Medio siglo del derribo del convento de Santa María de Gracia

La Dirección General de Bellas Artes no pudo frenar una demolición tras la venta del edificio por las monjas

Hablar a los cordobeses de hoy día de Santa María de Gracia es hacerlo de una calle, que va desde San Lorenzo hasta el Realejo y poco más. El convento que ahí existió, en el lugar que ahora ocupa la plaza del Poeta Juan Bernier, al menos ha dejado el recuerdo en el nombre de esta vía y el triste testimonio de la desmochada portada del templo.

Este convento de dominicas no forma parte de los que fueron cerrados, destruidos y dispersado su patrimonio durante las distintas desamortizaciones del siglo XIX, sino que pertenece a la memoria más reciente de la ciudad, viva aún en muchos cordobeses, ya que cayó víctima de la piqueta hace ahora 50 años, siendo, acaso, una de las últimas joyas en perderse del patrimonio cordobés.

El cenobio hunde sus raíces en el siglo XV, aunque a lo largo del tiempo tuvo constantes intervenciones para mantener su finalidad como casa de oración. La más destacada de todas es la realizada a principios del siglo XVII con la construcción de la iglesia, cuya portada es el único vestigio que sigue en pie.

Convento de Santa María de Gracia, a la izquierda

Ya en el ecuador de la centuria pasada, el edificio, que ocupaba una extensa manzana que comprendía la actual plaza más las viviendas que llegan hasta la calle Pleitineros, empezó a acusar el paso del tiempo. La construcción comenzó a debilitarse y algunas zonas, como la parte más occidental del complejo, mostró los primeros síntomas de ruina.

A partir de ese momento arranca una historia aún viva en la memoria de muchos vecinos en la que se entrecruzan diversas teorías que fatalmente concluyeron en la pérdida de este bien patrimonial. La venta realizada por la comunidad religiosa, la falta de diligencia de algunas instancias y los intereses económicos y urbanísticos fueron una mezcla letal que se enfrentó a quienes se resistían a un derribo que se pudo haber evitado.

El convento, en ruina

Efectivamente una parte del convento se encontraba muy mal. La zona recayente a la calle Pleitineros estaba en ruina y los rumores comenzaron a circular sobre el fin del edificio. La Comisión de Monumentos, que era el órgano de la época encargado de la tutela del patrimonio artístico, alzó la voz en 1968 para que las autoridades hicieran lo posible para la conservación del monumento, especificando que la iglesia y el claustro «son de alto valor artístico y está amenazado de demolición». El dictamen, junto con un reportaje fotográfico, se remitió tanto al Ministerio de Educación, que era el competente, como a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

El ambiente se calmó pero el proceso de ruina, tanto espontánea como inducida, proseguía en el edificio. En febrero de 1974 llegó la piqueta debido al hundimiento de una parte del edificio ocurrida dos meses antes y para que pudiera actuar se tuvo que cortar el tráfico en la calle Santa Maria de Gracia. Aquello alertó a quienes se resistían a la pérdida del convento y de nuevo la polémica adquirió grandes dimensiones, porque las autoridades afirmaron que el derribo estaba autorizado por la Dirección General de Bellas Artes.

Este organismo, que era la última instancia en cuestiones de este tipo, tuvo que desmentir este bulo y aclarar que en ningún momento ha estado a favor del derribo del convento. En un comunicado afirmó que «desde diciembre de 1969 se ha venido oponiendo sistemática y reiteradamente a ella [la demolición] mediante telegramas y resoluciones de que hay la debida constancia documental».

Con la finalidad de salvar el edificio, la Dirección General de Bellas Artes había ofrecido la posibilidad de establecer en el mismo la Delegación Provincial de Educación y Ciencia así como una Casa de la Cultura y así garantizar su futuro.

Un rápido derribo

Pero los acontecimientos se precipitaron. A raíz del hundimiento sufrido en diciembre de 1973 había que actuar y la Dirección General de Bellas Artes ordenó que «deben conservarse la portada a la calle Santa Maria de Gracia y la portería de Santa Maria de Gracia, los claustros, reivindicar los capiteles y otras piezas de interés artístico y arqueológico».

No dio tiempo a salvar la iglesia ni el claustro ni nada más y comenzó el expolio. Por esto, el alto organismo pidió también que «por un técnico de la Comisión debe vigilarse la conservación de los restos interesantes el traslado a un lugar conveniente lo que proceda trasladar».

Interviene Ana María Vicent

La manipulación del dictamen de Bellas Artes y la celeridad en no dejar piedra sobre piedra llevó a la entonces directora del Museo Arqueológico, Ana María Vicent, a iniciar una campaña en defensa del convento a través de la prensa local.

El diario Córdoba publicó una carta suya en la que además de condenar los hechos pedía responsabilidades administrativas y penales, aunque se inclinaba a pensar «que el hecho permanecerá impune, pues intuyo que los responsables se hallan bien resguardados y nadie osará poner el cascabel al gato». Denunció que «hay detrás un bonito negocio y un grupo de amigos unidos por intereses varios», porque «tenemos los instrumentos legales para evitar la paulatina destrucción de Córdoba, pero nos fallan los cordobeses».

Vicent señalaba directamente las causas de la ruina sobrevenida del monumento: «En 1968, si la memoria no me falla, ocurrió que ciertas personas arrancaron del convento bastantes puertas, bastidores, zócalos, etcétera, rompieron algunos muebles y llevaron a otro lugar ciertos elementos de culto y decoración. Con ello se pretendía causar una impresión de abandono y ruina».

Las dominicas vendieron el convento y los nuevos propietarios «deseaban derribar el histórico edificio y edificar viviendas». La reacción popular hizo que las autoridades impidieran el acceso al cenobio, que, ya sin monjas, ni se restauraba ni se demolía. En el verano de 1973, desvela esta arqueóloga, «alguien entró, ilegalmente supongo, y atacó sólidas estructuras arquitectónicas hasta provocar la efectiva ruina del convento».

La orden dominica también terció en el revuelo y lo hizo fray Carlos Romero, del convento de San Agustín y estrechamente ligado a Santa Maria de Gracia. En una carta al director pormenorizó «la vida infrahumana que han llevado estas pobres monjas dominicas» sin que nadie durante décadas se preocupara de sus condiciones de vida y del estado del edificio. «Córdoba debe sentir remordimiento de ponerse ahora a llorar sobre un cadáver que ha visto agonizar con la más absoluta insensibilidad», remató.

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