta de cómo somos los seres humanos?

- En las sentencias no se evalúan las cualidades humanas de las personas, sino las alegaciones que presentan y el planteamiento con el que solicitan algo. Es un ejercicio puramente técnico —humano también, pero técnico— de aplicación del derecho. Dicho esto, sí se conocen muchos tipos de personas, evidentemente, y se adquiere —o se puede adquirir— una cierta psicología, aunque no todo el mundo tiene las mismas capacidades para ello. Interrogar, por ejemplo, es un arte, y no todo el mundo sabe interrogar; eso no lo enseña la Escuela Judicial. Saber dejar hablar cuando alguien puede decir más de lo que debería también es un arte, y tampoco está en los libros de derecho. Ejercer la autoridad de manera prudente, adecuada y oportuna tampoco se enseña en ninguna parte, ni figura en los temarios de las oposiciones a judicatura ni en la Escuela Judicial. A todo eso hay que añadir mantener un estilo propio y saber conducir el proceso hacia lo que, en mi opinión, debe ser siempre la verdad material ,entre comillas, porque la verdad material es, en el mejor de los casos, la aproximación más cercana posible a ella. Todo eso requiere una serie de cualidades que no están necesariamente atribuidas a todas las personas.

- En 1992, más de media España estaba de fiesta entre la Olimpiada y la Expo. Usted estaba celebrando haber aprobado judicatura.

- Celebré muchísimo aprobar judicatura. El día que un gran amigo mío, fiscal de menores en Córdoba, me llamó por teléfono para decirme que había aprobado era el 13 de julio de 1992. Yo no esperaba aprobar. A todos los que me conocen, y en todas partes, siempre diré que fue casi milagroso, sin negar que hubo también una parte de esfuerzo. Lo cierto es que era muy joven, demasiado joven; era mi primera ocasión; y el sistema de oposición era, por un lado, más fácil que el actual —porque hoy todo es oral y apenas hay margen de error—, pero por otro lado también era más exigente, ya que incluía un examen práctico de desarrollo intelectual sobre casos y supuestos que hoy no existe. Tuve suerte con ese sistema, sí, y nunca lo voy a negar después de 34 años, por más que me digan que aprobé muy joven. Aprobé con suerte; también es verdad que me esforcé mucho, y también es verdad que después he intentado hacer mucho honor a lo que la vida me concedió y ejercer siempre bien mi trabajo.

- ¿El ámbito contencioso-administrativo es uno de los más importantes, pero de los menos comprendidos?

- Totalmente. Si uno se para a pensar, desde que sale a la calle está utilizando, aplicando o siendo objeto del derecho administrativo. Te fijas en las casas y verás si tienen licencia urbanística o no. Te fijas en los coches y en si están bien aparcados o no: otra norma completamente distinta. Observas si la policía está regulando bien el tráfico... Eso puede llevarte a múltiples niveles, prácticamente inabarcables. El derecho administrativo es nuestra vida, y si por algo se caracteriza es por cambiar constantemente. Ya no nos acordamos de todas las normas que se dictaron con motivo de la pandemia de la COVID: fueron no sé si veinte decretos ley que tuvimos que estudiar y aplicar, y que después quedaron derogados. Esa mecánica motorizada, legislativa y reglamentaria, es nuestro mundo.

Y lo que decidimos afecta a muchísimas personas: en concursos y oposiciones, en contratación administrativa, en reclamaciones de derechos de toda clase de personal al servicio de las administraciones públicas: personal del Servicio Andaluz de Salud, personal docente, o personal municipal del Ayuntamiento. En cuestiones de responsabilidad patrimonial, sin ir más lejos, hace poco hubo muchos casos a propósito de la anulación por la Sala de lo Contencioso del plan de recogida neumática del residuos sólido urbanos, lo que dio lugar, si no me equivoco, a unos noventa o cien asuntos de responsabilidad patrimonial por las reclamaciones de las promociones nuevas que habían tenido que construir conforme a aquella norma. Es algo menos conocido que lo civil o lo penal, pero está a la orden del día.

He intentado hacer mucho honor a lo que la vida me concedió y ejercer siempre bien mi trabajo.

- ¿Pleitear contra la Administración es una tarea titánica?

- Depende. La jurisdicción contenciosa actúa como un filtro revisor de lo que hace la Administración; apenas existió en nuestro sistema jurídico hasta finales del siglo XIX: es, en esencia, una forma de ponerle controles al poder. Antes de llegar al contencioso existe la vía administrativa, en la que no es necesario ni obligatorio contar con asistencia letrada. El problema es que las personas no conocen el derecho por el hecho de conocerlo, y a veces incluso quienes han estudiado derecho necesitan ponerse a estudiar a fondo antes de saber de qué están tratando, porque son cuestiones muy específicas y técnicas. ¿Hace falta ser David frente a Goliat? No creo que sea estrictamente necesario.

Quien no tenga medios puede acudir a la justicia gratuita, con un abogado de oficio. Cualquier abogado es capaz de pleitear contra la Administración. Ahora bien, es cierto que la Administración tiene un sistema jurídico muy potente: el Estado cuenta con la Abogacía del Estado, la Junta de Andalucía tiene un cuerpo de letrados muy bien formados, y están además los técnicos a distintos niveles. Es difícil, pero no imposible ni mucho menos. Se puede ganar, y de hecho creo que en muchas ocasiones se ha ganado y se ganan.

- Al hilo de eso, ¿cree que en España existe un equilibrio entre la capacidad de acoso tributario y el derecho de defensa del contribuyente?

- Es un tema espinoso. No tengo los conocimientos tributarios suficientes como para opinar sobre eso. Tengo alguna ideas al respecto que podría expresar, pero como no dispongo de todos los datos suficientes para pronunciarme, prefiero callarme.

- Los jueces deben ser independientes, pero ¿qué precio se paga por la verdadera independencia? Esa que va más allá del propio ejercicio del magistrado.

- En mi experiencia, no he pagado ningún precio, y siempre me he considerado independiente. Otra cosa es que los jueces deberíamos tener una carrera profesional en la que pudiéramos ascender a ciertos puestos de una manera más objetiva. Pero no siento haber sufrido nada. Yo he estado en el destino que me ha tocado y ahora asciendo a otro porque me toca y porque se dan las circunstancias.

Ahora bien, si me preguntan por el acceso al Tribunal Supremo, es verdad que no todo el mundo llega. ¿Y por qué no llega? A veces porque no tiene los méritos suficientes y a veces porque no está en las condiciones necesarias. Y hay que explicar que eso depende, en lugar de un criterio objetivo de mérito, de una decisión discrecional sobre un supuesto conjunto de méritos: la toman discrecionalmente los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial, que a su vez han sido nombrados como han sido nombrados y que, generalmente, responden a la silla desde la que hablan. No me siento víctima de pagar ningún peaje. Me gustaría que fuese de otra manera, sí, pero no creo haber sufrido nada por ser independiente.

- No obstante, usted no pertenece a ningún tipo de asociación judicial, ¿verdad?

- Bueno, estuve durante un período. Si entré en el año 92, debió de ser desde 2010 o 2011 hasta 2018, aproximadamente, en el Foro Judicial Independiente. Fui por un compañero amigo que me invitó a una reunión; me asocié por amistad y luego me desasocié, si es que se puede decir así.

Creo que hacen o intentan hacer lo mejor que pueden en beneficio colectivo de la carrera judicial. La carrera está compuesta actualmente por 5.500 o 6.000 miembros, de los cuales más de la mitad no están asociados. De los que sí lo están, la mayor parte pertenecen a la APM —la asociación conservadora y mayoritaria—; luego está Francisco de Vitoria, que también tiene bastante afiliación; Jueces para la Democracia, y el propio Foro Judicial Independiente.

Mi opinión es que las asociaciones son, en general, trampolines de ascenso. Sé que decir esto duele, que hay muchas excepciones y que hay gente que trabaja en ellas por el bien común, pero en buena medida son un trampolín para llegar a ciertos sitios. Sobre todo las dos a las que la gente les atribuye un sesgo más político, que son la APM y Jueces para la Democracia. Ni Francisco de Vitoria ni el Foro Judicial Independiente tienen sesgo político propio; por eso prácticamente ninguno de sus miembros tiene cargos discrecionales —presidencias de Audiencia, de Tribunal Superior de Justicia, magistraturas del Tribunal Supremo—, salvo excepciones.

- Muchas de ellas se han dado a conocer ante la opinión pública a raíz de la reforma que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende implantar para el acceso a la judicatura. Un cambio para el que se argumenta que el proceso es elitista y que quieren democratizarlo. Usted fue opositor becado. ¿Qué piensa de una reforma con esos argumentos?

- No, realmente no fui opositor becado. Fui un chico que tuvo que trabajar y estudiar para terminar la carrera de Derecho y que, al terminarla, decidió preparar la oposición. Acudí a un preparador. Muchos de estos preparadores cobran una cantidad simbólica. A los jueces se nos ha dicho siempre una cosa: “mucho don y poco din". Que un preparador de judicatura cobre hoy 150 euros al mes no me parece una cantidad que impida a nadie pagarlo. Y creo que hay preparadores que no cobran nada. Si me lo comparas con un preparador de Registro de la Propiedad o de notarías —ya sabemos lo que gana un juez y lo que gana un notario o registrador—, la comparación es elocuente.

Yo dejé de trabajar en el último año de carrera, con un subsidio de desempleo intenté ser autosuficiente, me pagué esa pequeña cantidad y aprobé. Vengo de lo más humilde. Lo de «elitista» yo no lo he visto; no sé de qué hablan. Es una mentira como una catedral, según mi experiencia. No es necesario pertenecer a ninguna gran familia ni tener mucho dinero para estudiar Derecho ni para aprobar la oposición. De hecho, el sistema de becas hoy es mucho mejor que cuando yo lo hice. Es una de las grandes mentiras que se difunden por ignorancia y que la gente compra por ignorancia.

Vengo de lo más humilde. Lo de «elitista» yo no lo he visto; no sé de qué hablan. Es una mentira como una catedral, según mi experiencia.

- ¿En qué estado de salud está la división de poderes en España?

- Mal, muy mal. Lleva tiempo mal, y prácticamente desde la Constitución: nació mal. No voy a hacer ahora una disección constitucional, pero lo que se refiere al poder judicial está mal.

- ¿Por qué?

- Por muchas razones, pero voy a poner un ejemplo. Los ministros cobran del presupuesto que ellos mismos aprueban. Los diputados , que son el segundo poder del Estado, cobran del presupuesto que ellos pueden aprobar o modificar. Los jueces cobran directamente del Ministerio de Justicia. O sea, el tercer poder, el que no es elegido a través de una lista de un partido político, está sometido al poder ejecutivo en la cuestión económica, y en otras muchas más.

Nadie puede hablar de juez independiente si no llega a final de mes. No quiero comparar mi sueldo con quien está mucho peor que yo, pero he pasado etapas en las que cualquier funcionario municipal de cierto nivel ganaba más dinero que yo, con mucha menos responsabilidad y mucha menos carga de trabajo. Eso es una asignatura pendiente. Quiero para mi país jueces brillantes, independientes, imparciales, pero bien pagados.

Ahora bien, el único órgano de gobierno del tercer poder es el Consejo General del Poder Judicial, cuya función es poner sanciones disciplinarias y administrar los regímenes de ascenso y los nombramientos, pero sin ninguna capacidad económica, porque no la tiene. Yo creo que la división de poderes está mal porque llevamos hablando de lawfare, que es un absurdo total, demasiado tiempo. Es una invención. No existe. Si el juez Peinado ha hecho una mala instrucción, no se preocupen: vendrá la Audiencia Provincial de Madrid a poner las cosas en su sitio. Y si la Audiencia provincial de Madrid lo ha hecho mal vendrá el Tribunal Supremo a ponerlo enmendarlo.

-Pero el sistema funciona. Asistimos estos días a una auténtica convulsión con un expresidente imputado y todo un PSOE registrado, con cargos de una elevada gravedad.

- Las últimas noticias me provocan, al mismo tiempo, dos sensaciones muy distintas: de un lado, desazón e incredulidad; del otro, un cierto alivio mezclado con orgullo y satisfacción. Voy a explicar por qué.

Yo no he sabido nunca qué es eso del lawfare ,como diría el muy honorable señor Pujol cuando le preguntaron por la UDEF, en esa frase que tanto se repite. No lo he visto en mis 34 años de servicio activo, no lo he notado, ni se me pasó por la cabeza que pudiera haberlo, en ningún tipo de supuesto. Y eso incluye un caso concreto y conocido: aquel en el que determinado magistrado ponente deslizó ciertas apreciaciones en una sentencia que fueron luego esgrimidas contra un partido político, justo antes de la moción de censura que elevó a la presidencia del Gobierno a quien todos saben. Tampoco entonces lo vi. Naturalmente, en esta labor de juzgar el factor humano es muy importante, pero cuando digo esto me refiero a la capacidad, la diligencia, la brillantez —o su ausencia— de quienes ejercemos nuestra función. Y siempre he detestado lo del juez estrella, aunque en no pocos casos se hacía estrella a quien llevaba un caso mediático de relevancia política sin intención alguna por su parte.

Dicho esto, experimento ahora desazón e incredulidad porque me parece horrible, casi marciano, que, si las noticias recientes se confirman o tienen siquiera una parte de verdad —lo que tendrá que verse a lo largo de la instrucción—, eso haya podido ocurrir. Sería la némesis del lawfare desde el lado político: la persecución de servidores públicos para coartar sus funciones legítimas en un Estado de Derecho como el nuestro. Un Estado de Derecho en el que nunca, desde los primeros años de la democracia —que fueron, en ese sentido, los más difíciles—, se había dado, que se sepa, nada ni por asomo parecido.

Pero poniéndome en el lugar de quienes hayan podido sufrir esas presiones, a quienes comprendo y respaldo con todo mi ser moral e intelectual, no puedo sino sentir alivio, orgullo y satisfacción. Porque esas personas no han cedido. Porque han confiado en la ley, que al final respalda a todos, también a quienes quieren aplicarla. La idea última es que, pese a todo, nuestro Estado de Derecho funciona. Caiga quien caiga, sea quien sea. La Justicia, aunque lenta, siempre llega, y con todas las garantías. Por eso, las afirmaciones que llegan desde el lado político —sin conocimientos jurídicos, para más inri— cuestionando esa idea, dando a entender que rige el voluntarismo personal de una especie de confabulación entre sujetos independientes, no asociados y cada uno de su padre y de su madre, afirmaciones sin ningún razonamiento lógico ni apoyatura fáctica, solo las califico de pueriles. Pataleos de niños de colegio. Que son, por desgracia, un rasgo muy extendido en buena parte de la clase política actual.

- En ese sentido, ¿cómo está viviendo usted los juicios de valor que se hacen desde el ejecutivo hacia la labor de los jueces?

- Francamente, a mí no me afecta. Los contenciosos estamos un poquito alejados de la orilla, en todo sentido. Me molesta, claro que sí; me incomoda, no me gusta; me parece, además, estéticamente desagradable, feo, absurdo, sin ningún sentido. No tengo nada que decir a todo lo que sea un juicio de voluntarismo puro y duro, sin hechos , sin argumentos objetivos y reales

La ley al final respalda a todos, también a quienes quieren aplicarla. La idea última es que, pese a todo, nuestro Estado de Derecho funciona. Caiga quien caiga, sea quien sea.

- ¿Pero no le parece que se le va restando cada vez más autoridad al juez, a la figura del juez, cuando hasta algunos ministros ponen en duda la profesionalidad de su trabajo?

- Los ministros no deberían hacer eso; con eso lo dice todo. Y más un ministro que ha sido juez. Se le debería caer la cara de vergüenza. Dentro de unos años deberían ponérsele esas declaraciones públicas ante sí mismo —ya fuera de la carrera judicial o de vuelta en ella— para que se diera cuenta de lo vergonzoso que es. Un ministro nunca debe empezar a hablar de una sentencia ni de su contenido. Puedes expresar una crítica —la crítica es legítima: «no estoy de acuerdo», «me parece que no está bien hecho»—, pero el juicio de valor no puede ir más allá; lo institucional exige que se pare ahí. Claro que me sienta mal. Pero uno ya se acostumbra a todo: estamos tan habituados a que la calidad de ciertas declaraciones sea la que es, que qué le vamos a hacer.

- Usted ha llevado asuntos de extranjería. La inmigración se ha convertido en combustible para la polarización. ¿Cómo está viviendo usted eso?

- Al respecto todos dicen medias verdades. Yo solo puedo hablar como alguien que aplica el derecho de extranjería, no como alguien que quiere controlar los flujos migratorios; esa no es mi misión. Le pongo un ejemplo.

En los últimos años, sobre todo, he visto recursos contenciosos contra resoluciones de la Subdelegación del Gobierno —que es quien tiene la competencia— sobre permisos de residencia. A mí no me llega cuando se los conceden; me llega cuando los deniegan y recurren. Pues bien, detecto —y esto es una apreciación mía— una especie de propósito, a veces, de forzar las cosas en algunos supuestos para denegar. Si me permite la expresión, se las cogen con papel de fumar para denegar. Un señor necesita seis meses de alta en la Seguridad Social, tiene cinco meses y veinticinco días, y se lo deniegan. Por poner un ejemplo. Y no entiendo por qué se quiere denegar a quien casi tiene todo lo necesario para obtener algo a quien, a su vez, tampoco se puede expulsar, porque muchas veces es padre de un hijo español o está casado con una española, y por doctrina europea no lo puedes expulsar. ¿Por qué esa tendencia tan marcada a rechazar solicitudes en la vía administrativa ordinaria?

Y ahora un real decreto —que la verdad es que no he leído; me guío por lo que he oído— que pretende que se concedan esos permisos a cualquier persona que acredite que lleva no sé si son 2 meses o 3 meses y que no tiene antecedentes penales, además sin ninguna justificación demasiado clara . No lo entiendo. ¿Por qué en el día a día es tan difícil, y ahora hacemos esto de cara al público para que aparentemente sea tan fácil? Yo ya vaticino que no va a ser tan fácil, y que va a ser un semillero de juicios.

- ¿Cómo lleva un juez sufrir esas injusticias de la vida que no se dirimen en los tribunales?

- Mal. Pero hay que entender bien una cosa: los jueces no somos jueces de justicia material. Entro mucho en colisión con la gente voluntarista, y yo no lo soy. Es verdad que quiero llegar a veces a un destino determinado, y llego cuando puedo. Lo primero es aplicar el derecho bien aplicado, conocerlo bien, interpretarlo bien. Si hay una ley que prohíbe determinada cosa, yo no soy quien para ignorar esa ley. Si puedo conseguir hacer justicia material, me siento mucho más satisfecho; si no puedo, lo acepto. Y en mi vida ordinaria, cuando veo algo injusto, me rebelo. Lo que ocurre es que la justicia es tan subjetiva...

Los pataleos de niños de colegio son, por desgracia, un rasgo muy extendido en buena parte de la clase política actual.

- ¿Qué es lo más difícil a la hora de dictar una sentencia?

- Depende de qué clase de sentencia, y depende de cada cual. Para mí, lo más difícil es no tener ninguna duda de haber hecho todo lo necesario para tener el mejor resultado posible. En mi caso, eso exige enterarme muy bien del tema, destripar los argumentos, estudiar muy bien la jurisprudencia y llegar a una conclusión que luego hay que revestir de argumentos para poder aplicarla. Es un proceso complejo, y lo que quiero siempre y por todos los medios es que nadie pueda decirme que —aunque no esté de acuerdo con mi interpretación— no me he estudiado el asunto; que nadie me diga que no me he enterado de lo que se debatía; que nadie me diga que me hablaron de limones y salí hablando de peras; que nadie me diga que no conozco la última jurisprudencia; que nadie me diga que he omitido en mi resolución la última doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; que nadie me diga que no he sido técnico. Eso me rompería por dentro, de verdad.

Si a todo eso se añade que hay un expediente y un tiempo limitado para dictar la sentencia, y que hay otra esperando detrás, el profesional que tiene oficio y experiencia intenta hacerlo todo en ese sentido.

- Un compañero de mi profesión y otro de la suya me han comentado que sus sentencias se caracterizan porque «están muy bien escritas». Ahí lo dejo.

- Es una frase que no es mía, pero que tengo que decir: lo que se lee con facilidad está escrito con dificultad. Ya no me gusta cómo yo escribía hace veinte años. Un amigo me dice que es como un alambique por el que va pasando el líquido hasta que al final sale el producto, y que soy muy sintético. Yo quiero que la gente me entienda. El derecho administrativo ya es lo suficientemente abstracto, complejo y difícil como para que nosotros lo hagamos más complicado todavía. Quiero hablar claro en todo momento y en todo lugar, y también en mis sentencias, hasta donde sea posible, porque a veces el tema es tan complejo que no lo permite. Pero siempre que pueda, intentaré que quien me lea lo haga de una sola vez.

- ¿La Ley de Eficiencia ha convertido la justicia en menos eficaz?

- De momento, sí, y mucho menos eficiente. La pregunta sería: ¿por qué? No soy un experto, pero creo que la intención no era mala: se trataba de separar la función judicial estricta de la función administrativa de tramitación, de manera que pudiéramos tener, si fuera necesario, más jueces que resuelvan y una gestión más eficiente de los recursos humanos. Porque existe una cosa que no está, en parte, escrita, que podríamos llamar derecho informático, y que no está regulado: los informáticos son los que imponen cómo tenemos que tramitar, con qué modelo, con qué aparato, en qué sistema. Y la IA está llegando.

¿Qué ha ocurrido? Los jueces han seguido en sus sitios —ya no se llama juez de un juzgado, sino titular de una plaza judicial, al menos en primera instancia—, y las oficinas judiciales, que antes estaban vinculadas a órganos concretos, han pasado a ser una especie de comuna, para entendernos: los funcionarios, que antes eran de un juzgado concreto o de una Audiencia Provincial, ahora pueden ser asignados allí donde se les necesite. ¿Qué ocurrió en la práctica? En lo contencioso, en mi caso, pasé de seis a dos funcionarios. ¿Es suficiente con dos? No. Pero es que hay sitios aún peores: han trasladado a personas que conocían su trabajo a otro destino donde no conocen nada, no les han cambiado el sistema informático, no les han cambiado nada, y el servicio se está colapsando completamente. Esto es producto de la improvisación, de la falta de previsión y de la falta de dinero en la actualización de los sistemas informáticos. Yo creo que la Consejería, aquí en Andalucía, ha hecho lo que ha podido, pero que el resultado es nefasto y pobre. Al menos hasta donde yo sé.

- Esta es la primera entrevista que usted concede en su carrera profesional. Antes se ha referido a la figura de los jueces estrella.

- Ser juez estrella es simplemente ser alguien que necesita ser el presidente de la comunidad de propietarios, el hermano mayor de la cofradía. Alguien que requiere un protagonismo que la mayor parte de los jueces —los que entienden la justicia como yo creo que debe entenderse— no necesitan. El trabajo judicial es callado, silencioso, solitario, prudente, responsable. No necesita ninguna cámara. De hecho, creo que una cámara grabando al juez va en contra de la función judicial. ¿Qué pasó con Garzón, por ejemplo? Hoy es alguien con capacidad económica; se lo habrá ganado. Pero no tiene la mejor fama como jurista, ni mucho menos. Eso lo puedo asegurar.

Yo quiero que la gente me entienda. El derecho administrativo ya es lo suficientemente abstracto, complejo y difícil como para que nosotros lo hagamos más complicado todavía.

- Se marcha al TSJA en Sevilla. ¿Qué es lo mejor que se lleva de sus años en Córdoba?

- Diría que a mis compañeros,los funcionarios de la Administración de Justicia, a no pocos abogados con quienes, al final del día, terminas tomándote una cerveza y siendo capaz de comentar un asunto. Me llevo la sensación de que, honestamente, creo que lo he hecho bien, todo lo que he podido, y que no siempre ha sido fácil, pero me siento orgulloso. Me llevo, sobre todo, el compañerismo, el conocimiento de otras administraciones, el respeto. Y orgullo con mis funcionarios. Así, con el posesivo, y puede sonar mal, pero es algo que llevamos muchos años incorporado a nuestro acervo verbal y ya no podemos quitar. Me llevo el orgullo de algunas cosas que he hecho y que, creo, consiguieron la justicia material.