Córdoba tendrá en breve una normativa urbanística adaptada al siglo XXI

Ha pasado un cuarto de siglo desde la aprobación del PGOU actualmente vigente en la ciudad de Córdoba y en todo este tiempo ha cambiado en tal volumen que hacía falta una revisión en profundidad de la parte normativa, ya que la correspondiente al planeamiento sigue tal cual.

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico, ha informado de que este proceso está llegando a su fin y que este jueves habrá una reunión extraordinaria del consejo rector con la finalidad de dictaminar sobre las 13 alegaciones presentadas.

El siguiente paso será la remisión a la Consejería de Fomento para su aprobación (ya dio luz verde a la aprobación inicial) y una vez se tenga su resolución se ratificará en el Pleno su aprobación definitiva antes de su publicación en el BOJA.

Las razones

Torrico ha explicado que estos 25 años transcurridos y la necesidad de adaptarse a la Lista ha hecho que se intervenga en todo el cuerpo normativo del PGOU con el criterio de «mantener lo que sigue funcionando, depurar lo que generaba duplicidades o interpretaciones según el técnico, y eliminar lo incompatible con la Lista por ser el marco normativo superior».

Además, el presidente de la GMU ha añadido que con este proceso se obtienen una serie de ventajas, como son el refuerzo de la seguridad jurídica, la simplicación administrativa que persigue la Junta de Andalucía y la mejora de la operatividad.

Las novedades

Entre las novedades que presentan estas nuevas normas están las nuevas tipologías de viviendas, como las compartimentadas, las de espacio único (loft), así como la especificación, en aras de la denominada adaptación climática, de que las terrazas voladas no computarán a efectos de edificabilidad mientras sigan abiertas como terrazas. También se abre la puerta a los alojamientos dotacionales, como los que prevé el Ayuntamiento en el Plan Vives.

Torrico ha comentado que el anillo se verde se blinda con la consideración de sistema general, se establece que el tipo de arboleda y que el 75 por ciento del suelo de las zonas verdes será natural y no estará pavimentado.

Fruto del consenso

Otros aspectos introducidos en estas normas son, según Torrico, «mayor rigor en la persecución de las parcelaciones ilegales», así como la posibilidad de que un promotor pueda promover el estudio de impacto arqueológico.

Todo esto le hace afirmar al edil de Urbanismo que esta reforma constituye «un hito muy importante, consensuado con el sector», porque se trata de «una consecuencia lógica de la apuesta de este equipo de gobierno para el acceso a la vivienda con herramientas a los operadores para tener un coste más accesible».