Ana María López Losilla
La subdelegada del Gobierno en Córdoba apela a la «humanidad» del PP para aprobar los decretos de vivienda
Ana López reclama el voto de los diputados populares cordobeses para unos decretos aprobados con prisas, sin apoyos garantizados y cuestionados por juristas
La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha llevado al terreno de la «humanidad» su petición de apoyo al PP para los dos decretos leyes de vivienda que el Congreso votará este viernes. A un día de la convalidación, la representante del Ejecutivo ha reclamado a los diputados populares cordobeses que piensen en las personas afectadas y respalden las medidas aprobadas el martes por el Consejo de Ministros.
«Yo pediría a los diputados cordobeses del Partido Popular que tengan responsabilidad y que piensen en estos cordobeses y que apuesten por una cuestión de humanidad para todos ellos, y que voten a favor de la convalidación de estos reales decretos», ha manifestado. La apelación sitúa así el voto parlamentario en un plano moral, cuando sigue abierto el debate sobre el contenido de las normas, su seguridad jurídica y sus efectos sobre el mercado del alquiler.
López ha cifrado en más de 39.000 las personas a las que afectan los más de 15.000 contratos de alquiler que ha señalado para la provincia. Según ha defendido, los decretos suponen «tranquilidad» y ofrecen «estabilidad y protección». También ha anunciado nuevas garantías para los alquileres de temporada y de habitaciones y más ayuda para quienes quieran comprar su primera vivienda. En estas declaraciones no ha detallado los requisitos de acceso ni la procedencia de las cifras utilizadas para calcular su alcance en Córdoba.
Una votación entre prisas y muchas dudas
El llamamiento ha llegado después de una negociación entre PSOE y Sumar que se prolongó hasta la mañana del Consejo de Ministros y en un contexto marcado por el desahucio de Maricarmen Abascal y las protestas por la vivienda. El Gobierno acabó repartiendo las medidas en dos decretos y solicitó su convalidación en un pleno extraordinario este viernes, sin tener asegurados los apoyos necesarios.
El primer texto reúne las medidas de protección frente a los desahucios, la prórroga extraordinaria de dos años para determinados contratos, la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones y los incentivos fiscales. El segundo incorpora la renovación automática de los arrendamientos, una de las exigencias de Sumar y la medida con mayores dificultades para prosperar.
Las objeciones no se limitan a la aritmética parlamentaria. Juristas consultados por El Debate han advertido de la inseguridad que puede provocar una norma que entre en vigor y quede derogada poco después. El catedrático de Derecho Constitucional Vicente Garrido ha cuestionado que se apruebe un decreto si se tiene la certeza de que no será convalidado y ha atribuido esa eventual decisión a motivos de «visualización política».
